Sin duda la alta aprobación con la que cuenta el Presidente López Obrador le da impulso para tomar decisiones extremas, con tal de que sus planes y obras no se vean afectados.
La “toma temporal” por parte del Gobierno Federal de las instalaciones de Ferrosur, propiedad de Grupo México del empresario Germán Larrea, generó que las cúpulas empresariales movieran todas sus influencias para que se restablecieran las negociaciones entre la empresa y las autoridades. En este proceso un actor clave fue Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la presidencia y actual enlace externo entre el Presidente y los principales empresarios de México.
Y es que el pasado martes Alfonso Romo tuvo una reunión con el Presidente López Obrador en donde su principal objetivo fue persuadir al inquilino de Palacio Nacional para que se retomaran las negociaciones con Grupo México. Como empresario, Romo sabe lo que puede significar para el país en materia económica una decisión como esta, y sobre todo el impacto negativo en la ya de por sí minada confianza empresarial.
Sin duda la alta aprobación con la que cuenta el Presidente López Obrador le da impulso para tomar decisiones extremas, con tal de que sus planes y obras no se vean afectados. Y es que el proyecto del Corredor Interoceánico resulta estratégico para el gobierno de la 4T, con él se busca conectar los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz, con el de Salina Cruz en Oaxaca.
Un factor que juega en contra del presidente es el tiempo, ya que cada vez se acerca más el final de su sexenio. Este tipo de decisiones revelan el sentido de urgencia que tiene por terminar sus proyectos insignia, lo que lo ha llevado a una confrontación directa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la ministra Norma Piña, que hoy por hoy parece ser el único contrapeso legal que se opone al poder excesivo del presidente.
Esta lucha entre poderes ha generado que el presidente actúe por decreto. El pasado viernes 19 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto con el que se reserva como información de seguridad nacional lo relacionado con sus obras más emblemáticas. Esto al siguiente día de que la corte invalidó el decreto con el mismo propósito, publicado en noviembre del 2021, en un claro reto al poder judicial.
Y como se tardaría por lo menos un año y medio para que el nuevo decreto fuera impugnado por la oposición o el Instituta Nacional de Acceso a la Información (INAI), el presidente como hábil jugador del ajedrez político, compra tiempo a su favor hasta que se den las elecciones del 2024, donde su plan “C” podría lograr la mayoría constitucional en el congreso, para poder cambiar la constitución a su antojo, sin oposición ni contrapeso alguno a sus planes.
Según trascendió en algunos medios de comunicación, el acuerdo al que pretende llegar el Gobierno Federal con Grupo México, no contempla una compensación de tipo económico, sino que se refiere a un permiso de paso y una revisión de las concesiones sobre las mismas vías que están en poder de este grupo.
Veremos que otros sobresaltos se generan en este último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde cada día se abren más frentes de batalla.
Amigo lector, lo invito a escuchar los temas que se tratan en esta columna todos los viernes por la Nueva Radio de la Ciudad de México 105.3 FM, en el programa que conduce diariamente Hannia Novell a las 5 de la tarde.
@fer_martinezg
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