Una ejecución ocurrida hace una semana en el puerto de Manzanillo, Colima, del subadministrador de Operación Aduanera, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, ha dejado al descubierto la fuerte disputa por el control de las aduanas del país en las fronteras, puertos y aeropuertos de parte de la delincuencia organizada, las fuerzas armadas (Marina y Ejército), gobernadores fronterizos y exfuncionarios que buscan regresar a administrar la operación aduanal que, históricamente, ha estado marcada por la corrupción, el contrabando de drogas, mercancías y huachicol, así como sobornos, extorsiones, secuestros y asesinatos.
Hace apenas tres semanas el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, había firmado un acuerdo con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, para que siete civiles retomaran las operaciones de las aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima; sin embargo, los marinos que estaban en esos puertos se negaron a entregarles el control y rechazaron proporcionarles las claves de acceso a los sistemas de cómputo que registran entradas y salidas de barcos cargados con mercancías y combustibles.
Dos semanas después de firmar dicho acuerdo, el recién designado subadministrador aduanal fue secuestrado la mañana del domingo 28 de mayo cuando salía del restaurante Sabor Veracruzano, ubicado en el Boulevard Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado 1521, Playa Azul Salagua, en Manzanillo, y posteriormente torturado y ejecutado, lo que provocó que el secretario de Marina ordenara la salida de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo de los otros seis civiles, por lo que el control de esas dos aduanas sigue por lo pronto bajo el mando de la Marina.
La semana pasada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió escuetamente al problema en las aduanas al señalar que la ejecución del subadministrador Martínez Covarrubias fue cometida por la delincuencia organizada, y reiteró que sigue la disputa por el control aduanal, como ocurría en sexenios anteriores cuando las autoridades habían cedido la operación de las mismas a criminales.
Por lo pronto son dos gobernadores, de Sonora, Alfonso Durazo, y de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quienes mantienen el control de las aduanas en sus estados y eso les genera importantes recursos que, por lo menos, debe de ser transparente el gasto de los mismos.
Algunos trabajadores de las aduanas aseguran que desde que la Marina tomó el control su falta de experiencia en el comercio exterior ha provocado que en el puerto de Manzanillo se registre una disminución en la recaudación de impuestos de un 20 por ciento y en el de Lázaro Cárdenas la caída es de un 7 por ciento, de allí que se decidieran que volvieran siete operadores que habían trabajado en los primeros tres años de la actual administración en las aduanas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
Hasta hace tres semanas el cargo de subadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo estaba a cargo del capitán de la Marina, Adrián Omar Del Ángel Zúñiga, quien tenía que entregar la administración a Martínez Covarrubias, quien antes de ser asesinado se había desempeñado en el área de Comercio Exterior en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, y al llegar al puerto de Manzanillo reportó amenazas de parte de marinos que le advirtieron: “No debes andar afuera de tu casa, quizá te pase algo”.
Identifican red de tráfico de combustibles
Para entender la relevancia de esta disputa por el control de las aduanas, comentaré el caso de una amplia red de contrabando de combustibles que investigan las autoridades del SAT (Servicio de Administración Tributaria) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) sobre la operación delincuencial en las aduanas de Tamaulipas: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo; Chihuahua: Ciudad Juárez; y Sonora: Nogales, en donde trafican en promedio anual 1 mil millones de litros y obtienen utilidades por 12 mil millones de pesos con el contrabando y el huachicol de gasolinas.
De acuerdo con documentos oficiales en poder de esta columna, al frente del flujo de operación de la red está a caro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel del Golfo (CDG), los cuales utilizan a un grupo de importadores como Julia Mendoza Cruz, Nexoli, Creek Fuels de México y Petrolíferos Lobo, los cuales no cuentan con permisos de la Secretaría de Energía para la importación de hidrocarburos y sin embargo realizan esas operaciones por las aduanas de Tamaulipas, Chihuahua y Sonora.
Uno de los proveedores nacionales de esta red delincuencial es la empresa Maquinaria Pesada para la Construcción I.P.R., mientras que la comercializadora de los combustibles de contrabando y huachicol es Karina Melissa Guerrero, empresaria vinculada a los cárteles CJNG y CDG, de los cuales recibe financiamiento.
Los clientes mayoristas que aparecen en el expediente de esta red delincuencial son Maquiladora de Lubricantes, Energética Carvel, Servicios Express Paje, Miguel A Lazalde y Fase Chihuahua.
Los transportistas de los combustibles contrabandeado por las fronteras de los tres estados mexicanos son: Autotransporte de Carga Especializada Marvic, Leonel Guadalupe Jiménez y Transportes Especializados el Chorro.
Las instituciones que han sido identificadas por las autoridades financieras como responsables de recibir depósitos y transferencias de dinero ilícito de las empresas y personas físicas que son parte de esta banda delincuencial son las casas de bolsa Véctor, Intercam y Monex, mientras que los bancos involucrados con Skotiabank y Banco Base.
En las indagatorias se descubrió que las gasolineras que venden el combustible que ingresa de contrabando al país y también es producto del huachicol, están ubicadas en los estados fronterizos de Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
Persigue el fisco a líderes de la banda
La empresaria Karina Melissa Guerrero Rodríguez, con el registro federal de causantes GURK810706S69, tiene un presuntiva de evasión fiscal por 1 mil 628 millones 221 mil 175 pesos, pues de sus ingresos totales no declaró el 85 por ciento y sólo reportó al SAT ingresos correspondientes al 15 por ciento.
Los ingresos de Guerrero Rodríguez en 2020 ascendieron a 12 mil 760 millones de pesos y sólo declaró 4 mil 329 millones, por lo que el SAT y la UIF la investigan por los delitos de lavado de dinero para los cárteles CJNG y CDG, además del tráfico ilegal de combustibles y huachicol.
Otro de los dirigentes de esa red delincuencial es José Víctor Pablos Vélez, alias El Güero Marvic, con el RFC PAVI841106S54, está ligado a 12 empresas del Cártel del Golfo y las autoridades investigan una presunta relación con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.
La empresa Maquinaria Pesada para la Construcción I.P.R, tiene una presuntiva de evasión fiscal por 955 millones 794 mil 48 pesos, al reportar ingresos en 2020 por 3 mil 118 millones de pesos y tuvo gastos de 3 mil 434 millones.
Otra involucrada es Julia Mendoza Cruz, con una evasión fiscal por 2 mil 279 millones 137 mil 567 pesos, al reportar ingresos en 2020 por 6 mil 765 millones y gastos por 7 mil 435 millones; la empresa Maquiladora de Lubricantes evadió al fisco por 41 millones 735 mil 235 pesos, al reportar al fisco ingresos en 2020 por 4 mil 625 millones y gastos por 5 mil 7 millones de pesos.
La empresa Nexoil tiene presuntiva de evasión por 107 millones 108 mil 514 pesos, con ingresos en 2020 por 713 millones y gastos por 675 millones; Energética Carvel dejó de enterar al fisco 274 millones 124 mil 22 pesos, con ingresos en 2020 por 4 mil 558 millones y gastos por 4 mil 487 millones.
Autotransporte de Carga Especializada Marvic evadió al fisco con 3 millones 143 mil 723 pesos y tuvo ingresos en 2020 por 426 millones y gastos por 815 millones; Energéticos Citrícola no enteró a Hacienda 346 millones 689 mil 492 pesos y reportó ingresos en 2020 por 4 mil 6 millones y gastos por 4 mil 763 millones; Grupo Petrotamps, que dirigen Néstor García Luna y Everardo Villareal Santos, identificados como integrantes del Cártel del Golfo, evadió al fisco por 840 millones 454 mil 269 pesos y reportó ingresos en 2020 por 6 mil 597 millones y gastos por 10 mil 196 millones de pesos.
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