Una extorsión de Estado, donde los autores intelectuales son el Presidente de la República y quienes lo asesoran, y los materiales nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas.
Durante sus primeros meses de gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió (recordemos que prometer es su fuerte) que no expropiaría bienes de particulares.
Así, el pasado viernes, elementos de la Marina tomo a mano armada, las instalaciones del tramo que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, Veracruz, perteneciente a Ferrosur, una empresa de transporte de Grupo México. Lo anterior bajo lo ordenado en un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual, el Presidente de la República, instruía la toma temporal de las instalaciones.
Bajo ese contexto, el Secretario de Gobernación justificó que no se trataba de una expropiación si no de una “toma temporal de las instalaciones”. Hasta ahí, todo parecía un plan orquestado por el Gobierno Federal para buscar más adelante, la eminente expropiación.
Lo grave, como es costumbre, llegó cuando el Presidente Andrés Manuel en su conferencia mañanera, habló sobre el tema.
Sostuvo que eran ciertas las negociaciones que había entre el gobierno federal y Grupo México para adquirir las vías de la empresa, sin embargo, argumentó que el costo que pedía el grupo empresarial era muy elevado y que, a raíz de la diferencia en los costos, las negociaciones se truncaron.
Y fue ahí donde el mismo Presidente admitió que el gobierno decidió ejecutar el operativo militar para tomar las instalaciones de Ferrosur, y que “depende” de la actitud de la empresa, esperando que “recapaciten y tengan una actitud generosa”, y advirtiendo que la venganza no es su fuerte, lo que podría evitar la expropiación.
¿Qué significa eso? Se trata de un amague, literal, por parte del Estado mexicano, utilizando los recursos públicos y legales de los que dispone, mediante los cuales pretende que una empresa privada, venda parte de sus propiedades al Gobierno Federal, en los términos y condiciones que éste quiere.
Una extorsión de Estado, donde los autores intelectuales son el Presidente de la República y quienes lo asesoran, y los materiales nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas.
Con las declaraciones del Presidente de la República toma sentido el decreto que ordena la toma temporal indefinida de las instalaciones del tramo ferroviario, y no la expropiación.
Buscar la expropiación abriría paso a que Grupo México, mediante la vía legal eche para abajo el decreto presidencial, recupere sus propiedades y la obra ferroviaria favorita del Presidente sea un elefante blanco más de su administración.
Siguiendo el camino de la “toma temporal indefinida”, el Gobierno Federal coacciona a Grupo México a cedes en las condiciones de precio que ellos desean imponer, y así, mediante la compra del tramo ferroviario la batalla legal se blinda evitando así, mayores atrasos en el proyecto presidencial.
Si bien es cierto, hasta el momento no se ha decretado la expropiación de las propiedades de Grupo México, el plan ejecutado por la marina y ordenado por la Presidencia representa a un Estado mexicano que mediante la extorsión pretende someter a los ciudadanos a su voluntad.
Si creíamos que el Comandante Chávez rondaba las más bajas tentaciones de Andrés Manuel, hoy vemos que puede existir mayo maldad y perversión en el Presidente mexicano quien, a basa de “decretazos” y con las fuerzas armadas por delante, pretende someter a la ciudadanía a su voluntad.
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