Con el tema de las drogas pasa como aquello de qué fue primero, si el huevo o la gallina.
Desde al menos medio siglo, los gobiernos mexicanos insisten en que el gran problema del narcotráfico proviene de la alta demanda que hay en Estados Unidos y allá no es que no coincidan con ello, sino que creen que la única forma enfrentar el asunto es acabando con los traficantes y manteniendo la prohibición de la mayoría de las drogas.
En el fondo, lo que sigue prevaleciendo es la política de guerra contra las drogas que implementó Richard Nixon y que explica una parte de los estragos de violencia que ha causado en países como México y Colombia. Nixon conformó en 1972 la Comisión Shafer, con el objetivo de evaluar la política antidrogas y su eficacia.
Las conclusiones, para ese momento, fueron sorprendentes: el cannabis no podía conectarse con hechos de violencia y el alcohol era más peligroso que la mariguana y que sería conveniente legalizar a esta última.
¿Qué hizo el presidente de Estados Unidos? Lo contrario a la evidencia, declarando una guerra global y en esas seguimos.
Es el fantasma de Nixon.
Aunque hay matices, por supuesto.
En 1937 el presidente Franklin D. Roosevelt estableció la prohibición del consumo de mariguana, pero en 1996, en California se legalizó para permitir su uso terapéutico.
En la actualidad, en más de 20 estados de la Unión Americana el consumo de la mariguana es legal con fines recreativos, además de los que ya admiten su uso medicinal.
Si se ve en perspectiva, hemos transitado por olas de histeria como las del opio, en sus diversas modalidades, la mariguana, la cocaína, las drogas de diseño y ahora el fentanilo.
Los esquemas prohibicionistas no han funcionado, pero eso no cambiará en los próximos años, ni en Estados Unidos ni en México, porque los gobiernos son conservadores en ese aspecto.
Y no es que el fentanilo no sea peligroso, claro que lo es y representa un problema de salud de altas proporciones.
Entre abril de 2023 y el mismo mes del año siguiente, 100 mil personas murieron por sobredosis, en Estados Unidos.
Por eso Donald Trump lo utilizó en su campaña y lo seguirá haciendo, sobre todo porque puede achacar la culpa a lo que no se hace en México, según él, para detener la entrada de esa sustancia.
Otro ángulo, por supuesto, es el de la seguridad pública, ya que los cárteles de las drogas están haciendo un gran negocio.
El panorama luce y es complejo.
El gobierno mexicano debería cambiar su narrativa y buscar los ángulos que sirvan para desmontar las teorías de que aquí no se actúa en los temas de seguridad, migración y drogas.
De poco sirve indignarse por los supuestos comentarios del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aunque haya dicho que su país no es igual a México.
No lo es, evidentemente, y en particular en lo que respecta a la seguridad y a la migración.
Pero ambos temas son comunes a Norte América.
Es absurdo entrar en una lógica de descalificaciones, cuando lo que hay es un horizonte bastante sombrío para los próximos años.
La calve es exigir corresponsabilidad, que todos pongan de su parte, eso fue, por cierto, la Iniciativa Mérida, ahora tan vilipendiada, cuando en realidad de lo que se trataba es de que en Washington no se hicieran locos con la parte que les correspondía de los altos niveles de violencia en nuestro país.
La guerra contra las drogas, o como quiera que se le llame, es producto también de acuerdos internacionales y continuará en términos generales como hasta ahora, sobre todo porque faltó audacia para buscar otras rutas.
Desde 2011, un grupo de expresidentes, entre ellos Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Enrique Cardoso, exigieron una política distinta y no basada en el prohibicionismo.
No se atendió su petición.
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