Estamos ante una cruzada oscurantista. Lo que ocurrió en el CIDE, donde se anuló a sus óranos colegiados, se marginó a su propia comunidad de las decisiones y se impuso a un director que no cuenta con legitimidad, era solo el anuncio, el botón de muestra de lo que está por ocurrir en los Centros Públicos de Investigación (CPI).
La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que acaba de aprobar la Cámara de Diputados con los votos de Morena y sus partidos satélite, es un golpe severo que dilatará o impedirá la generación de nuevos conocimientos.
No se escuchó a la comunidad científica a cabalidad y se incumplió el acuerdo de realizar siete foros temáticos, de los que solo se hicieron dos. En realidad, no existió disposición para advertir los problemas que pueden generarse en los próximos años.
Desde las comisiones, diputados del PRI, PAN, PRD y MC argumentaron para no avanzar por esa ruta, pero el esfuerzo no fructificó.
A la bancada de Morena le dieron la instrucción de desatar un frenesí de aprobaciones, como si un hubiera un mañana, y tocó la mala fortuna de que el tema de la Ciencia estuviera en el listado.
En modo alguno se exageran las funestas consecuencias que esto tendrá ya que cada proyecto se aprobará a partir de un
Programa Nacional Estratégico que definirán las secretarías de Estado, incluidas las de Defensa y Marina y la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
Hace unos meses, la doctora Álvarez-Buylla se reunió con diputados y decidió hablarles de marxismo. Sí, ella navega por esas aguas turbulentas y solitarias, que terminarán por dar un golpe severo a la ciencia mexicana, porque no debiera ser la ideología, mezclada con el prejuicio, la que dicte las políticas públicas.
Su comportamiento no es casual, por ello arrancó su labor como directora del Conacyt tratando de meter a un grupo de científicos a la cárcel, acusándolos de crimen organizado. Por supuesto que su intentona no prosperó, porque la detuvieron los tribunales de justicia, pero ahí estaba otro aviso de cómo se podrían poner las cosas.
En la comunidad académica, en quienes pertenecen a instituciones públicas como el propio CIDE, el Instituto Mora, la Flacso o el Colmex, se dice que lo mejor que podría ocurrir es que ni los voltearan a ver, porque ponerse en el radar de la 4T es arriesgarse a sufrir recortes en los presupuestos e inclusive el deterioro de la integridad institucional.
Pero con la nueva legislación, si el despropósito no es detenido en el Senado de la República, la libertad se restringirá de inmediato, porque los proyectos tienen que responder “a las necesidades y problemas locales y regionales y de las propuestas generadas por la comunidad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, afroamericanos, campesinos y equiparables” pero no de los científicos, que está excluidos de esas deliberaciones, por lo que es evidente que ya no definirán los temas y sentido de sus trabajos.
Quienes determinarán qué tiene prioridad y presupuesto, serán los integrantes de la Junta de Gobierno, donde se restringe la participación de personas dedicadas a las ciencias, la tecnología y a las humanidades.
Una estructura integrada por funcionarios, muchos de los cuales no tendrán ni la menor idea de lo que hacen en ella, pero que contarán con la facultad de designar a los directivos de los CPI. Es un centralismo parecido al que impera en Hungría, Turquía y Nicaragua.
Por si ello fuera poco, quienes laboran en los CPI se convertirán en burócratas. Dejarán de estar adscritos al apartado A del Artículo 123 de la Constitución, para incorporarse al B. Estarán sujetos a reglamentaciones, rutinas y obligaciones que nada tienen que ver con los sustancial de sus actividades.
Es, a todas luces, una legislación que pretende establecer un control centralista en la conducción del desarrollo científico, lo que es un despropósito, y no porque no deba existir planificaciones enfocadas a intereses de la nación, sino porque la mala elaboración de la nueva normatividad, lo que impedirá es, en los hechos, la propia investigación innovadora.
Para colmo, se elimina la obligación de destinar el 1% del PIB a la generación de conocimiento, lo que de todas formas no ocurría, pero ahora definitivamente ya no ocurrirá.
Malos días para la academia y la ciencia.
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