La Fiscalía sostiene que los magistrados Anzures Uribe y Anaya Domínguez, como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, cometieron el delito relativo al ejercicio abusivo de funciones
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), abrió una carpeta de investigación (FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000098/2023) por tres presuntos delitos que involucra a dos magistrados de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Rafael Anzures Uribe (expresidente de dicho órgano) y Luz María Anaya Domínguez, a quienes acusaron de pago y recibo indebido de remuneraciones de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito.
La titular de la Fiscalía anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, recibió dicha denuncia en diciembre de 2021 y, después de las actuaciones y análisis que hicieron los ministerios públicos especializados sobre dichas acusaciones, se determinó integrar tres gruesas carpetas -una por cada delito- y citar a comparecer a los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal para que inicien su defensa ante dichas acusaciones.
Desde 2021, había trascendido en ese órgano de justicia administrativa federal que había algunas carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía anticorrupción en contra de varios miembros de la Sala Superior del TFJA por el delito de presunto enriquecimiento ilícito, y hasta el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se pronunciaron al respecto y reconocieron la existencia de las indagatorias a cargo de la Procuraduría Fiscal y de la FGR.
Hoy damos a conocer algunos elementos de la carpeta de investigación que bajo el número FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000098/2023 abrió la Fiscalía anticorrupción, en donde se aportan nuevos indicios de supuesta corrupción en ese Tribunal cuando tuvo como presidente a Rafael Anzures Uribe, pues según la denuncia en poder de Oficio de papel, el delito de pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos se configura cuando el funcionario autoriza, paga o recibe una remuneración mayor a la del presidente de la República, salvo que se cuente con una suspensión otorgada por una autoridad judicial que justifique la inaplicación de las normas que contemplan precisamente tal limitante.
Este caso que investiga la Fiscalía anticorrupción es porque, según el denunciante, el magistrado Anzures Uribe, en su calidad del presidente del Tribunal, habría autorizado a la magistrada Anaya Domínguez que, desde julio de 2021 y febrero de 2022, recibiera un salario más alto que el del presidente de la República, sin contar con una suspensión ni amparo del Poder Judicial que le permitiera esa canonjía y, por otra parte, la magistrada Anaya, a sabiendas de que carecía de tal suspensión, recibió y aceptó dicho pago en demasía.
En la denuncia se hace notar que Anaya Domínguez fue magistrada regional del TFJA hasta junio de 2021 e interpuso un juicio de amparo en contra de la abrogada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (vigente hasta mayo de 2021), en el cual le fue concedida una suspensión en contra de la aplicación de los efectos de dicha norma, lo cual le permitía recibir por el cargo de magistrada regional una remuneración más alta que la del Ejecutivo Federal.
Hasta ahí todo iba bien; sin embargo, en julio de 2021, Anaya es designada magistrada de Sala Superior del Tribunal y esto cambia su situación jurídica, no sólo porque ostentaba un cargo diverso a aquél por el que se le había otorgado la suspensión, sino porque precisamente en mayo de 2021 entró en vigor una nueva Ley Federal de Remuneraciones que sujeta la cuantificación de dicho ingreso que le debe ser pagado como magistrada de Sala Superior, norma respecto de la cual no se amparó y, por ende, no gozaba de una suspensión que justificara el pago en demasía que recibió de manera reiterada durante 2021.
La denuncia sostiene que Anaya Domínguez contaba con una suspensión que le autorizaba ganar más que el presidente cuando era magistrada regional, pero al ascender al cargo de magistrada de Sala Superior y sujetarse a la nueva normatividad, de la cual no contaba con amparo alguno, pues no se justificaban la remuneración que le fue autorizada por el entonces presidente del TFJA, Rafael Anzures, y que es superior a la del presidente López Obrador.
Del segundo delito relativo al ejercicio abusivo de funciones, la acusación que investiga la Fiscalía sostiene que los magistrados Anzures Uribe y Anaya Domínguez, como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, tuvieron conocimiento de los trámites que realizaba el entonces magistrado Juan Ángel Chávez Ramírez para que se le autorizara su incapacidad total y permanente, abalada por la institución de salud del ISSSTE, y por tanto se le daría de baja como magistrado, dejando una silla vacía en Sala Superior.
Dicha información, conocida por los magistrados denunciados, fue utilizada por ellos, según el denunciante, sin dar aviso al Pleno General de Sala Superior -órgano encargado de hacer del conocimiento de las plazas vacantes al presidente de la República, conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica del TFJA-, y gestionaron de manera supuestamente ilícita el nombramiento de Anaya Domínguez en sustitución de Chávez Ramírez, lo que provocó un aumento indebido en los ingresos de la magistrada, por lo que ambos, de acuerdo con la denuncia, habrían cometido presuntamente el delito de ejercicio abusivo de funciones.
En cuanto al tercer delito de enriquecimiento ilícito, éste se configura cuando servidores públicos con motivo de su encargo o comisión no pueden acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes inmuebles que están a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños.
En la denuncia, se asegura que la magistrada Luz María Anaya Domínguez aumentó supuestamente su patrimonio en 2021 sin poder acreditar su legítima obtención, ya que derivó de los ingresos y prestaciones que recibió, a sabiendas de que ya se había desistido del amparo en el que estaba la suspensión que la autorizaba a ganar más que el salario del presidente de la República.
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