Una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas habría obtenido contratos por más de 2 mil millones de pesos de organismos electorales entre 2014 y 2023, mediante posibles esquemas de simulación de competencia y dispersión de recursos. El Gobierno de México presentó una investigación sobre las operaciones de estas compañías, cuyos antecedentes se remontan a finales de los años noventa.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso que los empresarios habrían construido una red de proveedores que participó durante casi tres décadas en contrataciones de instituciones electorales federales y estatales.
De acuerdo con la investigación, las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas consiguieron contratos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) durante el periodo de 2014 a 2023. Para 2024 y 2025, su presencia se habría mantenido en 15 entidades, con adjudicaciones por aproximadamente 646 millones de pesos.
Las autoridades señalaron que algunas compañías presuntamente simulaban competencia en los procedimientos de contratación, al presentar distintas propuestas económicas pese a que sus beneficiarios finales estarían relacionados entre sí. También detectaron empresas sin empleados, capacidad técnica acreditada o con domicilios y números telefónicos compartidos.
Buenrostro explicó que estas prácticas habrían permitido concentrar contratos y posteriormente dispersar los recursos mediante otras sociedades para dificultar la identificación de los beneficiarios finales.
Como parte de las acciones derivadas de la investigación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, informó que fueron incorporadas 25 personas físicas y 15 empresas a la lista de personas bloqueadas.
La medida se tomó después de identificar reportes de operaciones inusuales y sospechosas, así como transferencias de dinero entre cuentas que no aparentaban corresponder con actividades comerciales.
Entre los indicadores detectados se encuentran movimientos rápidos de recursos y operaciones con personas cuya actividad económica no correspondería con el dinero recibido.
Sin embargo, Reyes Colmenares aclaró que todavía no se tenía información definitiva sobre el número de cuentas inmovilizadas ni sobre los montos involucrados, debido a que las instituciones bancarias debían entregar esos datos. Tampoco se dieron a conocer los nombres de los involucrados por restricciones legales.
Las autoridades señalaron que los hallazgos financieros forman parte de investigaciones en curso y que las posibles irregularidades deberán acreditarse mediante los procedimientos correspondientes.
El caso también alcanzó a la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara que las acusaciones se concentraran en su gestión, sin revisar los antecedentes de las contrataciones electorales.
Sheinbaum sostuvo que la presunta red empresarial no surgió con la llegada de Taddei al organismo, sino que tiene antecedentes de casi tres décadas y que su operación se habría fortalecido entre 2014 y 2023, durante el periodo en que Lorenzo Córdova encabezó el Consejo General.
La mandataria recordó que fue ese órgano el que adquirió, a partir de la reforma electoral de 2014, la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales estatales. Por ello, cuestionó las omisiones en los procedimientos de contratación y pidió revisar las responsabilidades de quienes participaron en esas decisiones.
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