Durante 39 días aguardaron a que continuaran las mesas de negociación en el salón de usos múltiples de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Pero ni el hoy jefe de Gobierno, Martí Batres –que se los prometió–, ni el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, volvieron para seguir las pláticas. Cambiaron el diálogo por los cascos, los escudos y los toletes de sus granaderos. El 26 de julio, con un operativo que calcularon en 500 elementos entre policías, personal de limpia y civiles de la dependencia, los sacaron por la fuerza de esas oficinas públicas. Batres tenía que cobrársela, porque le habían ido a protestar el día que reabrió cinco estaciones de la Línea 12 del Metro.
Pero como lo de los granaderos no fue suficiente y continuaron sus manifestaciones –tipo el bloqueo de Periférico y avenida Tláhuac–, con el aparato de Gobierno de la CDMX optaron por la estrategia deleznable que utilizaba el PRI en su peor etapa: que la Fiscalía de Justicia les ‘armara’ un caso legal y luego conseguir que un juez de consigna obsequiara las órdenes de aprehensión al gusto de la fiscal general Ernestina Godoy. Finalmente, el miércoles los detuvieron y los ingresaron al penal de Santa Martha Acatitla, ese que parece el favorito de este gobierno para sus presos políticos. ¿Recuerdan a Rosario Robles?
Acusan de un absurdo a los dos principales líderes la organización llamada “Yo también soy víctima de la Línea 12”, Alina Vázquez y Armando Bravo: “Extorsión Agravada en Grado de Tentativa”. La carpeta de investigación es la CI-FILZP/IZP-8/UI-3, y la orden de aprehensión es de Carpeta Judicial 012/2055/2023-OA. Ya están recluidos.
Esa organización la conforman más de 200 comerciantes que reclaman al Gobierno que les resarzan por las afectaciones que les causó el cierre de avenida Tláhuac, luego del desplome de un tren de la Línea 12 del Metro, el 3 de mayo de 2021, que ocasionó la muerte de 26 personas y afectación a miles más que viven o laboran entorno de esa importante arteria vehicular. La mayoría quebraron o están endeudados hasta el copete. Es la razón por la que piden una indemnización de dos salarios mínimos durante dos años, lo que suma 298 mil pesos. El gobierno les ha ofrecido la cuarta parte.
Por eso, por demandar más de lo que les ofrecen les imputan un delito que de ninguna manera se configura. Es agravio sobre agravio. Los meten en prisión para evitar que continúen con su legítima protesta social de pedir una indemnización. Los revictimizaron. Es como si cuando López Obrador armó su plantón en 2006, del zócalo a Reforma lo hubieran acusado que estaba extorsionando para que le entregaran la Presidencia, tras una elección que, cierto, debió repetirse.
Historia ésta que nos alerta cómo nos vamos pareciendo a Nicaragua o Venezuela en la que ya no parece ser la ciudad de las libertades, esas que paradójicamente se van perdiendo con un gobierno que se jacta de supuestamente venir de la lucha social que ahora criminalizan, como ejecutores Batres y Godoy, cuyo autoritarismo sería impensable sin la venia de sus superiores políticos, Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador.
Esta es la mejor estampa de la “4T”. Nadie puede describirlos mejor. Su actuar es su propio reflejo. ¿Quién sigue? ¿Los trabajadores de la salud? Lo veremos.
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