La situación fiscal en México muestra el carácter urgente de llevar a cabo una reforma tributaria que le permita al Estado obtener mayores ingresos, de modo que expanda su rango de acción política
En la “Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024”, del grupo financiero BBVA, la candidata Claudia Sheinbaum, expresó que, de ganar la presidencia de la República, no habrá una reforma fiscal en su sexenio. México lleva postergando una reforma fiscal seis décadas.
En los años sesenta del siglo pasado, se dio la gran oportunidad de reformar de fondo el sistema fiscal cuando se presentó lo que se denominó el “Informe de Kaldor”, que el gobierno de Adolfo López Mateos desechó por razones de “moderación tributaria”.
La propuesta de reforma al sistema fiscal que hizo Nicholas Kaldor en 1960, subrayó la necesidad de lograr un ingreso público eficiente y sostenible que permitiera crecer y satisfacer los déficit sociales.
Desde el siglo XX hay un pacto implícito entre la élite económica y el poder político que frena cualquier intento de reforma fiscal que afecte a sus intereses.
La evasión y la elusión fiscal, la economía informal y la corrupción, han contribuido a una baja recaudación tributaria que se observa en el país; por lo cual se hace imprescindible atacar estos problemas agudos y complejos de manera directa y frontal, con la finalidad de buscar incrementar los recursos públicos.
La situación fiscal en México —diagnosticada en innumerables ocasiones— muestra el carácter urgente de llevar a cabo una reforma tributaria que le permita al Estado obtener mayores ingresos, de modo que expanda su rango de acción política.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país de la organización que menos recauda en relación con la riqueza generada, con apenas 16.2 % de su PIB, por detrás de países como Turquía e Irlanda.
Incluso, si se compara con otros países de América Latina y el Caribe, la recaudación de México es notablemente menor que la gran mayoría de países de la región, apenas superando a Perú, Panamá, República Dominicana, Paraguay y Guatemala.
De igual manera, cuando se observa a nivel local, encontramos una evidente área de oportunidad en lo que respecta a estados y municipios.
A manera de ejemplo, baste señalar que la recaudación del impuesto predial en México apenas representa 0.3 % del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 1.9 %.
En el año de 2013, se logró aumentar ligeramente la recaudación, pero se estuvo muy lejos de abordar los problemas de fondo del sistema tributario: baja recaudación y poca efectividad distributiva, una porosidad en el sistema, y una gran la opacidad.
La constante postergación de una adecuada reforma hacendaria ha llevado a límites poco saludables, poniendo en riesgo la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones.
Pocos son los estudios que han tratado de explicar las actitudes de los mexicanos ante sus obligaciones tributarias, aspecto que debería cobrar mayor relevancia ya que cualquier intento de reforma —ya sea tributaria o de otra índole— deberá someterse invariablemente a debate público y, para que sea exitosa, deberá ser lo suficientemente persuasiva para convencer a la opinión pública.
Si bien la percepción negativa de los ciudadanos sobre los impuestos en México ha tenido su origen en el gasto irresponsable y en la corrupción dentro del sector público, el cambio de gobierno en 2024 nos obliga a preguntar si los mexicanos aún mantenemos esa visión respecto a nuestras obligaciones fiscales.
En materia impositiva, México no ha actuado de acuerdo con su grado de desarrollo.
Durante décadas, el petróleo fungió como amortiguador de este bajo esfuerzo tributario, pero el declive de los ingresos captados por la exportación de petróleo y los cambios estructurales que habrán de experimentar las instituciones en la nueva administración, colocan el tema tributario como un asunto de prioridad nacional.
No olvides mantenerte informado en El Independiente MX
