México enfrenta un 2025 económico plagado de incertidumbre. Con un crecimiento proyectado de apenas 0.8% a 1.3% del PIB, el país se encuentra en una posición vulnerable frente a un entorno internacional hostil y riesgos internos que amenazan su estabilidad. Desde la amenaza de aranceles estadounidenses hasta la persistente inseguridad y las limitaciones fiscales, la economía mexicana exige medidas audaces. En el centro de esta encrucijada se encuentra la necesidad imperiosa de una reforma fiscal que fortalezca las finanzas públicas, impulse la competitividad y permita al país sortear los retos del panorama global y doméstico.
UN ENTORNO INTERNACIONAL DESAFIANTE
El escenario global en 2025 presenta un entorno de alta incertidumbre que impacta directamente a México, cuya economía está profundamente integrada con el mercado internacional, especialmente con Estados Unidos a través del T-MEC. Los desafíos externos son múltiples y complejos, y su resolución dependerá en gran medida de la capacidad de México para adaptarse y negociar estratégicamente.
a) La sombra de las políticas proteccionistas de Estados Unidos
La reelección de Donald Trump en 2024 y su regreso a la presidencia en enero de 2025 han reavivado temores sobre un endurecimiento de las políticas comerciales estadounidenses. Trump ha propuesto imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá, una medida que podría devastar las exportaciones mexicanas, que representan cerca del 80% del comercio exterior del país y dependen en gran medida del mercado estadounidense. Esta amenaza se ve agravada por la revisión del T-MEC, programada para 2025, que podría introducir cambios en las reglas de origen, especialmente en sectores estratégicos como el automotriz, donde México ha consolidado una posición competitiva. Alteraciones en los requisitos de contenido regional o en las políticas laborales y ambientales podrían incrementar los costos de producción y reducir la competitividad mexicana.
Además, las políticas migratorias de Trump, que incluyen medidas para restringir el flujo de migrantes y aumentar las deportaciones, podrían impactar el envío de remesas, que en 2024 alcanzaron un récord de 63,000 millones de dólares y constituyen una fuente vital de ingresos para millones de familias mexicanas. Una reducción en estas transferencias afectaría el consumo interno, profundizando la desaceleración económica.
b) Desaceleración global y volatilidad económica
El crecimiento económico mundial, proyectado por el FMI en un rango de 3.0% a 3.2% para 2025, enfrenta riesgos a la baja debido a una combinación de factores. La desaceleración en China, donde el sector inmobiliario sigue en crisis y el crecimiento se estima en apenas 4.1%, afecta los precios de las materias primas, como el cobre y el petróleo, de los cuales México depende tanto para sus exportaciones como para sus costos industriales. En Europa, la Eurozona lucha con un crecimiento anémico del 0.7%, lastrado por altas tasas de interés y la incertidumbre derivada del conflicto en Ucrania, lo que reduce la demanda de bienes manufacturados mexicanos en mercados secundarios.
La volatilidad en los mercados financieros globales, exacerbada por las políticas monetarias restrictivas de los principales bancos centrales, también representa un desafío. La Reserva Federal de Estados Unidos, aunque ha iniciado un ciclo de recortes de tasas, mantiene una postura cautelosa ante la inflación persistente, lo que fortalece el dólar y encarece las importaciones mexicanas. Esta dinámica presiona el tipo de cambio del peso mexicano, que en mayo de 2025 se encuentra en niveles cercanos a 20 por dólar, afectando los costos de insumos y la deuda externa.
c) Conflictos geopolíticos y disrupciones en el comercio
Los conflictos geopolíticos continúan generando incertidumbre en el comercio global. La guerra en Ucrania, que entra en su cuarto año, y las tensiones en el Medio Oriente han disparado los precios del gas natural y el petróleo, elevando los costos energéticos para la industria mexicana. Estas disrupciones también han fragmentado las cadenas de suministro globales, obligando a las empresas a buscar alternativas más cercanas, lo que beneficia a México a través del nearshoring. Sin embargo, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, marcada por restricciones tecnológicas y sanciones comerciales, podría limitar el acceso de México a mercados asiáticos y complicar su posición como puente comercial entre ambas potencias.
d) Riesgos climáticos y sostenibilidad
El cambio climático añade una capa adicional de complejidad al entorno internacional. México, como país vulnerable a eventos climáticos extremos, enfrenta desafíos derivados de sequías prolongadas y huracanes que afectan la producción agrícola y la infraestructura. La escasez de agua en el norte del país, donde se concentra gran parte de la industria manufacturera, amenaza la continuidad operativa de sectores clave. A nivel global, la presión para adoptar estándares ambientales más estrictos, especialmente en el marco del T-MEC, exige que México acelere su transición hacia energías renovables. Sin embargo, las restricciones regulatorias en el sector energético, que priorizan a Pemex y la CFE sobre la inversión privada, limitan el potencial del país para cumplir con estos compromisos y atraer inversión extranjera en energías limpias.
e) Oportunidades y desafíos del nearshoring
El nearshoring sigue siendo un faro de esperanza en este entorno turbulento. La reconfiguración de las cadenas de suministro globales ha posicionado a México como un destino atractivo para empresas que buscan relocalizarse desde Asia. En 2024, México captó cerca de 36,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, gran parte destinada a los sectores automotriz, electrónico y aeroespacial. Sin embargo, capitalizar esta oportunidad requiere superar obstáculos internos, como la inseguridad, la insuficiencia de infraestructura energética y la incertidumbre jurídica derivada de reformas como la judicial. Además, las políticas proteccionistas de Estados Unidos podrían imponer barreras adicionales, como aranceles selectivos o requisitos más estrictos para acceder al mercado norteamericano.
RIESGOS INTERNOS: UN PAÍS EN ALERTA
Dentro de sus fronteras, México enfrenta desafíos estructurales que agravan su vulnerabilidad. La reforma judicial de 2024, que establece la elección popular de jueces, ha generado preocupación entre inversionistas por posibles erosiones al estado de derecho. La inseguridad, con uno de cada dos empresarios reportando ser víctima de delitos, sigue siendo un lastre para la actividad económica. En regiones como Sinaloa, la violencia ligada al crimen organizado paraliza la producción y ahuyenta la inversión.
El panorama laboral también es preocupante. La creación de empleo formal se ha estancado, con una pérdida de 405,000 empleos en diciembre de 2024, según el INEGI. La informalidad, que afecta al 55% de la fuerza laboral, limita el crecimiento del consumo interno. Además, la inversión pública ha caído un 16.3% en términos reales, con recursos desviados a proyectos de bajo retorno, como ciertos desarrollos ferroviarios, en lugar de infraestructura estratégica.
Las finanzas públicas son otro punto crítico. El déficit fiscal alcanzó el 5.9% del PIB en 2024, y aunque el gobierno busca reducirlo al 3.9% en 2025, las proyecciones de ingresos son optimistas. Pemex, con sus déficits operativos y su enfoque en la refinación, continúa drenando recursos, mientras la deuda pública, estable en 51.4% del PIB, enfrenta un costo de endeudamiento elevado. La inflación, proyectada en 3.9% para 2025, y las altas tasas de interés del Banco de México (10%) frenan el consumo y la inversión.
LA REFORMA FISCAL: UNA SOLUCIÓN IMPOSTERGABLE
Ante este panorama, una reforma fiscal progresiva se perfila como la herramienta clave para rescatar a México de la tormenta. Incrementar la recaudación tributaria en al menos 10 puntos del PIB aliviaría las presiones fiscales, reduciría la dependencia de la deuda y liberaría recursos para inversión en infraestructura, seguridad y educación. Actualmente, México recauda apenas el 16.5% del PIB en impuestos, muy por debajo del promedio de la OCDE (34%).
UNA REFORMA FISCAL BIEN DISEÑADA PODRÍA INCLUIR MEDIDAS COMO:
- Ampliar la base tributaria, combatiendo la informalidad y la evasión fiscal.
- Introducir impuestos progresivos que graven más a las rentas altas y menos a los sectores vulnerables.
- Reorientar el gasto público hacia proyectos de alto impacto económico, reduciendo los subsidios ineficientes a Pemex.
Esta reforma no solo fortalecería las fintech públicas, sino que enviaría una señal de confianza a los mercados y a los inversionistas, crucial en un contexto de incertidumbre por la revisión del T-MEC y las políticas de Trump. Además, permitiría al gobierno responder a las crecientes demandas sociales y mitigar los efectos de los hechos climáticos, como la sequía que afecta al campo mexicano.
OPORTUNIDADES EN MEDIO DE LA CRISIS
A pesar de los retos, México tiene cartas a su favor. El nearshoring ofrece una oportunidad única para consolidar al país como un centro manufacturero global, siempre que se garantice seguridad, infraestructura energética y certeza jurídica. La relación con Estados Unidos, aunque tensa, puede fortalecerse mediante negociaciones estratégicas que eviten aranceles y preserven los beneficios del T-MEC. Una transición energética hacia fuentes limpias, con mayor participación del sector privado, posicionaría a México como líder en sostenibilidad y atraería inversión extranjera.
LA IMPORTANCIA DE LA REFORMA FISCAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Una reforma fiscal no es solo una herramienta para estabilizar la economía; es un pilar fundamental para avanzar hacia un desarrollo social más equitativo e inclusivo. México enfrenta profundas desigualdades, con más del 36% de la población en situación de pobreza y marcadas disparidades regionales entre el norte industrializado y el sur predominantemente rural. La baja recaudación tributaria actual limita la capacidad del gobierno para financiar programas sociales, mejorar el acceso a la educación y la salud, y reducir las brechas de desigualdad.
Una reforma fiscal progresiva permitiría aumentar el gasto en programas sociales clave, como becas educativas, atención médica universal y apoyos para comunidades marginadas. Por ejemplo, incrementar la inversión en educación, que actualmente representa solo el 3.5% del PIB frente al 5% promedio de la OCDE, podría mejorar las oportunidades para los jóvenes y reducir la informalidad laboral a largo plazo. Asimismo, fortalecer el sistema de salud pública, que ha enfrentado recortes en los últimos años, garantizaría una mejor calidad de vida para los sectores más vulnerables.
Además, una mayor recaudación facilitaría la implementación de políticas para combatir los efectos del cambio climático, como la escasez de agua, que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales. Proyectos de infraestructura hídrica y agrícola, financiados con recursos fiscales, podrían impulsar la productividad en el campo y reducir la pobreza rural. La reforma también permitiría al gobierno atender las crecientes demandas sociales, evitando tensiones que podrían derivar en inestabilidad.
En última instancia, una reforma fiscal diseñada con un enfoque de justicia social no solo fortalecería las finanzas públicas, sino que sentaría las bases para un México más igualitario, donde el crecimiento económico se traduzca en bienestar para todos los ciudadanos, no solo para unos pocos.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN
México está en una encrucijada. Sin una reforma fiscal urgente, el país corre el riesgo de quedarse rezagado en un mundo cada vez más competitivo. La combinación de un entorno internacional volátil y los desafíos internos exige liderazgo, visión y pragmatismo. Fortalecer las finanzas públicas no es solo una necesidad económica, sino un imperativo para garantizar la estabilidad, el crecimiento inclusivo y la resiliencia ante las tormentas que se avecinan. El tiempo apremia. México debe actuar ahora para transformar los retos en oportunidades y asegurar un futuro próspero. La reforma fiscal es el primer paso hacia ese horizonte.
*Presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público AC.
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