15 de mayo de 1911, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos aplica la sentencia por la cual la Standard Oil Company de Nueva Jersey debe dividirse en un total de 37 diferentes corporaciones. La culminación de este proceso legal deriva de un proceso iniciado casi treinta años atrás, en 1880, cuándo el gobierno de Washington D.C. prendió los focos rojos antes el imparable avance del monopolio de la industria del petróleo de John D. Rockefeller.
Para finales del siglo XIX, la Standard Oil Trust y el imperio energético de Rockefeller abarca 20,000 pozos petroleros, 6,400 kilómetros de oleoductos, 5,000 cisternas para el transporte ferroviario y más de 100,000 empleados. Su participación en la industria representa un monopolio que abarca más del 90 por ciento del mercado de consumo de petróleo y amenaza con destronar y hacer no competitiva a este sector en crecimiento en un país que poco a poco se está convirtiendo en una de las más grandes potencias industriales del mundo.
En los hechos, las autoridades gubernamentales no tienen dudas, la Standar Oil es un actor monopólico, que comente una serie de acciones abusivas y anticompetitivas, que afectan a la economía y el bienestar de la sociedad estadounidense. La misión del gobierno americano es la de frenar el avance imparable de esta compañía, y regular a un empresario por violar la Ley Sherman Antitrust, la primera medida del gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios, creada en 1890 por el senador estadounidense de Ohio, John Sherman, y aprobada por el presidente Benjamin Harrison. La cuál se convertiría en una piedra angular para evitar la regulación del poder las grandes compañías de los Estados Unidos durante el siglo XX.
Ciento cinco años después, el 10 de abril de 2018, Mark Zuckerberg, el niño genio del clúster tecnológico de Silicon Valley, que representa al conjunto de empresas big tech más grandes del mundo, es citado al Congreso de los Estados Unidos de América como consecuencia del escándalo de Cambridge Analytica, vinculado al mal uso de los datos de los usuarios de la red social Facebook, que él creó en 2004. La trama se remonta al año 2013, cuándo Aleksandr Kogan, profesor de la Universidad de Cambridge desarrolló una prueba de personalidad en Facebook que fue llenada por un total de 265,000 usuarios. Sin embargo, para arrojar los resultados del test, este solicitaba a los usuarios un permiso para acceder a su información personal y su red de amigos, sin el consentimiento de estos últimos. A través de este instrumento Kogan se hizo de las actualizaciones de estado y los “me gusta”, e incluso de mensajes privados, que al ser procesados por científicos de datos alcanzarían a proporcionar información de 50 millones de ciudadanos de los Estados Unidos, más del 15% de la población de este país.
Dicha información sería vendida ese mismo año al asesor financiero Alexander Nix, quién fundaría Cambridge Analytica con la finalidad de vender servicios de análisis de datos para desarrollar campañas para marcas, empresas y políticos que busquen cambiar el comportamiento de las audiencias. La empresa con sede en Londres presentaría un crecimiento desorbitado por la venta de sus servicios, al indicar que trabajó en “más de 100 campañas” políticas a lo largo de los cinco continentes, durante sus cinco años de existencia, hasta su cierre de operaciones el 1 de enero de 2018.
Asimismo, nunca negaron el describir a sus servicios como “decisivos” en acontecimientos como las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América de 2016, en las que participó y resultó ganador Donald Trump. O en la campaña Leave.EU, uno de los dos grupos proselitistas más grandes de Reino Unido a favor del Brexit, que culminó con el referéndum de saluda de este país de la Unión Europea en junio de 2016.
El escándalo en torno a Cambridge Analytica termina por explotar cuándo Channel 4 presenta el reportaje Data, Democracy and Dirty Tricks, en el que Christopher Wylie, científico de datos y exempleado de la compañía, indica que los servicios que ofertados por la firma han sobrepasado los límites de lo legal, e incluso, considera han causado un “daño severo a los procesos democráticos” de múltiples países del mundo. Lo anterior, se dio en el contexto de la durante las elecciones presidenciales de 2016, en Estados Unidos, Cambridge Analytica utilizó los datos obtenidos en la prueba de Kogan, para cruzarla con la información de Facebook, e inferir perfiles psicológicos del usuario de esta red social.
El fin de dicha acción era crear contenidos de desinformación o noticias falsas con el fin de ser replicados a través de redes sociales, blogs y medios de comunicación, con temas y mensajes que cambiaran la forma de pensar, y las afinidades políticas, de los votantes que participaron en el proceso electoral de 2016. Del mismo modo, en dicho reportaje, en una grabación con una cámara oculta se presentó una grabación en la que Mark Turnbul, el director general de Cambridge Analytica, indica que han ofertado estos servicios en países como México, Malasia, Brasil, China y Australia.
Dicho fallo terminó por alcanzar a Facebook, responsable por la recolección de la información, y la red social más grande del mundo, que en 2013 detentaba 1,060 millones de usuarios, una séptima parte de la población global. Por primera vez, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido convocan a Zuckerberg, CEO de Facebook, a rendir cuentas por un escándalo que involucra a su compañía como principal instrumento de un evento que vulneró la privacidad y confidencialidad de la información de los ciudadanos estadounidenses. Con lo cual, por primera vez desde la creación de Facebook, y el auge de las compañías de Big Tech de Sillicon Valley, se hace necesaria la intervención del poder y la autoridad del Estado-Nación.
De forma semejante, pero con sus especificidades relacionadas con al contexto histórico, la sentencia en contra de Rockefeller se asemeja al llamado de Zuckerberg al Congreso de los Estados Unidos. Ambos personajes, a través de sus consorcios energético y tecnológico, se sirvieron de los vacíos de las esferas de influencia del Estado para generar ganancias millonarias, hasta que su operación comprometió la seguridad de su país. En el caso de Standar Oil el peligro se relacionada con la posibilidad de consolidar un monopolio económico capaz de hacer no competitiva la industria petrolera. En el caso de Facebook, los vacíos en las políticas y manejo de datos personas afectó los derechos civiles y la privacidad de los usuarios, a tal grado que se pudo comprometer el proceso electoral de los Estados Unidos y el referéndum del Brexit, en 2016. Ante ambos episodios, se hizo latente la necesidad del Estado por regular a los particulares ante la amenaza de vulnerar espacios, esferas de influencia y poder que competen al gobierno.
En la presente investigación abordamos los casos de tres compañías de Big Tech, que se sirvieron de las lagunas de regulación e influencia del Estado en el ciberespacio, que nos presentan la necesidad de una intermediación entre estos dos actores para la construcción de una gobernanza del internet.
Facebook contra Estados Unidos y la Unión Europea
Quizás quien ha sentido más que nadie el peso de los controles y la regulación del Estado ha sido Meta (grupo propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp), quien en noviembre de 2022, realizó el histórico despido masivo de más 11,000 de sus empleados, que representaban el 13% de su plantilla. La crisis de la empresa se remonta a la importante brecha de información que vivió en el contexto de Cambridge Analytica, y cuándo Mark Zuckerberg acudió por primera vez al Congreso de los Estados Unidos después del escándalo sobre el mal uso de los datos de los usuarios. En cadena internacional pudimos visualizar como los legisladores propusieron un torrente de proyectos de ley que abordan estos temas como la privacidad, la protección de datos en manos de particulares, así como la lucha contra la desinformación en redes sociales. En los hechos, este evento significó un cambio cualitativo en la forma que existía Facebook, que afectó severamente el número de usuarios que utilizaban la red social.
También, el evento marcó un cambio de paradigma en el modelo de negocios que hacían exitosa a Facebook. Las cuales se han alejado del flujo de información sin regulaciones y controles, y cada vez optan más por el respeto a la privacidad y derechos digitales de los usuarios. El ejemplo más representativo de esta tendencia se ha dado en la Unión Europea, cuándo una controversia se dio entre Meta y el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) en torno Privacy Shield, un acuerdo firmado en 2016 entre los Estados Unidos y la Unión Europea como marco para la protección de datos. El cuál fue un referente de robustecimiento de las políticas de las naciones europeas en sus políticas internacionales de esta materia.
En este contexto, y derivado de escándalos de brechas de información, la Unión Europea se negó a seguir permitiendo a Facebook poder transferir y procesar los datos de sus usuarios en los Estados Unidos, donde la regulación que ampara el derecho de los usuarios a la privacidad es más laxa. Frente a esto, el mismo Zuckerberg amenazó con sacar a sus redes sociales del continente. Acto que repercutió en su contra, porque gran cantidad de usuarios y políticos, mostraron estar conformes con dicha acción. Con lo cual, vemos que, de cara al futuro, los Estados-Nación impondrán cada vez más controles y regulaciones a los gigantes de la industria tecnológica, que hasta el día de hoy había burlado la coerción de los gobiernos.
Twitter, ¿un poder más allá del Estado?
Todos recordaran la errática forma del presidente Donald Trump de hacer política a twuitazos, los cuales se volvieron una dinámica constante y motor de polarización social en la esfera de la política interna de los Estados Unidos, e incluso, afectaron las relaciones de este país con países como México. Las consecuencias de las acciones o decisiones que tomaban empresas privadas, la FED (el Sistema de la Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos) al ajustar la tasa de interés, o las acciones diplomáticas que emprendía gobiernos, como el mexicano, para evitar que se materializaran los actos intimidatorios del jefe del Ejecutivo de Washington D.C., asombraron a más de uno.
Incluso, firmas de banca de inversión como Goldman Sachs, o la revista Forbes, publicación especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, realizaron intentos por crear métricas o un índice que pudiera calibrar el impacto mediático y los costos económicos que tenían los tuits viscerales del mandatario. Para el caso de México, sorprendió a todos como el 3 de enero de 2017, aún a tres semanas de tomar posesión de su cargo como presidente, un tuit con amenazas de la compañía automotriz Ford, que estaba por iniciar la construcción de una planta de producción en el Estado de San Luis Potosí, canceló su inversión de US$1.600 millones por que el presidente indicó que impondría aranceles de materializarse dicha inversión. Del mismo modo, el enuncio de Trump de aranceles de un 5% para todas las importaciones desde México “hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal”, causó una tensión con el gobierno del presidente López Obrador, que amenazó con congelar los flujos comerciales del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que estaba en fases de revisión para transformarse en el T-MEC.
El uso de Twitter, fue un aspecto trascendental en los años de gobierno de Trump, que le permitieron enmarcar su agenda en la opinión pública de los Estados Unidos, y promover la polarización social hasta el último día de su gobierno. El cuál no estuvo exento de polémicas por fenómenos que circularon en torno a la campaña presidencial de 2016, como el escándalo de Cambridge Analytica, o la trama del Russiangate que llevaron incluso a la creación de la Investigación del fiscal especial de los Estados Unidos de 2017, realizada por Robert Mueller, ex líder del FBI, para proba esta trama. En los hechos, durante cuatro años, tanto el poder judicial como el Congreso estadounidense trataron de frenar el estilo errático de gobernar de Trump, que se servía de Twitter para fomentar su impacto en la sociedad. Está dinámica llegó hasta el último día de su gobierno, cuándo en vísperas del fin del mismo, Trump dio un provocador discurso en la Casa Blanca, en el que invitó a sus simpatizantes a tomar el Capitolio y mostrar sus simpatías hacía él a los legisladores de los Estados Unidos. Evento que termino con al meno cinco muertes y múltiples heridos.
Frente a este evento, fue dramático como Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes, utilizó hasta el último minuto del Congreso para intentar a echar andar el impeachmet o la destitución de Trump de la presidencia, sin éxito. Con lo cual, todo el aparato gubernamental de los Estados Unidos no pudo frenar al polémico presidente de los Estados Unidos y acallar su estilo polarizador de gobernar. Sin embargo, los infortunios de la toma del Capitolio, y su impacto en la sociedad estadounidense, llevaron al consejo directivo de Twitter a tomar la decisión de cancelar la cuenta de Trump, como escarmiento a su incitación a la violencia y su uso de la red social para afectar a la sociedad en aras de su beneficio personal [4]. Con lo cuál, Trump perdió gran parte del empuje e influencia política y mediática que tenía como candidato, presidente y empresario en la opinión pública nacional. ¿Estamos entonces…frente a un caso en el que una Big Tech, logró que todo el aparato gubernamental de los Estados Unido no pudo?
Los casos de Facebook y Twitter son semejantes a la condición que vivió la Estándar Oil Company a inicios del siglo XX, cada uno con su particularidades y especificidades. En los hechos, las Big Tech encuentran soluciones innovadoras para los servicios o el entretenimiento, que se terminan por transformar en modelos de negocios capaces de generar ganancias monetarias exorbitantes y convertirse en fuertes actores económicos globales. Sin embargo, muchas veces, este éxito se alimenta de los vacíos y la ausencia de controles del Estado, hasta que un evento afecta directamente a los usuarios, consumidores o la ciudadanía. Con lo cual es necesaria la intervención del Estado-Nación, del gobierno por crear controles y regular a dichos actores. Con lo cual, vemos que, de cara al futuro, los Estados-Nación impondrán cada vez más controles y regulaciones a los gigantes de la industria tecnológica, que hasta el día de hoy había burlado la coerción de los gobiernos. Aspecto beneficio, a razón que actualiza los marcos legales de los países, que evolucionan con las innovaciones tecnológicas y el avance de los derechos humanos en el siglo XXI.
Twitter: @Travelerjm
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