La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que busca homologar y modernizar la información sobre los inmuebles en México, pero que generó un fuerte debate entre Morena y la oposición por sus posibles efectos en el impuesto predial y en la autonomía de los municipios.
El dictamen fue aprobado en lo particular con 299 votos a favor y 92 en contra, luego de una larga sesión en San Lázaro, y fue enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo. La votación incorporó modificaciones al proyecto original, entre ellas una reserva para permitir la coordinación de las autoridades catastrales y registrales con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La discusión se concentró en un punto que la oposición consideró central: la nueva legislación plantea actualizar la información catastral, incorporar predios que actualmente no están registrados y ampliar las herramientas para facilitar el cobro del predial. El dictamen plantea que estas medidas pueden ampliar la base fiscal de los municipios y mejorar su capacidad recaudatoria.
PAN y PRI utilizaron durante el debate el término “predialazo” para advertir que una actualización de los valores catastrales podría terminar elevando el monto que pagan los propietarios, incluso si no se modifica directamente la tasa del impuesto.
El argumento opositor parte de que el valor catastral sirve como referencia para determinar el predial. Por ello, diputados del PAN y PRI sostuvieron que una actualización que acerque los valores catastrales a los comerciales podría aumentar la cantidad que pagan los contribuyentes. Rubén Moreira, coordinador del PRI, cuestionó además que la exposición de motivos de la iniciativa plantea actualizar los valores catastrales aunque, según señaló, esa modificación no aparece expresamente en el articulado aprobado.
La mayoría parlamentaria rechazó esa interpretación. Durante la discusión, legisladores de Morena y el PT sostuvieron que la nueva ley no crea un impuesto ni aumenta la tasa del predial. Ricardo Monreal también había señalado antes de la votación que el objetivo era hacer más eficiente el cobro y evitar que propiedades que deberían contribuir queden fuera del sistema.
La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum establece como objetivo principal fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y registros públicos de la propiedad de los estados y municipios. Entre sus mecanismos contempla una Plataforma Nacional Catastral, un Plan Nacional Catastral y la adopción de una Clave Única Catastral para identificar cada inmueble.
La Sedatu tendrá facultades relacionadas con la supervisión de la modernización registral y catastral, mientras que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones participará en el desarrollo de plataformas, modelos tecnológicos y mecanismos para homologar los procesos catastrales.
La legislación también contempla una Cédula Única Catastral y Registral, así como mecanismos para compartir información entre las autoridades. El propósito es que los datos sobre un mismo inmueble puedan vincularse y actualizarse de manera uniforme, con el argumento de mejorar la seguridad jurídica de la propiedad y reducir problemas como dobles registros o inconsistencias en la información.
Este nuevo esquema también provocó críticas por el reparto de responsabilidades entre la Federación y los gobiernos locales. Legisladores de oposición señalaron que estados y municipios tendrán que adaptar sus sistemas y asumir parte de los costos de implementación, pese a las diferencias de recursos y capacidades tecnológicas entre localidades.
Desde la mayoría, en cambio, se defendió que la legislación establece un mecanismo de coordinación, no una transferencia de las facultades municipales a la Federación. El argumento es que los gobiernos locales conservarán la gestión de sus catastros y del impuesto predial, mientras que la Federación establecerá estándares y herramientas comunes.
La ley establece además plazos para que los gobiernos locales adopten los nuevos modelos y plataformas. De acuerdo con la información del proceso legislativo, la implementación de las nuevas herramientas está prevista para finales de 2026 y principios de 2027.
Así, el debate que ahora llegará al Senado no se limita a la modernización de los catastros. También pone sobre la mesa hasta dónde puede llegar la coordinación federal sobre una materia que actualmente gestionan estados y municipios y qué efectos tendrá una mayor actualización de la información inmobiliaria sobre la recaudación del predial.
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