Los criterios procedimentales y de interpretación alegados por la Corte van en el sentido de justificar falsamente la división de poderes para así ocultar los intereses políticos de la guerra judicial emprendida…
Cuando al ministro Luis María Aguilar Morales se le asignó el expediente de la deuda fiscal de 25 mmdp de uno de los empresarios más poderosos del país -exhibida la actuación de éste por el presidente López Obrador sobre el modo faccioso que ha dado a la excepcional facultad de atracción, desde hace nueve meses, con el objetivo de congelar indefinidamente el caso- la maniobra respondió también llevar la guerra judicial a la presión presupuestaria en momentos cruciales de la sucesión.
Esa deuda equivale al presupuesto de un Estado de la Federación, adujo el Ejecutivo para dimensionar la afectación que trae consigo la violación del mandato constitucional de proteger la prioridad del interés social de la recaudación.
Los criterios procedimentales y de interpretación alegados por la Corte van en el sentido de justificar falsamente la división de poderes para así ocultar los intereses políticos de la guerra judicial emprendida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
La burda descortesía de haberse mantenido sentada a la llegada del presidente de la República al recinto donde se simboliza el origen del orden constitucional, le siguió la la advertencia de que hubiera “buenos abogados” en la Consejería Jurídica presidencial para enfrentar la embestida jurídica articulada y auspiciada por la cúpula empresarial a través del Consejo Nacional de Litigio Estratégico y la Asociación Mexicana del Amparo, donde se asesoran y formulan demandas legales de legisladores y dirigentes de partidos políticos opositores u organizaciones de la sociedad civil que orbitan alrededor del FAM o FCN, como la UNPF.
El alcance de la guerra judicial sólo se entiende en el contexto beligerante de la derecha mexicana representada en el FAM. Orientación política asumida por la SCJN, punta piramidal del Poder Judicial del Estado mexicano.
Controlada por los intereses de los potentados -acusa el presidente López Obrador cada vez que hace referencia al estado corrompido de la Corte- la subordinación de jueces, magistrados y ministros, al ser juez y parte de la confrontación institucional en la coyuntura sucesoria, determina que el rol contra el gobierno lopezobradorista es la apuesta de sofocar el proyecto de continuidad a costa de orillar la sucesión a una crisis política sin precedentes.
En 1988 y 2006 los conflictos post electorales marcaron la naturaleza de la oposición, en dos momentos distintos. La violencia política de 1994 evidenció las pugnas de las élites tecnocráticas por asumir el poder público durante el apogeo de las privatizaciones, concentración de la riqueza y polarización de la desigualdad social.
El triunfo electoral de 2018 detonó tardíamente la ruta opositora de lo que había sido el Pacto por México.
El activismo de la derecha se dirigió a obstaculizar las obras de infraestructura con la “lluvia” de recursos jurídicos proveniente de las cámaras del Congreso y organizaciones de la sociedad civil.
Las elecciones intermedias dieron origen a la “moratoria constitucional” y otras maniobras simultáneas como obstructivas (amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad) y con la llegada de la ministra Piña Hernández a la presidencia de la SCJN, un año y medio después, el principio de la división de poderes se convirtió en argucia para ocultar la postura golpista de la guerra judicial.
Las demostraciones de medir fuerzas con el Ejecutivo se han observado con el proceder controversial de jueces, magistrados y ministros.
Los asuntos penales son políticos. La orden de juzgadores para descongelar las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra inmediatamente después de haberse encontrado culpable a su esposo, Genaro García Luna, de los cargos de narcotráfico; y las de Luis Cárdenas Palomino, preso por cargos de tortura, son batallas que se libran a diario -dijo el presidente López Obrador para respaldar a Pablo Gómez, titular de la UIF- además de ser “una afrenta a la justicia, al movimiento que busca acabar con la corrupción y la impunidad” cuando las resoluciones definitivas e inatacables protegen a delincuentes del narcotráfico o de cuello blanco.
El caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, vinculado a proceso por el feminicidio de Ariadna Fernanda, alegando contar con fuero, el juez ha ordenado su liberación reiteradamente.
En este contexto, los nombramientos aparentemente de carácter administrativo son políticos.
La anuencia de la ministra Piña Hernández de contratar a Ricardo Márquez Blas -ex director de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la SSP, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa- y Sonia Vargas Terrero, quien ocupó la dirección de Recursos Materiales de la PFP, es el indicador desde dónde son protegidos los cuadros político-policiales del calderonismo y, a la vez, es la fuente de información privilegiada detrás de la Plataforma México sobre presuntos nexos de políticos del oficialismo con las diversas organizaciones criminales, especialmente de aquéllos que aspiran obtener una candidatura morenista.
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