Dentro del afán de mantener en reclusión al Fiscal General del Estado de Morelos, los agentes federales crearon un precedente que, jurídicamente hablando, puede servir de manera estratégica para la persecución de todos los Fiscales…
El 19 de septiembre se realizó la continuación de la audiencia inicial en contra del aún Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, donde después de una orquestación de Estado, agentes del ministerio público federal atrajeron el caso instruido en su contra.
Pero, dentro del afán de mantener en reclusión al Fiscal General del Estado de Morelos, los agentes federales crearon un precedente que, jurídicamente hablando, puede servir de manera estratégica para la persecución de todos los Fiscales Generales de las entidades federativas e incluso, del Fiscal General de la República.
Lo anterior se da a raíz de la imputación que los agentes federales realizaron contra el Fiscal General del Estado.
La Fiscalía General de la República acusa a Uriel Carmona, de la comisión del delito de tortura, pero, ¿basados en qué?
Los agentes federales basan su acusación en la simple subordinación jurídica del personal de la Agencia de Investigación Criminal quienes, supuestamente, torturaron a una persona privada de su libertad tras ser detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión.
Así las cosas, los agentes federales argumentaron que el Fiscal General de Morelos así como el equipo de la fiscalía estatal, orquestaron una estrategia para solicitar una orden de aprehensión y cateo en contra de la supuesta víctima y, hacerlo parecer un delincuente de alta peligrosidad.
Lo curioso es que el juez que presidia la audiencia donde los agentes federales argumentaron el supuesto abuso de autoridad, es el mismo que libró la orden de aprehensión y cateo en contra de la supuesta víctima. La amenaza, estaba lanzada.
Los agentes federales lograron su objetivo, vincular a proceso al aún fiscal general de Morelos, pero sin darse cuenta de su error, generaron un nuevo peligro de contagio sistémico para su jefe, Alejandro Gertz Manero.
Me explico. Lo hecho por los agentes federales da a entender que la delegación de facultades que la ley de una dependencia permite y ordena a sus titulares, para lograr el debido cumplimiento de los objetos institucionales, no exime a esos titulares de la responsabilidad de las conductas de sus subordinados.
Es decir, si un policía de tránsito pide dinero para dejar ir a un conductor que conduce en estado de ebriedad, el titular de la secretaría de seguridad debe ser procesado penalmente.
Si un agente de investigación decide crear vínculos con una organización delictiva, el titular de la fiscalía debe ser procesado penalmente por delincuencia organizada.
Ante ello, es obligación de todos los agentes del ministerio público que dirijan una investigación por delitos cometidos por algún servidor público, imputar e investigar al titular de la dependencia en la que labora el servidor público.
En ese claro ejemplo, Crecensio Sandoval, según la teoría de la fiscalía general de la República, debería ser procesado penalmente por la ejecución extrajudicial cometida por elementos de la SEDENA en Tamaulipas, donde 5 jóvenes fueron acribillados.
Gertz Manero debería ser recluido en un centro penitenciario por los actos de tortura acreditados en diversas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde personal de la agencia de investigación ha participado.
Ernestina Godoy debería ser recluida en Santa Martha Acatitla por el caso “Black Street Capital”, donde personal subordinado a la Fiscal General ejecutó un cateo ilegal para poder robar en el interior de un inmueble.
Los agentes federales no contemplaron el efecto mariposa de su terrible actuar instruidos por sus superiores jerárquicos. Su argumentación dada ante un juez, permite analizar que, en cada caso en particular, podremos los abogados acusar al titular de cada dependencia involucrada, solicitar que sean encarcelados, todo baja el argumento de que la simple subordinación hace culpable y cómplice a su titular.
Hoy la FGR se juega la poca credibilidad que le queda, mientras tanto, ha puesto en peligro a su propio titular, mostrando el camino que otros agentes ministeriales podrán seguir para perseguir a adversarios políticos.
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