Si hay un enjambre poderoso es el de la red de complicidades en Sinaloa.
Rubén Rocha lo dijo, ellos, las autoridades, han tenido encuentros con integrantes del crimen organizado.
Es probable que el gobernador se refiera a intentos de medicación entre grupos antagónicos, a la aspiración, más que notoria, de que se vuelva a instaurar la pax narca, esa que se quebró cuando Joaquín Guzmán López secuestró a Ismael El Mayo Zambada.
Desde el punto de vista ético y legal, es una desvergüenza lo que deslizó Rocha, porque indican lo que no por sabido deja de ser indignante, la colusión de la autoridad con los bandidos. La frase la soltó, a su estilo, rebuscado y oscuro, pero lo dijo en su visita a la Ciudad de México y en entrevista improvisada luego del anuncio de la nueva política sobre el agua, uno de los temas que más interesan a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que señaló Rocha, en otro contexto político, sería un elemento más para que se separara del cargo, ya que está confesando que sus subordinados departen con asesinos y narcotraficantes.
Pero, en lugar de llamarlo a cuentas, lo respaldan, por ignorancia o por conveniencia.
Más allá de los motivos para sostenerlo, las consecuencias van a ser desastrosas; ya lo son, de alguna manera.
Se dirá que en otras épocas sucedía algo similar, que los gobernantes tienen que atenerse a la realidad del poder en Sinaloa, pero no es así, o no del todo.
Hubo personajes como Antonio Toledo Corro, que cuando gobernaron las policías estatales y los delincuentes eran una amalgama.
No fue casual que las familias más conspicuas de traficantes hayan surgido en el ecosistema de Sinaloa, pero en los pliegues, o en los flecos de ese gran mapa, hay matices, historias que también marcan diferencias.
A Francisco Labastida, por dar un ejemplo, le mataron a una parte sustancial de su equipo de seguridad, cinco de 12 elementos y entre ellos el jefe de la guardia personal, el capitán Adelaido Valverde, y eso fue así, porque nunca pactó con los delincuentes, más bien los combatió, inclusive los que estaban en la nómina de la PGR y fungían como comandantes.
Al doctor Francisco Álvarez Farber, quien fungió como procurador sinaloense, y lo hizo de modo honesto, un sicario le disparó mientras hacía ejercicio en el Parque Hundido de la Ciudad de México.
Un caso paradigmático fue el asesinato de la defensora de derechos humanos, Norma Corna, porque policías judiciales federales estaban coludidos con una banda de delincuentes y fueron los que ordenaron la ejecución.
Todo se reveló por la acción del Ministerio Público estatal y por las indagatorias de la CNDH.
En la admiración de Rocha suelen argumentar que están pagando por lo que no se hizo en el pasado, pero no es así, y mucho menos en términos generales, más allá de que cada gobernador tenga que hacerse cargo de lo que hace o no hace, del papel que determina jugar en términos de la seguridad.
Se está de un lado o del otro, donde las zonas grises tienen una carga más que notoria.
Pero en todo caso, las responsabilidades también son del presente y de ellas no hay margen para escabullirse, al menos en lo que respecta al escrutinio y al juicio de la propia sociedad.
Rocha juega al aprendiz de brujo, se sabe impune, y hasta ahora lo ha sido, inclusive en contra de la propia evidencia, ya que la Fiscalía del Estado fabricó pruebas para encubrir a los asesinos del diputado Melesio Cuén.
En Sinaloa la violencia no se detiene, tan solo el domingo fueron asesinadas 11 personas, y ya son 455 homicidios y 513 desapariciones desde que inició la pelea, en septiembre, entre los hijos de El Chapo Guzmán frente a los grupos que son leales al Mayo Zambada.
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