Una duda que ha ocupado mi atención en fechas recientes es el resolver el estatus actual de la Guardia Nacional. ¿Es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional? O, ¿su mando sigue dividido entre la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y la SEDENA? En este sentido no debemos olvidar que el debate más profundo en torno a la Guardia Nacional se dio el 8 de agosto de 2023, cuándo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un acuerdo para que los 110,000 elementos operativos y 260 cuarteles de la institución, en ese entonces, pasarán al control de la SEDENA. Hagamos una pequeña recapitulación de la batalla que libro el presidente y su bancada en el Congreso durante los meses de septiembre a noviembre del año pasado.
El anuncio de la incorporación de la Guardia Nacional fue realizado en su conferencia matutina, en la que indicó que esta decisión se tomaba a razón de que se buscaba evitar la corrupción, impedir el manejo político del cuerpo de seguridad y garantizar su permanencia en el cambio del gobierno. Es importante indicar que, al momento de esta declaración, el gobierno de López Obrador ya había encontrado sus primeros obstáculos para concretar las iniciativas legislativas de la bancada de Morena, partido político del presidente. Del mismo modo, para el mes de agosto la oposición en el Congreso anunció una “moratoria constitucional” para bloquear sus iniciativas.
A pesar de esto, el 31 de agosto de 2022 Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de Morena en la Cámara de Diputados indicó que recibió la iniciativa del presidente para que la Guardia Nacional fuera transferida a la estructura de la SEDENA. La propuesta presentaba la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y las Fuerza Aérea Mexicanos.
La llegada de la propuesta convocó a reuniones plenarias de las distintas bancadas en el Congreso, por su parte la alianza “Va por México”, compuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), se alinearon para presentar un choque a la iniciativa del presidente. Mientras que, en el caso de Morena, esta fuerza política se reunión con sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para cabildear los votos necesarios para pasar la propuesta del Ejecutivo.
En el marco de este debate, las discusiones se extendieron hasta la mañana del sábado 3 de septiembre, en la Cámara de Diputados, dónde en sesión ordinaria se aprobó en lo particular las reformas a la Ley de la Guardia Nacional con 264 votos a favor, 212 en contra y una abstención. Por otra parte, también los legisladores avalaron con 451 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención las reformas a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos del proyecto de decreto. Con lo cual ambos proyectos fueron turnados al Senado de la República.
La llegada del proyecto de reforma del presidente al Senado estuvo acompañada de discusiones en torno a la militarización del país. En un reportaje realizado para la BBC el periodista Marcos González Díaz conjunto declaraciones de ONGs internacionales como Amnistía Internacional, y OSCs, como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), sobre el hecho de que este paquete de reformas implicaba militarizar la seguridad pública y dotar de más poder a las Fuerzas Armadas.
En sintonía, a estos eventos, el paquete legislativo fue recibido el 19 de septiembre en el Senado y atendido por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. Con lo cual la propuesta de reforma recibió el aval de 18 senadores afines a la propuesta del Ejecutivo, y 10 en contra de los partidos de oposición. En consecuencia, dicho dictamen fue enviado a la Mesa Directiva del Senado para que los 128 senadores discutieran la minuta de cambios legales y aprobaran la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública hasta el año 2028. Sin embargo, en la jornada del 21 de septiembre, al no alcanzar los votos de la mayoría calificada por parte de Morena, el entonces líder de está bancada, Ricardo Monreal, pospuso la votación del proyecto de reforma.
La inercia legislativa del proyecto se extendió por un par días, y frente a este contexto el presidente Andrés Manuel López Obrador externó en su conferencia mañanera del 23 de septiembre que promovería una consulta ciudadana, la cual sería organizada por la Secretaría de Gobernación, para consultar a la población bajo qué secretaría de Estado debía estar la Guardia Nacional. Sin embargo, dicha acción del presidente causó controversia entre la comunidad académica y las Organizaciones de la Sociedad Civil a razón de que se indicó el artículo 35 de la Constitución mexicana precisaba que: “no podrán ser objeto de consulta popular (…) la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”.
En este sentido, la propuesta del presidente para realizar la consulta no prospero, a razón del conflicto político interno que el Ejecutivo mantenía con el Instituto Nacional Electoral (INE), y su consejero presidente Lorenzo Córdova, a los cuales intentó dejar al margen de la realización de esta. Lo cual fue objeto de debate al ser la principal institución que debería tener la responsabilidad de este acto. Además, el 27 julio la ONU-DH México compartió una carta emitida por expertos independientes que hicieron un llamado al gobierno mexicano para revertir las reformas legislativas en materia de la Guardia Nacional, indicando que dichas reformas “consolidan la militarización de la seguridad pública en México y desmantela a la SSPC”. Con lo cual, se promovió la idea de que la consulta ciudadana no prosperaría. Con lo cual, el presidente dejó de citar el tema en sus conferencias mañaneras.
De esta forma, la aprobación de la reforma constitucional del presidente para transferir la Guardia Nacional a la SEDENA pareció detenerse nuevamente. Hasta que de forma sorpresiva el 5 de octubre, en una alianza histórica, con 87 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, el Senado ratificó la iniciativa de la transferencia de la institución, la cual en dicha jornada fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lo cual derivo de un proceso de negociación de Morena con este partido, probablemente consecuencia de una serie de audios que habían afectado la reputación del Alejandro Moreno, líder del PRI, difundidos por la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores, militante de Morena.
A pesar del triunfo que había tenido la propuesta del presidente en el Congreso, aún era necesario que al menos 17 de los 32 congresos estatales de las entidades federativas aceptaran el decreto de permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028. Con lo cual se inició un proceso de presión a los congresos locales, principalmente a los 21 estados que en ese momento eran gobernados por Morena.
Uno de los primeros en concretar esta acción fue la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la cuál con 42 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el Congreso de la CDMX aprobó el 18 de octubre el decreto. Y, finalmente, el 30 de octubre la reforma constitucional de la Ley a la Guardia Nacional consiguió la validación de 17 legislaturas estatales para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entrará en vigor.
Dicho panorama presentaba el escenario para que la Guardia Nacional fuera transferida a la estructura orgánica de la SEDENA, del mismo modo que se validará la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública hasta el año 2028, decreto que se esperaba fuera publicado a la brevedad en el mes de noviembre en el DOF. Sin embargo, el 15 de noviembre Roberto Fraga Jiménez, juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional del amparo 1845/2022, promovido por la OSC Causa en Común, para impugnar la reforma del 9 de septiembre, que transfería a la GN a la SEDENA desde la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC).
Dicho contexto evitó que el poder Ejecutivo pudiera publicar un decreto en el DOF en el que se consolidará la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA. Sin embargo, reaccionó de forma rápida y el 18 de noviembre se publicó el decreto por el que se “reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019”, acción que hacía que entrará en vigor la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el año 2028.
Con el decreto del 18 de noviembre, sólo se logra consolidar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta la fecha indicada. Sin embargo, el traslado de la Guardia Nacional a la SEDENA no logró concretarse. ¿Qué pasará? ¿Intentará el presidente culminar esta labor en lo que queda a su sexenio? O…¿dejará esta labor a su sucesor? Una duda sobre la cuál debemos poner el dedo en el renglón y poner atención, a razón de que determinará el futuro de la institución en los próximos años.
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