En 2023, se sufrieron las consecuencias de la agresión y la seguridad personal de los candidatos. Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca y Sinaloa fueron cooptados por el crimen organizado
El día de ayer le documenté que la alcaldesa Griselda Martínez Martínez de Manzanillo acusó que fue expulsada de Morena por denunciar la presencia del narco en eventos de Claudia Sheinbaum.
Y esta es la antesala de que las elecciones del 2024 representan un enorme riesgo. Lorenzo Córdova en alguna ocasión como Consejero Presidente del INE señaló que en las elecciones intermedias enfrentaron cuatro grandes problemas con éxito: la pandemia, los ataques desde Palacio, el recorte de presupuesto y la participación del crimen organizado en las urnas.
Salvo por el impacto del COVID en junio la situación es muy similar pero más acentuada. Entre las ciudades del mundo más peligrosas para vivir 7 son mexicanas.
La democracia mexicana pasa por dos vertientes lamentables, las presiones de los matones y el marcado abstencionismo.
Desde el 2018 hay registro del incremento de la violencia y el desmoronamiento de las instituciones.
No abona el constante ataque y agresividad presidencial con todos y contra todos.
En 2023, se sufrieron las consecuencias de la agresión y la seguridad personal de los candidatos. Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca y Sinaloa fueron cooptados por el crimen organizado.
En el 2020 se comprobó la existencia de mil 66 delitos y agresiones, considerando 102 homicidios dolosos y 48 en grado de tentativa, cometidos por grupos armados.
La oferta desde Palacio fue solicitar a las abuelas nalguear a los sicarios. La administración federal dejó su responsabilidad constitucional y dejó de ser garante de la seguridad.
En el Estado de México el cobro de cuotas a los trabajadores por el mismo gobierno y la extorsión por uso de suelo por parte de los delincuentes ya permitieron sangrientos eventos en donde la sociedad civil se defiende ante la ausencia de la gobernadora Delfina Gómez.
Hay videograbaciones de cómo miembros de la Guardia Nacional y hampones armados hostigan, amenazan, roban e incluso asesinan a transportistas en todo el país.
Quedó testimonio de la forma en que los habitantes de los municipios de Chicomuselo y Bella Vista, en la frontera de Chiapas con Guatemala, recibieron con gratitud a los comandos paramilitares del Cártel de Sinaloa por los constantes abusos del gobierno, la injerencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y la incompetencia de las autoridades.
Recordemos cómo la nada de “motonetos”, también en Chiapas, doblaron a los alcaldes que se quejaron de falta de elementos policiacos y armas.
Los “motonetos” se diputaron a tiros el control de la extorsión en los mercados públicos.
En Acapulco y Chilpancingo el desorden es exponencial y los disparos y muertes son cotidianas.
Luego del paso del huracán OTIS es el crimen organizado el que reacomoda y modifica sus estrategias de sobornos.
Ante estos hechos el silencio de la CNDH es insultante. El año pasado, la cifra de soldados muertos se elevó en un 138 por ciento.
La fuerza internacional de los cárteles mexicanos y la corrupción en este sexenio en migración y aduanas, han dejado la puerta abierta para los atentados electorales, inhibir a candidatos, imponer sus reglas y definir los gobiernos.
Para AMLO, que nunca aceptó los veredictos electorales que no le favorecían y gritaba “fraude”, “voto por voto, casilla por casilla”, se antoja imposible de creer que, en su probable derrota en junio, no manipule “sus” datos y se niegue a entregar la administración pública a los neoliberales, corruptos y fifis.
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