Se están haciendo las cosas mal. Nadie, de modo serio, puede sostener que el camino es el correcto, con tanta muerte encima, aunque es válido argumentar que muchos de los problemas y sus inercias vienen de lejos.
El fracaso de la seguridad tiene números y cada uno de ellos son historias, personas que perdieron la vida de modo violento y que tienen amigos y familias.
Al margen de los hechos específicos por cada una de estas muertes, resulta evidente que dejan un rastro de dolor que impacta en la sociedad de modo profundo.
Estamos en el periodo más violento de la historia. Desde el primero de diciembre de 2018 y hasta el arranque de septiembre de este año, se han cometido 164, 920 homicidios dolosos. En Tresearch hicieron una proyección para finales del gobierno de López Obrador y la cifra puede alcanzar los 206, 489 asesinatos a finales de 2024.
Para darnos una idea, sería como la del Estadio Azteca con dos llenos y medio, ya que ahí caben unas 83 mil personas. Es una estimación y no hay que resignarse a que ocurra. México no tiene que ser un lugar donde los grupos criminales asolen y amenacen a la sociedad de modo cotidiano.
Se están haciendo las cosas mal. Nadie, de modo serio, puede sostener que el camino es el correcto, con tanta muerte encima, aunque es válido argumentar que muchos de los problemas y sus inercias vienen de lejos.
El gobierno de López Obrador decidió apostar por la militarización del combate a la seguridad pública. Insiste en que la Guardia Nacional debe estar adscrita a la secretaría de la Defensa Nacional. En realidad, ya lo está, aunque queda el escollo de las formalidades jurídicas, constitucionales y las que provienen de los tratados internacionales a los que el país se comprometió.
Es decir, apartar a los civiles en las tareas de seguridad no va a significar una mejoría, porque ya estamos presenciando un esquema de seguridad donde los uniformados son quienes marcan la pauta de lo que se debe hacer.
El argumento de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no cuenta con los recursos económicos e institucionales para hacerse cargo de la Guardia Nacional ilustra cómo es que se hacen las cosas en la actualidad.
Nuestro país sí tenía los recursos institucionales y humanos para soportar una estrategia de seguridad desde una perspectiva policial y civil. Es más, se invirtieron presupuestos y tiempo muy valioso en ello.
La Policía Federal Preventiva nació en enero de 1999 y se transformó, a lo largo del tiempo, en una corporación eficaz y adecuada para enfrentar al crimen organizado y atender sus diversas dinámicas.
Tropiezos hubo, por supuesto, y se tuvo que recurrir al auxilio de las fuerzas armadas de modo esporádico, limitado al principio, y luego de forma recurrente hasta estar dónde nos encontramos ahora.
Lo catastrófico es que destruyeron a la Policía Federal y luego crearon la Guardia Nacional para la que ahora señalan que no tienen recursos.
Es una práctica recurrente, en este periodo, la de desmontar instituciones sin los diagnósticos adecuados y mucho menos las previsiones y escenarios sobre lo que puede ocurrir si las cosas no salen como se espera.
El problema no es menor, pero es responsabilidad absoluta de quienes ahora gobiernan, los que confundieron conductas individuales con esquemas institucionales y echaron en el mismo saco a todos los policías federales, con las injusticias y los absurdos que crea cualquier generalización.
Destruyen lo que puede ser mejorado y luego se quejan del polvo que no les permite actuar con eficacia. Es algo que semeja a lo que ocurrió con el Aeropuerto de Texcoco, que ya no existe, pero hay que seguir pagado del error de suspender la obra en cada boleto.
En 2024 se definirá qué hacer con la seguridad pública. El propio presidente López Obrador así lo quiere, y por ello anunció que presentará, de nueva cuenta, una iniciativa para que los guardias nacionales sean lo que de todas formas ya son, soldados.
Más allá de los cálculos sobre el músculo legislativo que se requiere, se tendrá que atender el problema, donde no hay ya una policía civil de alcance nacional y donde los presupuestos de la Guardia Nacional son cuantiosos y difíciles de retirar al Ejército.
Además, por supuesto, de la violación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que las tareas militares en seguridad pública deben ser extraordinarias, excepcionales, temporales y restringidas.
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