A un año de la entrada en funciones de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elegida por voto popular como parte de la reforma judicial de 2024, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentó su primer informe de actividades, en el que destacó ahorros millonarios, reducción del rezago, digitalización de procesos, paridad de género, justicia para pueblos indígenas y un mayor acceso a la defensoría pública.
Durante el evento “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”, al que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum, el ministro presidente Hugo Aguilar sostuvo que la transformación del Poder Judicial debe reflejarse no sólo en nuevas reglas e integrantes, sino en una modificación de las prácticas institucionales.
El ministro presidente llamó a ministras, ministros y al resto del personal judicial a no repetir las prácticas de corrupción y privilegios que, afirmó, marcaron etapas anteriores del Poder Judicial. Señaló que la austeridad y el uso responsable de los recursos públicos son indispensables para recuperar la confianza ciudadana.
“Quiero ser enfático: se acabaron los privilegios”, afirmó Aguilar, al presentar los resultados de la política de austeridad implementada durante el primer año.
De acuerdo con el informe, el Órgano de Administración Judicial recibió un déficit heredado de 144 millones 660 mil pesos, el cual logró mitigar al cierre de 2025. Además, se redujo 10 por ciento la plantilla de las áreas administrativas y se estableció un ahorro mínimo de 10 por ciento por cada modificación a la estructura orgánica.
En conjunto, el ministro presidente Hugo Aguilar reportó ahorros superiores a 4 mil 700 millones de pesos en el Poder Judicial. En la Suprema Corte se redujo el presupuesto, se eliminaron el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada, se compactaron estructuras de la Presidencia y se retiraron servicios considerados superfluos para ministros y ministras.
El ministro presidente aseguró que los integrantes actuales del Pleno reciben únicamente la remuneración establecida por la Constitución y adelantó que el presupuesto de 2027 mantendrá una orientación austera.
COMBATE AL REZAGO Y DIGITALIZACIÓN
Otro de los ejes del informe fue la reducción del rezago y la modernización de los procesos de la Corte. Aguilar aseguró que la nueva integración estableció filtros más estrictos para admitir asuntos y evitar que los expedientes permanezcan sin resolución.
“Se acabaron las decisiones en donde se usaba a la Suprema Corte para atrasar los asuntos en favor de los intereses personales”, sostuvo.
De los mil 479 asuntos recibidos de la anterior integración, únicamente permanecen pendientes 44, algunos de ellos ingresados desde 2014 y 2015. El ministro presidente afirmó que desde la última semana de julio el número de asuntos resueltos supera al de nuevos ingresos acumulados.
Sin embargo, la revisión inicial permitió detectar pendientes importantes: 3 mil 177 promociones sin atender, 18 mil 38 razones secretariales firmadas pero pendientes de cerrar los expedientes, 230 piezas postales, 345 asuntos sin acordar ni tramitar y alrededor de 3 mil expedientes que no habían sido enviados al archivo desde 2024. También se identificaron aproximadamente 20 mil asuntos diversos que no habían sido dados de baja.
Para enfrentar estos problemas, la Corte aceleró la digitalización. Desde mayo, los amparos en revisión se tramitan mediante expediente electrónico y el primero de septiembre comenzó a operar un nuevo sistema de gestión electrónica que permitirá consultar mediante un código el estado de los trámites sin acudir físicamente a las oficinas.
Aguilar afirmó que el rezago en expedientes varios se redujo a la mitad y que el tiempo de atención pasó de dos meses a dos días.
MUJERES, INFANCIAS Y DIVERSIDAD
El ministro presidente también destacó las resoluciones de la SCJN relacionadas con derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y víctimas de violencia.
Entre los temas abordados mencionó violencia vicaria, acceso al aborto seguro, servicios de salud para menores con discapacidad, gestación por sustitución, adopción, derecho a heredar y protección de personas cuidadoras.
Asimismo, señaló que la Corte ha protegido los derechos de las personas de la diversidad sexual mediante el análisis de normas relacionadas con las llamadas terapias de conversión.
En materia electoral, resaltó resoluciones sobre paridad, violencia política contra las mujeres en razón de género, derechos de mujeres indígenas, reparación integral y acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad.
DEFENSORÍA Y ACCESO A LA JUSTICIA
En materia de defensoría pública, Aguilar informó que el Instituto Federal de Defensoría Pública abrió 12 nuevas casas de asesoría jurídica intercultural y atendió 57 mil 659 solicitudes de defensa y asesoría, principalmente de personas privadas de la libertad.
La cifra representó un aumento de 12 mil 258 solicitudes respecto del periodo anterior. Además, 2 mil 202 personas recuperaron su libertad mediante el programa de preliberaciones.
La Defensoría Pública Electoral atendió, por su parte, 78 asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género y otros 929 casos mediante servicios gratuitos de orientación, asesoría y representación.
El ministro presidente destacó también el esfuerzo para acercar la información jurídica a la ciudadanía. Justicia TV incorporó contenidos en zoque, chinanteco, otomí, tseltal, purépecha, totonaco y náhuatl, además de un noticiero conducido íntegramente en zoque.
Al concluir su informe, Aguilar defendió una nueva concepción del Poder Judicial: independiente de los otros poderes, pero “sin ser distante”; autónomo para decidir, pero abierto al diálogo con instituciones y sectores sociales.
Sostuvo que una justicia cercana no puede limitarse a trámites y expedientes, sino que debe producir efectos concretos en la vida de las personas. “Una sentencia que no produce efectos en la realidad no es justicia completa”, afirmó.
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