El objetivo de esas disposiciones que se agrupan dentro de lo que se conoce como Plan B era el de permitir el proselitismo en todo momento.
El presidente López Obrador está interviniendo en las contiendas de Coahuila y el Estado de México. Lo hace desde su conferencia mañanera y por ello el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo llamó a abstenerse de realizar llamamientos al voto.
Esta situación es recurrente y ya implicó otras tres sentencias al respecto. La primera de ellas fue en 2021 y las otras dos en este año, a la que hay que sumar, por supuesto, la que apenas se aprobó hace unos días en la Sala Superior.
Pero la más reciente determinación de la autoridad electoral, la Sup-REP-114/ 2023 es especialmente relevante, porque pone límites sobre la elección presidencial del 2024.
Los días 9 y 11 de mayo de este año, el titular del Ejecutivo estaba furioso con la resolución de la Suprema Corte que declaró inconstitucional las reformas a la ley de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que precisamente se refieren a los límites en la libertad de expresión de los funcionarios.
La mayoría de Morena y sus partidos aliados aprobaron, violando el procedimiento legislativo, ajustes que en lo fundamental implicaban un cambio en el modelo de comunicación política que se implementó después de 2006 y justamente por las quejas de los partidos que respaldaron al actual mandatario en aquella contienda.
El objetivo de esas disposiciones que se agrupan dentro de lo que se conoce como Plan B era el de permitir el proselitismo en todo momento.
Si los ministros no hubieran puesto un alto, el presidente López Obrador podría dedicarse a realizar campaña desde Palacio Nacional y en horario laboral sin que nadie lo reconviniera por ello.
De todas formas, lo hace, es verdad, pero la ley lo prohíbe. Se dirá que de poco sirve en un contexto de rebeldía, pero sería peor de habérsele ratificado la carta blanca para comportarse como jefe de campaña en lugar de someterse a la neutralidad que exige el desarrollo de las disputas por el poder político para quienes ostentan altos cargos en los gobiernos.
El Tribunal Electoral, corrigiendo al INE, está implementado una tutela preventiva para evitar que se viole la equidad que debe prevalecer en una competencia democrática y que pueden causar daños irreparables.
Estamos en temporada electoral y están en disputa dos gubernaturas y hacer llamados al voto por el proyecto de la 4T y de paso advirtiendo que con ello se evitará que se cancelen los programas sociales y se impedirá que retornen “los corruptos” es propaganda en todo el sentido de la palabra.
Si bien el presidente López Obrador a lo que se refirió es a la obtención de una mayoría suficiente para poder modificar la Constitución a su antojo en el 2024, es evidente para cualquiera, con excepción de la Comisión de Quejas del INE, que esto puede incidir en el voto el próximo 4 de junio en Coahuila y el Estado de México.
¿Qué tanto puede influir el presidente de la República? Eso no lo sabemos con certeza, pero recordemos que uno de los focos rojos sobre la calidad de la elección del 2006 fue justamente la participación discursiva del entonces mandatario Vicente Fox. En el expediente de calificación que se emitió en su momento, hay señalamientos más que específicos al respecto.
Algo es seguro, si no se siguen estableciendo límites, poniendo contenciones a una intromisión indebida en los procesos de elección, las cosas se saldrán de su cauce con todo lo que ello puede implicar en términos de gobernabilidad democrática.
Otro aspecto que se tendrá que analizar y ponderar, son los mensajes que inducen al miedo sobre la perdida de apoyos económicos de corte social, como consecuencia de no respaldar a la 4T. Es vergonzoso que provengan de quienes sustentaron toda una trayectoria política denunciando la indebida utilización de los recursos públicos para obtener el voto.
Es muy delicado que sean servidores públicos los que estén esquivando la legalidad y que lo hagan con la certeza de que nadie los podrá sancionar. Insisto, en ese contexto es en el que hay que valorar el proyecto aprobado de la magistrada Janine Otálora, que a fin de cuentas de lo que se está ocupando es de atajar problemas y despejar nubarrones antes de que sea demasiado tarde.
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