BERLÍN, Alemania.– En esta ciudad, el país y prácticamente en toda la Unión Europea han avanzado mucho, pero aún no acaban el debate ni la legislación ante la violación a la privacidad que representan las cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en lugares públicos y privados, porque recopilan información sensible, delicada, datos biométricos únicos de la gente, lo que potencialmente los pone en riesgo.
En la Ciudad de México ni ha comenzado el debate, ni la legislación al respecto, a pesar de que, desde 2019, al inicio del sexenio anterior, Juan Manuel García, entonces titular del C5 presumió la instalación de 18 mil 500 cámaras con capacidad para reconocimiento facial, y ahora se pretende seguir esta política en el gobierno de Clara Brugada, a través del mismo C5, ahora a cargo de Salvador Guerrero Chiprés, quien como presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia utilizó al noble organismo para hacer campaña a favor de Brugada.
El C5 con ese potencial de espionaje y seguimiento a la carta con videocámaras de reconocimiento facial está totalmente al servicio de la 4T, sin límites legales. Existe un vacío, no hay suficiente base jurídica en que se establezca quién puede obtener datos biométricos únicos con cámaras de reconocimiento facial y guardar la información. Este sistema, por ejemplo, podría estar siendo utilizado ahora para identificar y seguir a los principales líderes que han salido a las calles a protestar contra la reforma al Poder Judicial Federal.
Para ellos y para todos los ciudadanos, si no se regula, es elevado el riesgo potencial de estar bajo la mirada de miles de cámaras con reconocimiento facial, no sólo porque atenta contra sus libertades, sino también contra su seguridad. Por eso, para empezar, tiene que darse una discusión profunda y tenerse una regulación vía el Congreso de la Ciudad de México, y luego a nivel nacional, a fin de establecer con rigor en las leyes los alcances de esos instrumentos: ¿Cuándo se justifica darle seguimiento en específico a alguien? ¿Quién debe o puede dar la orden de hacerlo? ¿En dónde se archiva la información antropométrica? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿Con qué certeza se puede decir que no hay riesgo para la gente de que se utilice para cometer delitos en su contra?
Esta situación podría ser más compleja porque el “segundo piso de la Cuarta Transformación” va a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo que por ley se encarga de “defender” al ciudadano en este tema.
Aunque también hay que decirlo, en este punto, el INAI ha eludido su responsabilidad: no ha intervenido de oficio para resguardar la información biométrica que obtienen los sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial. Tampoco han actuado como debieran en contra de aplicaciones de redes sociales y otras que ofrecen hasta dinero a cambio de que la gente les entregue fotografías de su rostro. ¿Si no lo ha hecho el INAI, quién sí debería hacerlo en el futuro? Es la gran incógnita. En otras partes de América Latina y en Europa autoridades iniciaron juicios para contener esta problemática.
Habrá quien diga que la videovigilancia con reconocimiento facial es por la seguridad, pero el Gobierno de la CDMX tampoco puede presumir que sus 18 mil 500 camaritas sirvieron de algo: la impunidad sigue en niveles del 98%. Urge regular todo lo concerniente a la información biométrica que obtiene el C5, pero también otros sistemas a nivel nacional. Así que, diputados a trabajar, con marcaje personal a Guerrero Chiprés. Lo veremos.
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