El martes 30 de mayo, en la Cámara de Diputados, convocados por el grupo parlamentario de Morena, que coordina Ignacio Mier, iniciaron los conversatorios referentes a la participación ciudadana en la transformación del Poder Judicial. Fueron ponentes Mónica González Contro, Diego Valadés, Andrés García Repper, Jaime Cárdenas Gracia, Rafael Estrada Michel y Amador Rodríguez Lozano.
En un contexto político electrizado por el pleito entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña; a unos días de que se realicen las elecciones en el Estado de México y Coahuila, y con las corcholatas presidenciales desplegadas en el país, resulta positivo darse un espacio, serenarse y reflexionar respecto a uno de los problemas fundamentales del Estado mexicano: la impartición de justicia y del Poder responsable de impartirla.
No es lo mismo pelearse en redes sociales o expresar opiniones en una entrevista en medios de comunicación, que sentarse en una misma mesa, mirarse a los ojos e intercambiar puntos de vista. Nada sustituye la comunicación cara a cara. Por ejemplo, Diego Valadés, en una reciente entrevista a un medio de comunicación nacional, mostró una actitud crítica, incluso descalificatoria, de la propuesta del Presidente López Obrador de que los ministros de la Suprema Corte fueran electos por el voto directo de los ciudadanos o que se realizará una consulta popular respecto al proceso de designación de los ministros que integran el máximo tribunal del país.
Resulta que, Diego Valadés, después de desarrollar de una manera más extensa sus planteamientos, conocer la opinión de otros ponentes y escuchar las preguntas de algunos diputados, hay más coincidencias que diferencias. El consenso del primer conversatorio es la necesidad de transformar, modificar o adecuar el Poder Judicial. No realizaré un resumen o relatoría de lo que ocurrió en este conversatorio, la versión estenográfica y el video están disponibles en la página de la Cámara de Diputados.
En la vida pública, no existen intocables. Tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo han cambiado a lo largo de los años y de los siglos. La Suprema Corte, como la cabeza del poder judicial, no puede ser la excepción. Ha tenido un proceso de evolución, desarrollo y transformación desde el inicio de México como país independiente. Existen diferentes criterios para ubicar el desarrollo y transformación de la Corte.
A mí me gusta relacionarlo con las etapas del desarrollo político y social del país. De esta manera podemos identificar ocho momentos de la Corte, que a su vez se articulan a la evolución del marco constitucional; es decir, a la Constitución de 1824, a la Constitución de 1857 y a la Constitución de 1917.
La primera etapa corresponde de 1824 a 1857, en donde el objetivo fundamental del Estado mexicano fue sobrevivir como nación. Tuvo que soportar intentos de reconquista, pretensiones separatistas, la independencia de Texas, la pérdida de más de la mitad de su territorio y la primera intervención francesa. En esta etapa, la Suprema Corte tuvo un carácter eminentemente político, no en pocas ocasiones su presidente asumió las funciones de presidente de la República. Por ejemplo, durante la intervención norteamericana, Manuel de la Peña y Peña, asumió la Presidencia de la República y le correspondió firmar los Acuerdos Guadalupe Hidalgo, que entregaron la mitad del territorio a Estados Unidos.
La siguiente etapa se ubica de 1857 a 1867, la cual incluye el fin de la era de Antonio López de Santa Anna, la guerra de Reforma y la segunda invasión francesa. La suprema corte de justicia de la nación, se dividió también en el bando republicano y en el bando conservador y luego imperialista; de tal manera que puede considerarse como un momento de excepción.
De 1867 a 1874, periodo que corresponde a la República restaurada y a poner en marcha de nuevo el funcionamiento de los poderes del Estado. La Suprema Corte en este periodo se rearticuló en torno a lo dispuesto en la Constitución de 1857, prácticamente suspendida durante el imperio de Maximiliano.
De 1874 a 1910, Porfirio Díaz se convirtió en el eje de los tres poderes de la Unión. No sólo se reeligió sucesivamente en la presidencia de la República; también designaba a los diputados y senadores; así como a los ministros de la Suprema Corte y a los gobernadores. La Corte era simplemente el espacio nación de las decisiones del dictador.
De 1910 a 1917, que incluye la etapa más intensa de la revolución mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917. Durante esta etapa, la Suprema Corte siguió dominada por la inercia porfirista.
De 1917 a 1940, que corresponde a la institucionalización de la revolución mexicana y afincar los pilares del sistema político. Se consolida el sistema presidencialista, donde el presidente de la República ejerce facultades constitucionales y meta constitucionales, que tienen que ver con la designación y resoluciones de la Suprema Corte. En 1928, Plutarco Elías Calles, modificó la Constitución para que los nombramientos de los ministros corresponde al ámbito del poder ejecutivo.
De 1940 a 1995, es el periodo que corresponde a los gobiernos posrevolucionarios, un régimen político con un partido hegemónico, el PRI. En este sentido, la Corte es un apéndice legal de el gobierno federal en turno.
De 1995 a 2022, la pluralidad llegó al país, primero a la Cámara de Diputados, a los gobiernos de los estados y tímidamente al Senado de la República. Al mismo tiempo, existió una apertura en la libertad de expresión y en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Ernesto Zedillo propuso una reforma constitucional que disminuyó el número de integrantes de la Corte de 22 a 11, pero dejó intacto el procedimiento de designación.
El año pasado, propuesta por la propia Corte el Congreso de la Unión aprobó una reforma legal, para combatir el nepotismo, la corrupción y la transparencia; sí cómo, incluir la visión de género y la paridad dse género en el Poder Judicial, pero dicha reforma sigue pendiente de aplicación.
En conclusión, después de casi un siglo la sociedad, no ha revisado el método de designación de los integrantes de la Corte. Este es el momento de avanzar en dicha revisión y en su caso de revisar el mecanismo de integración del máximo tribunal del país, sus funciones y privilegios. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
@onelortiz
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