Desde mediados de la década de los años cuarenta del siglo pasado, el diseño institucional de la UNAM, contrasta con la extrema desigualdad que existe en el pago que da a sus trabajadores.
El próximo 12 de octubre, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer de manera oficial los nombres de las personas que, conforme a la legislación universitaria tomando reúnan las cualidades para ocupar la rectoría.
El plazo para inscribirse al proceso de renovación concluyó el pasado cuatro de septiembre.
Los últimos tres rectores, Juan Ramón de la Fuente, José Narro y el actual, Enrique Graue, dirigieron la Facultad de Medicina antes de encabezar a la UNAM.
Desde mediados de la década de los años cuarenta del siglo pasado, el diseño institucional de la UNAM, contrasta con la extrema desigualdad que existe en el pago que da a sus trabajadores.
El catedrático de la Facultad de Economía, Carlos Guerrero Lizardi, elaboró una investigación titulada: “Por mi raza hablará la desigualdad”, en la que establece que la máxima casa de estudios “ha legitimado el ejercicio del poder autoritario del rector”.
Desde hace más de setenta años, ninguna de las propuestas o iniciativas sometidas por un rector ha sido rechazada por el Consejo Universitario −incluyendo, claro está, el nombramiento de los integrantes de la Junta de Gobierno quienes, a su vez, nombran al propio rector.
La conformación de las autoridades universitarias garantiza la existencia de una élite ajena a su comunidad, constituida por más de 350 mil estudiantes, más de 40 mil académicos, y más de 30 mil trabajadores administrativos de base.
El Consejo Universitario máximo órgano de gobierno de la UNAM, aprobó el presupuesto para 2023, que asciende a 52 mil 728 millones 127 mil 711 pesos. La universidad recibe más recursos del gobierno federal que 17 estados de la república.
Su presupuesto supera al de entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas.
Existen varios problemas de información y de toma de decisiones que, atentan contra los universitarios el más obvio es que en el informe anual del rector se omite la estadística más básica, la relativa a qué sucede cada semestre.
¿De los cientos de miles de estudiantes que ingresan a la UNAM semestre a semestre, año a año, por generación en sus distintos niveles, programas y dependencias, cuántos egresan en tiempo y forma?
La respuesta no es pública. Guerrero Lizardi, menciona que, a diferencia del Banco de México, que publica sus minutas que detallan los debates técnicos respecto a la toma de decisiones de política monetaria, la Junta de Gobierno no detalla ni un solo argumento respecto a su toma de decisiones.
Parece entonces que sus criterios no son técnicos sino políticos en el peor sentido de la palabra.
Sudáfrica, el país más desigual del mundo, un informe del Banco Mundial sobre el continente africano reveló que, en este país, el 10% más acaudalado de la población tiene 80% de la riqueza.
Si se tomara a la comunidad de la UNAM como una “microsociedad”, sería más desigual que Sudáfrica.
En Sudáfrica, según el Banco Mundial, un factor determinante para la desigualdad extrema es la discriminación racial.
En cambio, en la UNAM la desigualdad nace de la dispersión de los salarios para profesores, investigadores, directivos, administrativos y otros trabajadores que tiene su origen en la forma en que se gobierna la UNAM.
En la UNAM, “las desigualdades entre los académicos rebasan la dimensión exclusivamente monetaria”, pues la élite de directores, secretarios y eméritos reciben otras gratificaciones que incluyen desde el uso de un automóvil, hasta los gastos en alimentos.
Esta élite de profesores y funcionarios recibe, además, otras transferencias no monetarias y subsidios.
En contraste, los profesores de asignatura -base docente de la UNAM- no reciben este tipo de apoyos, tienen los peores sueldos y deben renovar su contrato cada semestre.
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