En los últimos días y contrario al discurso de la 4T desde 2018, el gobierno de Clara Brugada implementó la instalación de radares de velocidad móviles para ‘cazar’ automovilistas que supuestamente rebasan los límites de velocidad permitidos.
Y digo supuestamente, porque en este caso y en el de las fotomultas, en los últimos días han viralizado decenas de videos en redes sociales, en que evidencian que las cámaras toman fotografías de vehículos que transitan lentamente, a 20 o 30 kilómetros por hora en avenidas donde el límite es de 60 o más.
Esta es parte de la violación a los Derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque con las fotomultas y los radares de velocidad no se concede derecho de audiencia al ciudadano, ni es notificado formalmente por ninguna vía de que se ha hecho acreedor a una infracción de tránsito. Esto deja a las personas en total indefensión. Absolutamente inconstitucional.
En el caso de las fotomultas, el ciudadano se percata que tiene infracciones días o incluso meses después, y solo porque al pretender hacer la verificación vehicular el sistema informa esos pendientes. O también cuando al coche le ponen la “araña” porque se le terminó el tiempo del parquímetro o se estacionó en lugar prohibido.
En las fotomultas ni siquiera existe la certeza o la prueba fiel de que el ciudadano al volante rebasó los límites de velocidad o se metió a circular en el carril exclusivo del Metrobús o de autobuses de pasajeros, pues hay infracciones de hasta 7 mil pesos –sin opción de descuento– que no demuestran ni con una fotografía. Esas son las multas de las que Claudia Sheinbaum hablaba en 2018, que eran impagables para las familias. Ella las quitó, Martí Batres y Clara Brugada las revivieron.
El ciudadano puede impugnar la multa ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, pero antes debe pagarla. Muy poca gente lo hace, porque le faltan los conocimientos o porque le saldría más caro el abogado. El atraco oficial al pueblo está consumado en casi todos los casos.
Las fotomultas también cargan con la incertidumbre jurídica de que no se sanciona a las personas, sino a los vehículos. Es decir, el sistema no puede identificar quién va al volante, por lo que la infracción es contra el coche. ¡O sea que multan objetos! Absoluta falta de certeza jurídica, otra violación legal.
El diputado Andrés Sánchez Miranda, del PAN, considera que las fotomultas tienen su lado bueno y malo. Lo ve bien porque obligan al ciudadano a respetar las normas viales, lo que reduce los accidentes en vehículos motores. Sin embargo, el aspecto negativo para él es que no se sabe cuánto se recauda por esta vía y menos en qué se utiliza ese dinero. Opina que debería usarse para mejorar las avenidas. Actualmente –esto lo digo yo–, hay baches en los baches.
También para una operación honesta de los radares y fotomultas, Sánchez Miranda considera que debe haber un consejo ciudadano autónomo para verificar que las cámaras e instrumentos operen de manera correcta y sólo se sancione a quien incumpla la norma vial.
No va a ser fácil que en esto se ponga orden porque hay suficiente evidencia de que la única intención del gobierno de Clara Brugada con las fotomultas es recaudatoria, sin que nos informe en qué se gasta ese dinero. En resumen: “¡Arriba las manos!, radares en operación”. Así será. Lo veremos.
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