Hasta para los bajos estándares que imperan en la 4T debe ser todo un dilema sostener en la CNDH a Rosario Piedra.
Se perfila para la reelección, pero su participación ante los senadores mostró que eso puede ser una pésima idea, inclusive desde la perspectiva, ahora imperante, de que la institución protectora de derechos sea un cascarón vacío que si acaso se active para los respaldos de las políticas oficiales en curso.
Esto es así, porque en el escenario de un partido hegemónico, una oposición acotada, con la militarización de la seguridad pública, con la persecución cotidiana en contra de las personas migrantes y con una delirante reforma judicial se requiere, aunque sea de modo tímido, algún tipo de barrera, de pared que evite que las aguas se desborden.
Pierda Ibarra es una militante, una propagandista de Morena que utilizó a la CNDH, despojándola de su esencia, para intentar solapar políticas contrarias al avance de los derechos humanos.
Solo lo intentó, porque en realidad no resultó un factor significativo, porque en la disposición de poner a la institución al servicio del poder hizo que perdiera utilidad y que su legitimidad se desvaneciera.
Nunca una ombudsperson resultó tan obsequiosa con los gobernantes en turno, tan apegada al libreto que escribieron en Palacio Nacional para tratar de imponer la ficción de que las cosas van bien en lo que respecta a la seguridad pública y que esto no afecta a los ciudadanos y a sus familias.
Pero, además, intoxicó el ambiente de la CNDH, expulsó a personal calificado y con experiencia, al establecer una política de la delación, de purgas internas.
Al Consejo Consultivo lo ignoró, al grado de que dejó de funcionar y sus integrantes optaron por separarse un cargo.
Piedra Ibarra está anclada en un análisis del pasado sin matices que sostiene que el país inició su senda de progreso el 1 de diciembre de 2018 y la CNDH solo cuando ella resultó designada por el Senado.
Tuvo reacciones sectarias, como la de cambiar el nombre del edificio central de la CNDH para que se dejará de llamar Jorge Carpizo.
Asesorada por un grupo de acomplejados, cayó en la trampa de tratar de borrar un legado, el del exrector de la UNAM, que crece cada día que pasa, sobre todo porque su obra y pensamiento en temas como los de la transparencia, la seguridad ciudadana y los derechos humanos están más vigentes que nunca.
Hasta para el más despistado es evidente la distancia que existe entre lo que se hizo con eficacia y decoro en el pasado y lo que se desarrolla con silencio y complicidad en el presente.
Carpizo, el ombudsman, nunca tuvo miedo a los agentes de seguridad o del Ejército que cometían arbitrariedades, al contrario, emitió recomendaciones ejemplares, pero al mismo tiempo abonó para que existieran políticas institucionales que mejoraran a las policías y que revirtieran la impunidad.
Estableció el acompañamiento de las víctimas como norma, y nunca permitió que los poderosos trataran de denigrarlas, lo que se muestra en un recorrido por su actuación en los años de arranque, en los días en que múltiples interese jugaban contra la consolidación de una institución que cambió, para bien, a México.
Ahora que el paso de Piedra ya muestra los daños causados, es la oportunidad de que los senadores tomen una decisión que contenga el deterioro.
Los augurios, sin embargo, no son promisorios, porque suelen premiar la lealdad, aunque esta esté despojada de la más mínima eficacia.
Aunado a ello, el intento fallido del coordinador de Morena, Adán Augusto López, de modificar el Artículo 1 de la Constitución, para hacer inoperantes los acuerdos internacionales en Derechos Humanos, ya dan pistas de cuál es el plan que tienen para los próximos años.
La clave será observar si algunos senadores de Morena, con las bancadas opositoras, pueden hacer que la mayoría actúe con cordura.
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