Las finanzas públicas mexicanas enfrentan un “riesgo de insostenibilidad” si el gobierno no logra contener el déficit, moderar el crecimiento de la deuda y elaborar un Presupuesto 2027 sobre previsiones económicas realistas, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis económico más reciente, el organismo empresarial puso el foco sobre la debilidad de los ingresos públicos, el aumento de gastos prácticamente irreductibles, las crecientes obligaciones por pensiones y el costo que representa para el erario el respaldo financiero a Petróleos Mexicanos.
La advertencia surge en momentos en que el gobierno de Claudia Sheinbaum presenta el balance de su segundo año de gestión y a pocos días de que la Secretaría de Hacienda entregue al Congreso el Paquete Económico para 2027.
Para el CEESP, la prioridad del próximo presupuesto deberá ser preservar la estabilidad económica y evitar que el ajuste fiscal prometido vuelva a posponerse.
El organismo señala que durante el primer semestre de 2026 los ingresos públicos tuvieron un crecimiento real de apenas 0.1%, mientras el gasto avanzó 2.1%. Ese desequilibrio llevó el déficit público a alrededor de 559 mil millones de pesos, cifra 36% mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior.
Además, los ingresos totales resultaron aproximadamente 141 mil millones de pesos inferiores a lo programado, mientras la recaudación tributaria quedó 53 mil millones por debajo de lo previsto.
El problema, advierte el CEESP, es que el gobierno dispone de poco margen para efectuar recortes sin afectar áreas importantes de la administración pública.
Los programas considerados prioritarios absorben alrededor de 42% de los ingresos totales del Gobierno Federal y 45% de los ingresos tributarios, mientras que las pensiones y jubilaciones representan una presión cada vez mayor sobre el presupuesto.
Para 2026, el gasto destinado a pensiones ronda 1.7 billones de pesos, equivalente a cerca de una cuarta parte del gasto programable.
Ante esta rigidez, una caída de la recaudación o un menor crecimiento económico podría obligar al gobierno a reducir recursos destinados a inversión pública, infraestructura, salud, educación u otros rubros, si decide mantener sin modificaciones los principales programas sociales.
Otro foco rojo es el endeudamiento.
De acuerdo con el CEESP, los Requerimientos Financieros del Sector Público, una de las mediciones más amplias de la deuda, alcanzaron alrededor de 19 billones de pesos al segundo trimestre de 2026, con un incremento cercano a 1.3 billones respecto de un año antes.
Las previsiones disponibles colocan el endeudamiento en alrededor de 20.4 billones de pesos al cierre de 2026 y cerca de 21.8 billones durante 2027, si no se modifica la trayectoria actual.
El costo financiero de la deuda también se ha convertido en una carga creciente para las cuentas públicas y reduce los recursos disponibles para programas gubernamentales e inversión.
A esta presión se suma Pemex. La empresa productiva del Estado mantenía al cierre del primer semestre una deuda financiera cercana a 1.4 billones de pesos y continúa requiriendo respaldo presupuestario para enfrentar sus obligaciones.
Según el análisis empresarial, durante el actual sexenio la petrolera ha recibido aproximadamente 495 mil millones de pesos en apoyos del Gobierno Federal, situación que mantiene abierta la posibilidad de nuevas transferencias de recursos públicos.
El CEESP considera que otro elemento adverso es el reducido dinamismo de la economía, debido a que un menor crecimiento limita también el aumento de la recaudación.
Sus previsiones ubican la expansión económica de 2026 alrededor de 1.1%, nivel insuficiente para aliviar por sí mismo las presiones sobre los ingresos públicos.
El escenario podría complicarse todavía más en 2027, año electoral, debido a las dificultades políticas para contener el gasto y reducir programas o transferencias.
Aunque las previsiones oficiales contemplan un ajuste del gasto para avanzar hacia la consolidación fiscal, el CEESP considera indispensable que el gobierno presente estimaciones creíbles de crecimiento, ingresos y necesidades de financiamiento.
Por ello, sostuvo que el Paquete Económico 2027 tendrá que enfrentar simultáneamente una economía de bajo crecimiento, elevados compromisos sociales, pensiones en aumento, necesidades financieras de Pemex y un servicio de la deuda cada vez más costoso.
En ese contexto, el CEESP lanzó su advertencia más severa: si las presiones sobre ingresos, gasto y endeudamiento no son corregidas, México podría enfrentar un “riesgo de insostenibilidad de las finanzas públicas”, precisamente cuando el gobierno necesita recuperar margen presupuestario para impulsar inversión y crecimiento.
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