El próximo primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en la posibilidad de encabezar los cambios constitucionales del llamado “Plan C” que -sin duda-, serán su legado más importante en la construcción de la nueva institucionalidad
Cabe la pregunta de si el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en las elecciones presidenciales y la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de haber aprobado el pasado 23 de agosto, que Morena y sus aliados asuman el 73 % de las curules de la Cámara de Diputados, constituye un cambio de régimen.
¿De qué clase de “transformación” estamos hablando?
Estamos presenciando un “cambio de régimen”, ¿qué significa?, ¿en qué consiste?
Para valorar la experiencia del próximo sexenio (2024-2030), es importante inscribir este nuevo periodo gubernamental , en el ciclo político del que precede.
Un cambio de régimen implica una modificación en las “reglas del juego” .
El ciclo político mexicano entró en una nueva dinámica a partir de 2018.
Desde entonces, se cuestionan las bases para el origen y el ejercicio del poder, tal como se habían ejercido de 1982 al 2018.
La trascendencia de lo que acontecerá el próximo primero de septiembre fecha en la que dará inicio la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, se puede medir cuando se observa que Morena tendrá un grupo parlamentario de 236 diputados y será la primera fuerza; el PVEM, 77; el PAN, 72; el PT, 51; el PRI, 35; MC, 27; el PRD, uno, y una curul será otorgada a un legislador independiente.
En la conformación del Senado de la República, Morena tendrá 60 senadores; el PAN, 22; el PRI, 16; el PVEM, 14; el PT, 9; MC, 5, y el PRD, 2.
En el senado el bloque mayoritario tendrá 83 legisladores, y quedará a solo tres escaños para tener mayoría calificada en la Cámara alta.
El próximo primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en la posibilidad de encabezar los cambios constitucionales del llamado “Plan C” que -sin duda-, serán su legado más importante en la construcción de la nueva institucionalidad .
Por primera vez en la historia, un presidente de la República que concluye su mandato contará con un nuevo Congreso de la Unión con la mayoría suficiente para concretar sus reformas constitucionales.
El presidente puso en la mira que, en las elecciones del 2024, su objetivo no era solo que su partido saliera triunfante, sino que se dieran las condiciones para aprobar el llamado “Plan C”.
Recordemos que el cinco de febrero de 2024, el jefe del Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reformas constitucionales dirigidas a elegir por voto popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a jueces, así como a magistrados federales; reducir su duración en el cargo; vincular sus salarios a los del Poder Ejecutivo; y crear un tribunal disciplinario judicial, cuya elección sería por votación popular.
El proyecto fue aprobado por el Senado de la República en dos partes; el primero el 14 diciembre de 2022 y el segundo el 23 de febrero de 2023.
El “Plan B” hacía referencia a leyes secundarias en la materia propuesta por el titular del Ejecutivo Federal que modificaban la “Ley Orgánica del Poder Judicial”, la “Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, la “Ley General de Partidos Políticos”, la “Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”, “Ley General de Comunicación Social”, así como la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Ante la presentación de diversas denuncias de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial, la SCJN declaró inválidas dos reformas a las leyes aprobadas el ocho de mayo de 2023: Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La segunda parte del “Plan B” fue invalidado el 22 de junio de 2023 al considerar que ambas Cámaras incurrieron en múltiples violaciones al proceso legislativo.
En septiembre una de las iniciativas que el presidente también va a enviar será para concretar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que la SCJ declaró inconstitucional su traslado a las Fuerzas Armadas.
Es importante tener en cuenta que el nuevo Poder Judicial que se habrá de instaurar en México, será un cambio de fondo en la institucionalidad del Estado mexicano.
La reforma judicial propone la elección de todas las personas juezas y magistradas.
Las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actualmente nombradas con participación del ejecutivo y del Senado, también serían elegidas por voto popular, así como las personas magistradas electorales.
Además, la reforma contempla replicar el mismo modelo en los 32 estados de México.
En este nuevo esquema, las candidaturas a los cargos judiciales serían postuladas por los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
De acuerdo al dictamen actual de la reforma, después de una convocatoria pública, cada poder integraría un Comité de Evaluación compuesto por personas expertas para seleccionar a un listado corto de aspirantes; dicho listado sería depurado mediante insaculación y los nombres finales serían remitidos al poder correspondiente para su aprobación.
Con la aprobación de los cambios del “Plan C” se va a romper con un diseño constitucional que en los hechos hacía al Poder Judicial un poder de poderes.
Con la aprobación del “Plan C” se confirmará que en el proceso de cambio político se están cumpliendo tres de las condiciones centrales de Cuarta transformación .
La primera es que las fuerzas que llegan al gobierno van a emprender con éxito reformas para estructurar un nuevo régimen democrático rompiendo así con el legado del pasado autoritario de los gobiernos del PRI y el PAN.
La segunda es que el poder de los grupos autoritarios para convocar a una restauración conservadora se reduce significativamente y la tercera es la presencia de una ciudadanía con una cultura cívica democrática sólida , como la que se hizo patente el pasado dos de junio.
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