Puebla representa una de las evidencias sobre la consistencia del Modelo Habsburgo y patrimonialista en México y, quizá, Latinoamérica.
Independientemente del partido gobernante, la corrupción municipal homologa a la clase política.
Queda para el anecdotario de municipaladas el conjunto de estrategias que los alcaldes y cabildos implementan para el año de Carranza, así como las negociaciones entre los legisladores locales para cabildear las cuentas públicas de sus gobiernos municipales.
El resultado final se manifiesta en los indicadores de calidad humana, infraestructura, gobernanza y desarrollo económico: nadie es responsable, o todos.
Pasan los gobiernos y sus partidos, y los indicadores municipales no mejoran.
El morenovallismo se pretendió configurar como el modelo administrativo anticorrupción más eficaz; sin embargo, fue todo lo contrario.
Cuando en el 2018 su hegemonía territorial fue disputada por el barbosismo, arriesgó todas las cuentas públicas municipales si Martha Ericka Alonso triunfaba; y cumplió. El morenovallismo terminó asociándose a la Cuarta Transformación, igual que otras facciones de poder.
Los anuarios estadísticos municipales cambian lentamente, a diferencia de las alternancias políticas; es necesario adaptarse.
Sólo la prensa da cuenta de algunos casos de daño patrimonial que sólo la opinión pública sanciona porque, a pesar de los esfuerzos que hacen los funcionarios de los organismos reguladores anticorrupción, casi nadie es sancionado por el Poder Legislativo y Ejecutivo.
La imposibilidad de acabar con el patrimonialismo municipal lleva a fundamentar la necesidad vital de concluir con la reelección de alcaldes y demás concejales, ojalá y se hiciera lo mismo con otros funcionarios locales.
La reforma al artículo 115 constitucional queda a la espera de otras tantas tareas surrealistas que esperan al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Inhibir la reelección de las administraciones municipales en manera definitiva, nos devuelve a la fila de las tortillas que Jeffrey Weldon y Peter Smith establecían para el sistema político mexicano; pero, al menos, la corrupción se democratiza, ya no roban los mismos y el poder económico fluye también a otros grupos.
El neoliberalismo y su retórica federalista de sociedad civil, terminó por acrecentar la cultura de la corrupción mexicana.
La mayor parte de los municipios en el país se encuentran en condiciones más que desfavorables, lo ideal sería convertir a la republica mexicana en un estado centralizado o unitario que designara, al menos, autoridades locales competentes.
El abandono de los municipios, disfrazado de autonomía federal, ha provocado los escenarios de Guerrero y fortalecido el cacicazgo regional.
El federalismo sólo es virtuoso cuando a los alcaldes se les disminuye el presupuesto.
Es verdad que los presidentes municipales roban poquito; pero, si este es el nivel de corrupción en la célula del organismo patrio, la descomposición que guarda la república es de proporciones inimaginables.
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