En la encrucijada entre la seguridad pública y la seguridad nacional, México enfrenta una tensión estructural que se ha profundizado en las últimas décadas. De esta forma, esta semana me sumergí en la elaboración de mí una presentación académica para mi participación en el Módulo IV del Diplomado en Políticas de Seguridad Pública y de Seguridad Nacional, en el que participé el día de ayer jueves, en la Cámara de Diputados. El contenido de este módulo me ofreció una oportunidad privilegiada para repensar no solo los modelos vigentes, sino también los paradigmas que han guiado nuestra comprensión y acción en materia de seguridad. A continuación, expongo una reflexión crítica en torno a los ejes que articulan dicho módulo, buscando provocar un debate informado, responsable y con visión de Estado.
I. La evolución del concepto de seguridad: del Estado a las personas
El siglo XX fue dominado por una concepción vertical y estatocéntrica de la seguridad. La noción de “seguridad estatal” se centraba exclusivamente en la defensa del territorio y la estabilidad del régimen político. Sin embargo, desde la década de los noventa, el proceso de democratización y el auge de los derechos humanos en América Latina permitieron el surgimiento de nuevas aproximaciones: seguridad humana, seguridad democrática y seguridad ciudadana. Estos enfoques desplazan el centro de gravedad del Estado hacia las personas, reconociendo que sin salud, educación, empleo y participación, la seguridad es simplemente una ilusión.
En ese sentido, conceptos como el de seguridad humana propuesto por el PNUD en 1994 (“vivir libre de temor y necesidad”), y la seguridad ciudadana que apela a la legitimidad estatal basada en la protección efectiva de los derechos, han abierto la puerta a una visión integral, en la que la seguridad es también una condición para el desarrollo.
II. El crimen organizado como “anti-seguridad nacional”
Uno de los aportes más provocadores de mi presentación de ayer consistió en concebir al crimen organizado como una forma de “anti-seguridad nacional”. Esta categoría no solo busca visibilizar el impacto corrosivo del crimen transnacional sobre las estructuras estatales, sino que plantea una crítica frontal a las formas en que la globalización —a través del tráfico aéreo y marítimo, las remesas, la apertura bancaria o la migración transnacional— ha sido aprovechada por redes criminales. El resultado es una amenaza que no reconoce fronteras, que se adapta a los flujos financieros y tecnológicos del siglo XXI, y que erosiona los cimientos de gobernabilidad y legalidad.
La alianza entre cárteles mexicanos y grupos colombianos ilustra este nuevo mapa criminal que desafía la capacidad del Estado y obliga a repensar los instrumentos tradicionales de seguridad y justicia. Aquí se revela una contradicción de fondo: mientras los flujos migratorios y financieros pueden fortalecer la economía local y reducir la pobreza, también pueden ser instrumentalizados por actores criminales para expandir su control territorial y económico.
III. La seguridad comienza en lo local
Uno de los argumentos más potentes del módulo residió en la afirmación de que la seguridad nacional comienza en lo local. Esta tesis, que se ha vuelto una consigna entre académicos y expertos, sostiene que no es posible construir una seguridad nacional efectiva sin invertir y fortalecer las capacidades municipales. Desde los sistemas de salud hasta la educación, desde el empleo hasta la cohesión comunitaria, cada componente de la vida local incide directamente en la seguridad del Estado en su conjunto.
En un país federal como México, esta visión tiene implicaciones concretas: es necesario revisar la articulación entre los tres niveles de gobierno, combatir la fragmentación normativa y operativa, y garantizar que los municipios cuenten con recursos, formación y autonomía suficiente para ejercer sus funciones constitucionales. El artículo 115 de la Carta Magna les reconoce como responsables directos de la seguridad, y sin embargo, muchas veces son los actores más deslegitimados y abandonados del sistema.
IV. Militarización versus proximidad social: modelos en disputa
En la presentación, también, abordé una de las tensiones más controversiales de la actualidad: la militarización de la seguridad pública. Frente a la percepción de fracaso de las policías civiles, se ha optado por una respuesta reactiva y vertical: el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y su despliegue territorial mediante la Guardia Nacional. Esta decisión, si bien responde a una crisis real, también genera efectos colaterales peligrosos: desprofesionalización, inhibición del desarrollo policial local, opacidad en la rendición de cuentas y reducción del control democrático.
Se confrontan así dos modelos: el militarizado, reactivo, masculino y centrado en el enfrentamiento, y el de proximidad social, preventivo, integrador y sensible a las vulnerabilidades sociales. No se trata de una elección simple ni maniquea. Pero sí es necesario advertir que una seguridad basada exclusivamente en la fuerza es una seguridad incompleta, que puede generar más temor que tranquilidad.
V. La Guardia Nacional: entre la promesa y la contradicción
La creación de la Guardia Nacional (GN) entre 2018 y 2023 representa un parteaguas en la política de seguridad del país. Concebida inicialmente como una “nueva fuerza de proximidad con preparación militar”, la GN nace de un diagnóstico severo: la Policía Federal estaba colapsada, las policías municipales eran incapaces y la ciudadanía exigía resultados inmediatos. Bajo esta lógica, se recurrió a las Fuerzas Armadas como último recurso, invocando su prestigio, disciplina y lealtad institucional.
Sin embargo, el proceso legal e institucional que dio vida a la GN estuvo plagado de ambigüedades. Aunque en su diseño se estableció un mando civil (SSPC), en la práctica su operación ha estado bajo control de la SEDENA: reclutamiento, capacitación, logística y despliegue. La reforma de 2022, que la trasladó formalmente a la SEDENA, fue invalidada por la Suprema Corte en 2023, evidenciando las tensiones entre legalidad y realidad.
Lo más preocupante es que la GN, lejos de ser una solución estructural, ha sido una respuesta reactiva. Se ha privilegiado la expansión territorial sobre la profesionalización, y se han invertido más de 100 mil millones de pesos sin construir indicadores públicos claros de desempeño. A esto se suma la falta de mecanismos de fiscalización civil, las múltiples quejas por abusos y una colaboración escasa con gobiernos locales. En vez de resolver el problema, se ha trasladado a otro nivel institucional, reproduciendo las mismas lógicas de centralismo y opacidad.
VI. Un pacto federal por la seguridad
El diagnóstico que se desprende del módulo es contundente: México requiere un nuevo pacto federal en materia de seguridad. Este pacto debe partir de varios principios fundamentales:
- Control civil sobre las fuerzas de seguridad: La subordinación al poder civil es un principio democrático irrenunciable.
- Fortalecimiento de las policías municipales: Sin profesionalización local, no hay prevención ni proximidad.
- Cooperación intergubernamental real y sostenida: La seguridad no puede resolverse con voluntarismos sexenales.
- Un marco legal coherente y operativo: Las leyes deben estar alineadas y ser implementables en todos los niveles.
- Participación ciudadana efectiva: No puede haber seguridad sin confianza y corresponsabilidad.
VII. A manera de cierre: preguntas urgentes
El Módulo que tuve la oportunidad de impartir ayer no se limita a exponer un conjunto de contenidos. Al contrario, provoca una reflexión estructural, y plantea preguntas que deben guiar el debate público y académico:
- ¿Qué modelo de seguridad necesita México a mediano y largo plazo?
- ¿Cuál debe ser el papel de las policías municipales en un contexto de militarización progresiva?
- ¿Puede revertirse la militarización sin debilitar la capacidad de respuesta al crimen organizado?
- ¿Estamos preparados legal e institucionalmente para construir un sistema de seguridad basado en derechos, proximidad y eficacia operativa?
Responder a estas preguntas requiere una visión de Estado, una voluntad política sostenida y una ciudadanía informada y crítica. El reto es enorme, pero la alternativa —seguir improvisando— ya ha demostrado sus límites.
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