México, desde sus primeras décadas como nación independiente, buscó implementar (al igual que las potencias de ese entonces) el ferrocarril a manera de principal medio de transporte…
La construcción de una vía ferroviaria siempre tiene el aura de ser un signo de progreso material de una sociedad. Los recursos que se utilizan para su operación y creación son inmensos, se requiere de un importante esfuerzo económico, técnico y de trabajo para concretar su realización. El conectar de manera eficiente y rápidamente a personas, así como trasladar objetos y mercancías a bajo costo es el ideal de todo gobierno o empresa, e históricamente el ferrocarril desde su aparición en el siglo XIX en Gran Bretaña ha cubierto estas expectativas, siendo protagonista en muchos acontecimientos de la vida de los países donde se ha implementado este medio de transporte.
México, desde sus primeras décadas como nación independiente, buscó implementar (al igual que las potencias de ese entonces) el ferrocarril a manera de principal medio de transporte, que pudiera acortar las distancias del extenso y complejo territorio nacional, pero sobre todo contar con un instrumento que detonara el desarrollo comercial, industrial y económico del país, porque el ferrocarril eso implica, y por lo tanto, se convierte en un tema central de los intereses del Estado. Tener en disponibilidad un vehículo para largos trayectos, es a todas luces una ventaja con respecto a otras naciones y es un beneficio social que indica que los esfuerzos públicos y privados están en la ruta correcta. De hecho, la gran aspiración de importantes políticos liberales del siglo XIX, entre los cuales se puede mencionar a Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, fue precisamente contar con una profusa red ferroviaria que ayudaría a catapultar a la república mexicana al bienestar y mejoría en la calidad de vida de sus ciudadanos.
La actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, emprendió la construcción del Tren Maya, lo que implica la creación de más de mil quinientos kilómetros de vías férreas que atravesarán la selva del sureste mexicano y que pasarán por cinco entidades federativas. Esta obra de infraestructura pública es a todas luces el gran proyecto del ejecutivo, quizás podría ser la insignia más relevante de su gobierno y tal vez con el paso del tiempo la oportunidad para que sea recordado. Este programa ferroviario no ha estado exento de polémicas, especialmente en tres temas: 1) el alto costo financiero que tiene en un país con tantas necesidades, que requieren urgente atención como lo son la salud, educación básica, abastecimiento de agua y seguridad; entre otros; 2) la Secretaría de Turismo y Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) son los encargados del “proyecto prioritario”, pero en realidad es el ejército quien lleva la dirección y ejecución, lo cual no ha sido bien recibido en la opinión pública debido al protagonismo que las fuerzas armadas han tenido en los últimos años; y 3) el daño que puede provocar o que ya está provocando al ecosistema, en un territorio que sufre de una devastación crónica de su fauna y flora.
Ante las polémicas que se han suscitado, el gobierno ha optado por el argumento de la seguridad nacional, es decir, que por su importancia el Tren Maya es un asunto de interés del Estado. Con esto pareciera que este nuevo ferrocarril es vital para la sobrevivencia y permanencia de la nación mexicana, y en consecuencia, merece todo tipo de privilegios (incluyendo la opacidad), además, según el presidente, con esta obra ser ayudará a resarcir el abandono que el sureste mexicano había vivido por décadas por parte de los gobiernos neoliberales y se redescubre la grandeza de la cultura maya.
Si se quisiera desestimar esta obra pública, se diría que el Tren Maya, no es una acción estratégica para el Estado, sino un proyecto voluntarista, de índole unipersonal, costoso y que depreda lo que queda de selva en el país. Quizás pudiesen tener razón, pero si lo revisamos a la luz precisamente de la racionalidad gubernamental y de la importancia que puede adquirir dicha política para el poder nacional, tal vez no se han cometido (por lo menos en el planteamiento) errores graves.
La seguridad nacional son todas las acciones que realiza el Estado para preservar y garantizar los intereses nacionales, así como el desarrollo de la población e instituciones políticas, poniendo énfasis en la capacidad que se tiene para salvaguardar la vida humana en las dimensiones política, económica, sociales, culturales y de salud, evitando que agentes nocivos de índole externa o interna, fenómenos naturales, fortuitos o intencionales dañen a la sociedad, en suma son las actividades que ayudan en el aumento del poder nacional. Bajo esta lógica , la construcción de infraestructura que aumenta las capacidades estratégicas del país es un tema de seguridad y debe ser tratado de esa manera. México necesita de instalaciones que ayuden a promover la inversión de capitales, que faciliten el turismo y el comercio internacional, que acaben con el aislacionismo y marginación en la que viven todavía millones de mexicanos.El Tren Maya, por su envergadura y lo que representa para el país, sí puede ser considerado como asunto de seguridad nacional, debido a que tiene el potencial de convertirse en un polo de desarrollo económico para todo el sureste y también por lo que implica en su inversión actual y en ganancias futuras para el Estado mexicano, pero eso no significa que su construcción violente la normatividad en la materia, no se transparente la información sobre el gasto y proveedores, ni sea un cheque en blanco para la depredación de las reservas ecológicas. El actuar del gobierno siempre debe ser racional, de índole legal y con estricto apego al orden democrático, de esa manera se garantizará que efectivamente cualquiera obra que se haga sea digna de ser recordada al paso del tiempo por los mexicanos.
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