Rodríguez Mondragón, con inteligencia y paciencia, construyó una ruta desde la que se pudiera sanear el ambiente interno, para seguir dando resultados en lo externo.
El Tribunal Electoral siempre vive en el vértigo. Es una consecuencia de la tarea más relevante de la que se ocupan: pacificar la disputa por el poder político.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón lleva dos años como presidente de la Sala Superior y esto se nota. Propuso la creación de una Comisión de Fortalecimiento en la que participan sus otros seis colegas y la magistratura decana de cada una de las Salas Regionales, lo que les ha permitido avanzar de modo colegiado en lo que parecía un terreno minado.
Con ese propósito, se celebraron audiencias públicas, se realizó una consulta y se compilaron informes de las misiones internacionales de acompañamiento electoral. Todo ello permitió elaborar un diagnóstico que sirvió en la determinación de los pasos a seguir en mejoras e innovación. Estos trabajos finalizaron en agosto de 2022.
En septiembre de 2021, en las instalaciones del Tribunal Electoral en Carlota Armero, en Coyoacán, el ambiente era más que filoso.
Las guerras internas habían agotado a propios y extraños. Las rotaciones de servidores públicos, o de plano sus despidos, eran cotidianas. Los encargados de juzgar los asuntos políticos para mantener la paz estaban en guerra.
Rodríguez Mondragón, con inteligencia y paciencia, construyó una ruta desde la que se pudiera sanear el ambiente interno, para seguir dando resultados en lo externo.
En dos años revirtió una tendencia destructiva que parecía incontrolable y que era suicida en el actual contexto político, donde las presiones contra el sistema democrático van en aumento y en la que convergen intereses diversos.
El plan estratégico de Rodríguez Mondragón se constituyó de cinco ejes: fortalecer la gobernanza judicial, brindar certeza y afianzar la confianza ciudadana, ampliar el acceso a la justicia electoral, fortalecer la carrera judicial y el servicio de carrera administrativa y propiciar una administración eficaz.
Tiene mérito que en la Sala Superior no renuncien a esquemas de calidad y profesionalidad, porque será gracias a ese tipo de afanes que las destrucciones que avanzan en otras instituciones y órganos autónomos puedan ser paliadas y en el futuro revertidas.
Es, si hacemos una analogía, algo como no soltar el paraguas en una de las peores tormentas de que se tenga memoria.
El tema es de destacarse, porque el Tribunal Electoral tuvo que emprender ajustes internos a la par de resolver asuntos controversiales y de resistir los ataques que les lanzan, de tanto en tanto, desde Palacio Nacional y que de inmediato activan a diputados y senadores de Morena, quienes suelen radicalizar las posturas.
El trabajo ha sido intenso. Por ejemplo, respecto a la Revocación de Mandato, se resolvieron 6 mil 995 demandas, en un promedio de 3.14 por día. Un dato, se concluyeron, en tiempo y forma, 23 mil 700 asuntos.
Se atendieron los procesos electorales locales ordinarios de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, los procesos extraordinarios en Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tamaulipas, así como el cierre de los procesos electorales federal y concurrente 2020-2021.
Se estableció el turno jurisdiccional aleatorio, lo que despeja dudas sobre la instrucción de los casos. Esto es relevante porque despeja dudas y cancela cualquier posibilidad de favoritismo.
Los magistrados se tuvieron que ocupar, de igual manera, de la ilegal destitución de Jacobo Molina, el secretario general del INE, cuando el Plan B vivió a penas por unos días.
Los legisladores de Morena cometieron la barbaridad, entre muchas otras, de hacer una ley privativa para cesar de su cargo a un funcionario de larga trayectoria.
Para el Tribunal Electoral viene otra prueba de fuego, el proceso electoral del 2024. Por lo pronto, lo harán con ahorros, ya que los 3 mil 890 millones de pesos que se requieren para ese ejercicio, son menores en 25 %, en términos reales, a los presupuestos aprobados para el 2018.
Ojalá en la Cámara de Diputados respeten la propuesta. La democracia, conviene tenerlo presente, no es un gasto, sino una inversión, más que pertinente en momentos donde la polarización no se despejará y la contienda por la presidencia de la República será reñida.
Es justo en ese escenario en el que hay que valorar y respaldar el trabajo que hacen los jueces constitucionales, entre ellos, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
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