Desde sus inicios hasta su ascenso de 118 millones de usuarios alrededor del mundo, la plataforma no ha estado exenta de polémicas por brincarse controles del gobierno, y por evadir derechos laborales, principalmente de los chóferes.
En el espacio de Día Cero de la semana anterior, abordamos los casos de la regulación del Estado frente a gigantes de las telecomunicaciones o Big Tech en la actualidad. Los casos de Facebook y Twitter son semejantes a la condición que vivió el ejemplo que citamos de la Standar Oil Company a inicios del siglo XX. El día de hoy analizaremos otro caso trascendental en el que el caso de una empresa de innovación tecnológica evadió los límites del Estado y ha empezado a encontrar controles por parte de la regulación de los gobiernos alrededor del mundo: Uber, la empresa de servicios de movilidad de automóviles.
Uber, la evasión de los derechos laborales
La famosa compañía fundada en marzo de 2009, en San Francisco, California, Estados Unidos, causó una innovación mundial al servir de intermediario entre usuarios y choferes proveedores de servicio de transporte que transformaron a dicha firma, como una de las empresas más rentables del mundo. Sin embargo, desde sus inicios hasta su ascenso de 118 millones de usuarios alrededor del mundo, la plataforma no ha estado exenta de polémicas por brincarse controles del gobierno, y por evadir derechos laborales, principalmente de los chóferes. Revise algunos casos:
- Sin duda el país que ha emprendido una de las luchas más importantes por frenar esta condición ha sido el Reino Unido, país en el cual el 19 de febrero de 2021 la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo a favor de 25 exconductores de la aplicación que buscaban el reconocimiento de sus derechos laborales. Con este acto, este organismo judicial reconoció los vínculos laborales entre la aplicación y los choferes. Lo cual obligó a Uber a garantizar el pago de un salario mínimo, vacaciones anuales y todos los beneficios laborales con los que cuenta un ciudadano del Reino Unido. Frente a esto, la empresa reacción con la publicación de la iniciativa Better Deal en la que hizo un llamado a las empresas de plataformas, a los legisladores y a los representantes políticos en Europa a generar un nuevo estándar o legislación para mediar las relaciones laborales entre aplicaciones y sus trabajadores.
- Este contexto no ha estado exento en países como México, dónde los debates en torno a si existe o no una relación laboral entre los repartidores y conductores de plataformas digitales también llego a la Cámara de Diputados. Cuando en noviembre de 2020, la senadora Xóchitl Gálvez presentó el proyecto de ley para adicionar un capítulo a la Ley Federal del Trabajo exclusivo para las plataformas digitales. Con lo cual buscaba garantizar las prestaciones de ley y seguridad social para las personas que laboran en aplicaciones como Uber. Por otra parte, en Chile, en julio de 2019, la Comisión del Senado aprobó el proyecto de ley conocido como “Ley Uber”, que estaba en revisión por parte de la Comisión de Hacienda del Congreso de dicho país. Y, que, de convertirse en ley, sentaría las bases para establecer una relación laboral entre los conductores, además, se exigirá a los choferes tener una licencia de conductor profesional.
- En el caso de Colombia el Congreso nacional, desde hace más de una década, se ha dedicado a presentar iniciativas de ley para regular a las plataformas de pasajeros que operan en el país. Hasta que en 2020 se logró la homologación de cinco iniciativas trabajadas por más de 80 congresistas de diferentes bancadas en el Senado y en la Cámara de Representantes en un solo proyecto de ley denominado la Ley 003-2020. Con la cual se obligó a la empresa a hacer el pago de prestaciones sociales como la prima de servicio, vacaciones y cotización al sistema de pensiones.
- En Chile, se introdujo una legislación en 2014 que estableció regulaciones para los servicios de transporte remunerado de pasajeros, incluyendo a las plataformas intermediarias. Sin embargo, con la promulgación de la ley 21431, promulgada en 2022, Uber alcanzó una victoria frente al estado a razón que la legislación estableció que estas empresas son solo intermediarias y no tienen mayores obligaciones respecto a los trabajadores. El mismo modo, cerco el mercado nacional o de jóvenes emprendedores a razón que se crearon sanciones para las plataformas que operen sin estar inscritas en el registro nacional de Chile y por entregar información falsa o incompleta al Ministerio de Transportes.
- En marzo de 2023, en Costa Rica, el Juzgado de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José, emitió una sentencia en primera instancia indicando que la empresa Uber tiene relación laboral con los choferes. La sentencia de la instancia de justicia citaba lo siguiente: “Queda evidenciado el cumplimiento de los requisitos esenciales para determinar que nos encontramos ante una contratación laboral, pues el actor prestó un servicio de carácter personal a cambio de una remuneración, sujeto a un fuerte régimen de supervisión, con clara evidencia de ajenidad.” A pesar de que esto suponía imponer la autoridad del Estado sobre la empresa de San Francisco, el Poder Ejecutivo de Costa Rica impulsó a través del Ministerio de la Presidencia el Proyecto de Ley de Transporte Remunerado no Colectivo de Personas y Plataformas Digitales, que entre sus puntos principales presenta un modelo de licenciamiento al cumplirse ciertos requisitos y aborda el asunto de los choferes ofreciendo una “rentabilidad bruta mínima y ganancia mínima”, que siempre y cuando se respete la rentabilidad bruta mínima por kilómetro, el precio por cada viaje será de libre determinación. Con lo cuál Uber puede retomar ventaja sobre los choferes y usuarios. Del mismo modo, se establece como requisito para ser conductor estar inscrito como trabajador independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), autorizando para ello a esta para establecer un régimen especial de contribución frente al Ministerio de Hacienda bajo la actividad económica pertinente.
- Por último, se encuentra el modelo de regulación que ha promovido Ecuador, en donde las aplicaciones de transporte han afrontado una serie de desafíos legales para operar, además de disputas con los taxistas tradicionales y las autoridades del sector en varias ciudades. Esto a razón de que las plataformas de movilidad ante la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial son consideradas herramientas para optimizar la gestión del transporte, más no prestadores de este servicio. Por lo que se descarta un eventual reconocimiento de relación laboral como ha ocurrido en países como Reino Unido o en Costa Rica, a través de fallos en procesos judicializados. Sin embargo la normativa nacional ecuatoriana exige a Uber, DiDi e InDrive operan de manera regulada en Quito y Guayaquil cumpliendo requisitos como: obtener una licencia ante el gobierno nacional, tener una oficina física en Ecuador, contar con vehículos que cumplan con ciertas características (15 años de antigüedad máximo, modelos de cuatro puertas, contar con cinturones de seguridad funcionales y que sean vehículos sin señalética de taxi, entre otros) y asegurar que los conductores estén registrados y tengan licencia profesional.
A manera de conclusión
En los hechos, las Big Tech encuentran soluciones innovadoras para los servicios o el entretenimiento, que se terminan por transformar en modelos de negocios capaces de generar ganancias monetarias exorbitantes y convertirse en fuertes actores económicos globales. Sin embargo, muchas veces, este éxito se alimenta de los vacíos y la ausencia de controles del Estado, hasta que un evento afecta directamente a los usuarios, consumidores o la ciudadanía. Con lo cual es necesaria la intervención del Estado-Nación, del gobierno por crear controles y regular a dichos actores. Con lo cual, vemos que, de cara al futuro, los Estados-Nación impondrán cada vez más controles y regulaciones a los gigantes de la industria tecnológica, que hasta el día de hoy había burlado la coerción de los gobiernos. Aspecto beneficio, a razón que actualiza los marcos legales de los países, que evolucionan con las innovaciones tecnológicas y el avance de los derechos humanos en el siglo XXI.
Twitter: @Travelerjm
POSDATA: Y llegamos al Día Cero número 99, el siguiente será nuestra columna número 100. Gracias Don Carlos Ramírez y todo el equipo del Independiente por invitarnos a ser parte de este importante espacio.
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