Hasta el momento, con todas las investigaciones, testimonios y pruebas encontradas por las autoridades responsables, se tiene evidencias de que la disputa por el control de ese importante territorio para el comercio de drogas…
A nueve años del secuestro y posterior desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los investigadores directamente involucrado con las indagatorias, sostiene que los perpetradores de ese crimen de Estado habrían disuelto en ácido la mayoría de los cuerpos de los normalistas y que sólo restos de algunos normalistas fueron diseminados en distintos lugares con el único propósito de que jamás pudieran ser encontrados, razón por la cual aunque se ha roto el pacto de silencio como lo aunció el presidente de la República, ha sido imposible encontrar el lugar en donde estén los cuerpos de los estudiantes porque ya no existen.
Otra parte de esa versión oficial, explica el investigador que pide no revelar su nombre, es que el municipio de Iguala, Guerrero, antes de que bandas del crimen organizado se asentaran en ese territorio, era por su ubicación geográfica un importante centro de comercio de muchos productos, a donde llegar diversas mercancías por varias rutas de acceso y esa accesibilidad a la zona es ahora empleada por distintos grupos criminales que disputan esa plaza, porque hasta allí llegan las drogas de varias regiones del sur del país como Oaxaca, Morelos y la propia Montaña de Guerrero, para su posterior distribución.
TIENEN IDENTIFICADA LA RUTA
Inclusive, nos dice la fuente, las autoridades federales tienen bien identificada una ruta del trasiego de drogas que va desde Iguala hasta la ciudad de Chicago, al norte de Estados Unidos, razón por la cual agencias policiales antidrogas de Estados Unidos, como la DEA, mantenían interceptadas las comunicaciones de varios jefes de plaza del narcotráfico que operan en esa región y que constantemente están en rivalidad para controlar el comercio y la distribución de drogas como amapola, mariguana y hasta el peligroso fentanilo.
Hasta el momento, con todas las investigaciones, testimonios y pruebas encontradas por las autoridades responsables, se tiene evidencias de que la disputa por el control de ese importante territorio para el comercio de drogas llevó a uno de los grupos criminales que estaba perdiendo la plaza a planear y ejecutar el secuestro y posterior desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, con el propósito de desestabilizar la región y poder retomar el control.
Sin tener relación alguna con el comercio de las drogas, los estudiantes normalistas fueron utilizados como “carnada” por grupos criminales locales para generar un descontrol político en la región y ampliar sus operaciones ilícitas.
COMERCIO DE DROGAS EN IGUALA
Para hacer funcional esa operación del comercio de drogas en Iguala, los grupos criminales tenían en sus nóminas a militares locales, marinos, policías federales, estatales y municipales, agentes de seguridad nacional, políticos estatales y, de manera directa como si se tratara de un gerente en el negocio ilícito, al alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, actualmente presos y quienes fingían como administradores de la distribución de drogas.
Mientras ese centro de operación de drogas funcionaba en esa zona de Guerrero, igual como sucedía en 2014 en otros puntos estratégicos del territorio, en la capital del país eran omisos para atender el problema del narcotráfico que cada día crecía más.
Por eso cuando secuestran a los jóvenes normalistas rurales y los desaparecen, había un descontrol en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y de sus secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, así como del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quienes no sólo tardaron en reaccionar, sino que minimizaron los hechos y crearon la “verdad histórica”, en donde el entonces fiscal Tomás Zerón y su jefe el procurador desviaron las investigaciones, sembraron pruebas, fabricaron mentiras, torturaron y hasta asesinatos hubo.
Y DÓNDE QUEDÓ EL EX FISCAL
Algo que poco se sabe del exfiscal prófugo Tomás Zerón, quien hasta hoy es protegido del gobierno de Israel, es que fue uno de los consejeros financieros del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pues cuenta con estudios de Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional y antes de ser policía fue tesorero en la Compañía Industrial de Parras, director financiero en el Grupo Control de Riesgo y director financiero de Construsistem.
Como ahora se sabe, en aquel momento de la desaparición forzada hubo reuniones del gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos, en donde despachaba Peña Nieto, y allí se fraguó la llamada “verdad histórica” a fin de evitar que Ejército y Marina, así como otros miembros del gobierno, se vieran involucrados, por lo que la responsabilidad recayó en el procurador Murillo Karam y el fiscal Tomás Zerón, quienes de manera directa ocultaron pruebas y desviaron las investigaciones, con la anuencia de Peña, Osorio, Cienfuegos y Soberón, por lo cual deben ser llamados a declarar ante el Ministerio Público Federal por ser cómplices en la manipulación de la investigación y la fabricación de pruebas.
De acuerdo con las pruebas que hay en los expedientes del caso, asegura el investigador, el exprocurador Murillo y el exfiscal Zerón participaron directamente en las torturas a los involucrados, lo aque permitió fincarles responsabilidades penales.
Por fraguar la llamada “verdad histórica”, el gobierno de Peña Nieto les autorizó la asignación de contratos a Murillo y Zerón para la adquisición de bienes, servicios y equipo por miles de millones de dólares a cargo del presupuesto de la PGR, cuyo dinero público le permitió hacerse de una enorme fortuna ilícita y de eso hay pruebas que en otra entrega de esta columna daremos a conocer.
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