México es una nación con múltiples áreas de oportunidad en el desarrollo de capacidades de ciberseguridad, incluyendo conciencia, regulación, ejecución, gobernanza y diplomacia internacional
Esta semana me encuentro en Río de Janeiro participando en el Regional Workshop on Strengthening Resilience Against the Risk of Cyber-Enabled Theft Of Intellectual Property organizado por el Australian Strategy Policy Institute (ASPI) en Río de Janeiro, Brasil. Mi participación se debe a que seleccionado como el experto nacional de México para realizar el estudio Building Resilience Against Cyber- Enabled IP Theft An assessment of Mexico’ Vulnerability and Resilience Against State-Sponsored Cyber-Enabled IP Theft. De esta forma, mi participación se dará en el marco de compartir mis resultados con otros expertos de América Latina de Colombia, Perú, Brasil y Argentina.
La información proporcionada en este informe ofrece una visión integral de la posición de México en áreas cruciales relacionadas con el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la protección de la propiedad intelectual (PI), que puede ser resguardada en el ciberespacio.
México es una nación con múltiples áreas de oportunidad en el desarrollo de capacidades de ciberseguridad, incluyendo conciencia, regulación, ejecución, gobernanza y diplomacia internacional.
Persisten preocupaciones con respecto a la conciencia de ciberseguridad, especialmente en la protección de dispositivos electrónicos y la vulnerabilidad cibernética entre los usuarios.
Además, hay una falta de educación en ciberseguridad en la educación primaria y secundaria en el país. Sin embargo, la inversión en ciberseguridad en el sector privado está en aumento.
México también participa activamente en iniciativas internacionales de ciberseguridad, aunque esto no se ha traducido en políticas nacionales sólidas.
México carece actualmente de legislación específica para combatir el cibercrimen, con propuestas legislativas que buscan establecer una Ley Nacional de Ciberseguridad o Cibercrimen. A pesar de tener una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, su implementación es débil o inexistente. Las investigaciones y enjuiciamientos de cibercrímenes son limitados, lo que contribuye a un ambiente de impunidad. El país no es signatario del Convenio de Budapest, que podría facilitar la cooperación internacional en el ámbito del cibercrimen.
En aspectos relacionados con el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, los hallazgos resaltan que México ha logrado avances significativos en el aumento de la inscripción en la educación secundaria y en establecer este nivel de educación como un derecho fundamental. Sin embargo, persisten desafíos para garantizar el acceso universal a este nivel de educación. Además, a pesar del crecimiento sustancial en las inscripciones en la educación terciaria, las tasas de abandono siguen siendo un problema debido a diversos factores contribuyentes. La penetración de internet ha aumentado, pero persisten disparidades, especialmente en áreas rurales y entre grupos de edad más avanzada.
México ha establecido marcos políticos e incentivos para fomentar la economía basada en el conocimiento, respaldados por agencias gubernamentales. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el impacto de las políticas actuales de austeridad del gobierno, particularmente en sectores relacionados con la ciencia y la tecnología. México ha implementado iniciativas destinadas a atraer inversiones, especialmente en sectores clave, a través de incentivos fiscales y programas promocionales.
En cuanto a registros de propiedad intelectual, México muestra un crecimiento constante en varios tipos de propiedad intelectual, especialmente en campos como productos farmacéuticos, química de materiales y tecnología médica.
Las industrias intensivas en propiedad intelectual realizan contribuciones significativas al PIB del país y al empleo. La financiación para investigación y desarrollo en México está por debajo de los promedios globales, con un porcentaje menor del PIB asignado a la investigación y desarrollo.
El gasto público sigue siendo la principal fuente de financiación para la investigación y el desarrollo, y se han reducido los incentivos para estudiantes de posgrado. La economía digital de México ha experimentado un crecimiento notable, con un porcentaje significativo de la población utilizando internet.
El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento considerable, y las iniciativas gubernamentales tienen como objetivo mejorar la infraestructura digital y el acceso en áreas rurales y desatendidas.
La calidad de la gobernanza, la estabilidad, la baja corrupción y la transparencia son fundamentales para combatir el robo de propiedad intelectual habilitado por la ciberseguridad.
Sin embargo, los hallazgos indican la persistencia de la corrupción como un problema significativo en México, a pesar de las intenciones expresadas por el gobierno para combatirla. En cuanto a la capacidad de México para proteger los derechos de propiedad intelectual y evaluar la conciencia societal sobre este tema, los hallazgos indican que solo un tercio de la población mexicana entiende los conceptos de propiedad intelectual y propiedad industrial.
Una parte significativa de la población continúa comprando productos pirateados, aunque la mayoría lo considera ilegal. La presencia de México en la lista de vigilancia del Representante de Comercio de los Estados Unidos respecto a preocupaciones de propiedad intelectual señala la necesidad de mejorar.
La gobernanza, la protección de la propiedad intelectual y la ciberseguridad son áreas con varios desafíos que requieren atención y reforma enfocada en el país.
Capacidades Operativas y de Ejecución
La defensa de México contra el espionaje económico cibernético se ve socavada por problemas asociados con la conciencia, la gobernanza y la ejecución en relación con la ciberseguridad y la protección de la propiedad intelectual.
El Informe Especial 301 de los Representantes de Comercio de EE. UU., coloca a México en su «Lista de Observación», lo que hace que el país esté sujeto a vigilancia debido al riesgo de que la propiedad intelectual se convierta en un asunto más urgente. Según el «Estudio Nacional sobre Hábitos de Consumo de Piratería» realizado por el Gobierno Federal, solo un tercio de la población de México entiende el concepto de propiedad intelectual o industrial y cómo funciona.
Esta ausencia de una cultura en torno a la protección de la PI se observa en el consumo de productos falsificados o pirateados en México, estimándose que un 70% de la población adquirió un producto pirateado en 2022. Iniciativas de instituciones como el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) tienen como objetivo promover la conciencia sobre la PI y proteger las innovaciones.
Los marcos legislativos, incluyendo la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, proporcionan la base para la protección de la PI en México. A pesar de compromisos internacionales en acuerdos como el T-MEC, las limitaciones presupuestarias han obstaculizado la implementación efectiva de leyes y estrategias para reforzar la protección de la PI. IMPI colabora con entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional, y se adhiere a diversas convenciones internacionales para fortalecer los derechos de PI.
A pesar de estos esfuerzos, persisten desafíos administrativos, ya que un porcentaje significativo de solicitudes relacionadas con la PI quedan sin resolver o se anulan, enfatizando los obstáculos existentes en el enjuiciamiento de la PI en el país. Mientras tanto, hay una creciente atención pública hacia la ciberseguridad debido a varios grandes robos de datos.
Según Infosecurity México, la inversión en ciberseguridad por parte del sector privado superó a otros segmentos de la industria de TI en 2020, con un crecimiento del 10% para alcanzar los 53 mil millones de dólares.
El sector bancario y financiero se ve particularmente afectado, con un estudio realizado por la OEA y la Comisión Nacional de Seguridad Bancaria indicando que el 100% de las entidades e instituciones financieras en México afirmaron haber identificado algún tipo de evento de seguridad digital (ataques exitosos y no exitosos) en su contra.
Sin embargo, la investigación y enjuiciamiento de cibercrímenes en México son débiles, con menos del 5% iniciando una investigación, lo que contribuye a un entorno de impunidad. México carece de legislación específica para combatir el cibercrimen, aun estando en discusión propuestas para una Ley Nacional de Ciberseguridad o una Ley Nacional de Cibercrimen.
A pesar de que se desarrolló una Estrategia Nacional de Ciberseguridad en 2017, su impacto es limitado ya que no fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (lo que significa que no fue adoptada por el gobierno).
Existe una falta de coordinación y delimitación de responsabilidades en la gobernanza de la ciberseguridad en México, lo que conlleva a esfuerzos institucionales descoordinados y deja al país vulnerable a ciberataques. A pesar de la participación internacional en iniciativas globales de ciberseguridad, la ciberseguridad no se ha convertido en un tema central en la política nacional, reflejando una disparidad entre el activismo internacional y el panorama de políticas domésticas.
La experiencia en el Workshop fue maravillosa, hace falta mucho por fortalecer en el marco de la ciberseguridad en México y América Latina para proteger la propiedad intelectual en el ciberespacio. Sigamos trabajando en ello para construir la resiliencia.
X: @Travelerjm
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