Al ser pública la actuación de esos impartidores de injusticias, mexicanas y mexicanos en total libertad democrática han emitido una sentencia que ya se extiende por todo el territorio nacional…
Como nunca antes había ocurrido, la sociedad tiene puesta la mirada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la actuación de sus 11 ministros -quienes son un poder real que decide sobre la vida, la libertad y el patrimonio de las personas-, los cuantiosos ingresos que reciben y la opulenta forma de vida que llevan con el dinero público, como son elevados salarios, bonos, seguros, viajes al extranjero, hoteles y restaurantes caros, vehículos de lujo blindados y hasta un guardadito de más de 20 mil millones de pesos en 14 fideicomisos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha exhibido los constantes fallos interesados que emiten ministros, magistrados y jueces, quienes de acuerdo con la Constitución están obligados a impartir justicia; sin embargo, hacen todo lo contrario, pues lo mismo liberan a delincuentes de cuello blanco que a criminales confesos como secuestradores, narcotraficantes, tratantes de personas, lavadores de dinero o defraudadores fiscales.
Al ser pública la actuación de esos impartidores de injusticias, mexicanas y mexicanos en total libertad democrática han emitido una sentencia que ya se extiende por todo el territorio nacional y, como sucede en un juicio social público, han encontrado culpables de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, nepotismo y sobornos a los togados que ocupan el estrado del máximo órgano del Poder Judicial Federal.
Hasta ahora, en los cinco años de la actual administración pública -y sólo le queda un año para concluir su gobierno al presidente López Obrador-, la Suprema Corte ha ganado en el área jurídica, es decir en juzgados, tribunales y salas de justicia donde sólo ellos tienen el control, y es allí en donde los ministros y su presidenta Norma Piña son juez y parte a la hora de dictar sentencias, sin que el Consejo de la Judicatura revise y vigile la actuación de jueces, magistrados y ministros, quienes no sólo no se apegan a la ley, sino que la venden al mejor postor.
Un ejemplo de que estos facultados para dictar sentencias son juez y parte, son los numerosos amparos que ese mismo Poder Judicial se ha otorgado a sí mismo para seguir cobrando cuantiosos salarios que rondan los 700 mil pesos mensuales, más una larga lista de prestaciones, que rebasan 300 por ciento el ingreso del presidente de la República, en descarada violación de la Carta Magna, cuyos preceptos constitucionales se los pasan por debajo de las lujosas y caras togas que visten los ministros de la Corte.
Así que jueces, magistrados y ministros en todo el país pueden hacer y decidir lo que quieran en las salas de sus tribunales, bajo el criterio de independencia, sin importarles en realidad la impartición de justicia, pues tienen la venia de su presidenta Norma Piña, quien los defiende a capa y espada, aún cuando cometan ilícitos bajo los argumentos de autonomía y libertad de criterio, pero siempre en favor del mejor postor, del que pague más, con una justicia selectiva que está en venta sin que ellos pierdan siquiera su “honorabilidad” y lo que consideran también su “dignidad”.
Los 11 ministros de la Corte lo mismo amparan a políticos corruptos que a empresarios defraudadores; liberan a delincuentes de cuello blanco que a criminales pertenecientes a cárteles del narcotráfico; fallan para frenar obras de programas sociales y emiten dictámenes para detener cambios constitucionales y frenar modificaciones de leyes o reglamentos; votan a favor de gobernadores de derecha para frenar distribución de libros de texto gratuito y lo mismo amparan a mandatarios o fiscales estatales para que mantengan su fuero y evitar que sean procesados por delitos graves.
Son muchos los casos que pueden servir de ejemplo de cómo se promueve desde la Corte la injusticia y la impunidad en México, pero volvamos al tema central, en donde decía que es en el juicio jurídico en donde el Poder Judicial, representado por los 11 ministros de la Corte, va ganando terreno al Poder Ejecutivo, porque la decisión final siempre está en sus propias manos.
Los fallos jurídicos exhibidos en la conferencia de prensa matutina impartida desde Palacio Nacional, han sorprendido no sólo a jueces, magistrados y ministros, sino a toda la población que ve con asombro cómo se libera a mafiosos y criminales; se protege a defraudadores financieros, evasores fiscales y lavadores de dinero; lo mismo que a políticos, burócratas corruptos y empresarios cómplices que desvían dinero público.
Afortunadamente en México, que goza de plenas libertades de expresión y de opinión, como corresponde a un régimen democrático, en el terreno de lo social la población ha emitido su juicio en contra de los ministros, magistrados y jueces, a quienes con pruebas y hechos públicos se les ha dictado un veredicto social cuya sentencia es de culpables, porque traicionan a México cada vez que venden su conciencia y la justicia por unos cuantos (millones de) pesos.
Así que mientras los miembros del Poder Judicial van ganando en el terreno jurídico, en el juicio social ya perdieron al ser exhibidos como lo que son: traidores a la justicia y a la patria.
Un tercer juicio sobre los facultados para impartir justicia, además de el legal y el social ya comentados, es el que se conoce como el juicio de la historia, en donde es a través del tiempo, una vez que pase la actual confrontación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, serán la academia y las instituciones de investigación de universidades públicas o privadas, centros gremiales como sindicatos obreros u organizaciones campesinas o patronales, los que darán también el veredicto de la historia que juzgará a la distancia la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por supuesto que también la actuación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta un juicio social y tendrá además su juicio de la historia. En el primer caso, en lo social, cuenta con una aceptación de la población que ronda el 70 por ciento, lo que es muy positivo para un mandatario que es acosado por distintos poderes, dos institucional como son la Suprema Corte y los partidos políticos opositores, y otros son los poderes fácticos como la prensa, grupos empresariales de ultraderecha, la iglesia y la delincuencia organizada.
Para el juicio de la historia que le espera a López Obrador, los elementos con los que cuenta hasta ahora la sociedad son las transformaciones política, económica y social que ha hecho junto con su gabinete en los primeros cinco años de gobierno, como son la apertura democrática, las libertades plenas, la defensa a los derechos humanos, la disminución de la pobreza, el combate a la desigualdad social, las mejoras al salario mínimo, las necesarias obras sociales, el aumento del empleo, los subsidios a los más necesitados, la fortaleza del peso ante el dólar, contener la violencia que por primera vez empieza a disminuir y, destacadamente, generar una mayor conciencia social.
En la situación social de los 11 ministros de la Corte, éstos no volverán a ser los mismos ni podrán moverse en la opacidad a la que estaban acostumbrados, porque la población ya los tiene bien identificados por las abusivas y corruptas decisiones que toman y las acciones que cometen, pero sobre todo por el juicio social que los ha encontrado culpables y que los va a perseguir por siempre a donde quiera que vayan o estén.
No olvides mantenerte informado en El Independiente MX
