Durante décadas, Ciudad de México se refugió en la ilusión de ser un “oasis” dentro del desierto de violencia que ha sofocado a otras regiones del país. Esa narrativa, repetida por funcionarios y analistas, descansaba sobre estadísticas que mostraban una incidencia delictiva relativamente menor en comparación con los estados del norte, el corredor del Pacífico o incluso el Bajío industrial. Pero la ejecución de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, dos de los más cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada, no sólo rompe esa imagen. La pulveriza.
En la intersección entre el poder político y el crimen organizado, lo simbólico cobra un valor estratégico. No se trató de un hecho fortuito ni de un acto de violencia común. Fue un mensaje. Uno dirigido con precisión quirúrgica al círculo íntimo de quien hoy representa, por voluntad electoral y diseño de sucesión, la continuidad de un proyecto político en la capital del país. Ximena y José no eran funcionarios más: eran arquitectos de confianza, operadores con una visión de ciudad, de justicia social, de Estado. Su asesinato marca un antes y un después.
Entre la técnica y la traición
El crimen ocurrió el lunes 20 de mayo, en plena luz del día, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. Los informes preliminares indican que al menos cuatro personas participaron en el ataque. Los agresores emplearon un vehículo y motocicletas, utilizaron guantes para evitar dejar rastros, cambiaron de medio de escape y, según información filtrada, el arma utilizada no tenía antecedentes balísticos. Se trató de una operación limpia. Eficiente. Profesional. Es decir, una ejecución planeada por un grupo con entrenamiento, inteligencia previa y cobertura operativa.
Las víctimas no portaban escoltas. Esa ausencia es relevante. En el imaginario de los aparatos de seguridad, ciertos perfiles no requerían protección reforzada: se asumía que la lógica de los pactos informales —el “dejar hacer” a cambio de estabilidad— funcionaba como escudo. Pero esa lógica se quebró. Alguien decidió traspasar una línea no escrita y eliminar a dos cuadros políticos sin antecedentes penales, sin confrontaciones públicas con organizaciones criminales, sin un conflicto personal identificable. ¿Por qué?
El precio de construir poder legítimo
Ximena Guzmán, de 42 años, era una socióloga con estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. En la estructura de gobierno capitalina, tenía bajo su responsabilidad directa ocho unidades operativas. Era, según múltiples fuentes, la pieza clave en la organización de Clara Brugada. Su mano derecha. Su operadora en temas estratégicos, desde movilidad hasta interlocución con movimientos sociales. Pero, sobre todo, era una constructora de confianza.
José Muñoz Vega, de 52 años, era politólogo con experiencia en políticas públicas y asesor en temas de seguridad metropolitana. Sus análisis alimentaban decisiones del gabinete ampliado. Era un hombre de bajo perfil, de los que diseñan políticas que otros firman, pero cuya visión influye en la arquitectura general del poder.
El asesinato de ambos no solo deja un vacío administrativo. Rompe el círculo íntimo, desestabiliza el mapa de alianzas internas, golpea la emocionalidad del liderazgo de Brugada. Y, por extensión, lanza una advertencia a todo aquel que pretenda construir una administración pública cimentada en autonomía, visión progresista y confrontación indirecta con intereses fácticos.
Las hipótesis de la fiscalía… y las otras
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha planteado una triple ruta de investigación: crimen organizado, venganza política y conflicto personal. La inclusión del protocolo de feminicidio responde a las obligaciones legales más que a una hipótesis realista, aunque su pertinencia técnica debe respetarse.
No obstante, fuentes de inteligencia consultadas por medios internacionales —incluido El País— apuntan a una tesis más específica: represalia del crimen organizado por recientes detenciones de figuras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. La cercanía del gobierno de la Ciudad con operativos federales en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana habría activado reacciones. El mensaje, entonces, no sería sólo para Brugada. Sería también para Omar García Harfuch, para Rosa Icela Rodríguez, para Claudia Sheinbaum. Para el círculo que ha apostado por una política de contención sin pacto, de desarticulación quirúrgica, de presión institucional sin concesiones.
Una ciudad sitiada por la excepción
La Ciudad de México fue, por años, una excepción. Un nodo metropolitano de 21 millones de habitantes que, pese a sus desigualdades, precariedades y contradicciones, mantenía bajo control el crimen organizado de tipo federal. Las extorsiones, el cobro de piso, los desplazamientos forzados y los asesinatos por encargo eran percibidos como problemáticas de otras latitudes. Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Guerrero… pero no aquí. No en la capital.
Esa excepción se ha erosionado gradualmente. Desde 2017, diversos informes —de México Evalúa, CIDE, InSight Crime— han advertido sobre la presencia de células operativas de cárteles en zonas limítrofes, particularmente Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. A eso se suman redes de lavado financiero, control del narcomenudeo en centros nocturnos, infiltración en la obra pública y, más recientemente, vínculos con empresas de seguridad privada.
Pero nada tan visible, tan brutal y simbólico como el doble asesinato del lunes.
Gobernar bajo amenaza
Clara Brugada asumió el poder con la legitimidad de los votos y la expectativa de profundizar un modelo de ciudad basado en justicia territorial, derechos sociales y seguridad con enfoque preventivo. Su historia como exalcaldesa de Iztapalapa le otorgó una experiencia inigualable en el manejo del tejido comunitario en zonas de alta densidad poblacional y conflictividad social.
El ataque que sufrió su equipo más cercano es una agresión al proyecto político mismo. Porque asesinar a quienes construyen poder legítimo desde lo técnico, desde lo invisible, es también intentar desmantelar el andamiaje de la gobernabilidad democrática.
Desde hace años, las organizaciones criminales han comprendido que el poder político no sólo se confronta por vía armada. También se coloniza. También se coopta. También se corrompe. Cuando eso falla —cuando hay quienes se niegan a negociar, a callar o a ceder—, se recurre a la eliminación.
Ciudadanos huérfanos de certezas
El impacto del crimen ha sido demoledor no sólo para el gobierno capitalino, sino para la ciudadanía. La sensación de vulnerabilidad se ha extendido. Si asesinan con precisión quirúrgica a funcionarios de alto nivel, ¿qué garantía tiene el ciudadano común de que su vida vale algo para el Estado?
La respuesta gubernamental ha sido inmediata, sí, pero limitada. Mensajes de condena, reuniones de seguridad, promesas de no impunidad. Todo eso es necesario. Pero no suficiente. Porque lo que hoy está en juego es la credibilidad del sistema institucional de seguridad, de inteligencia, de justicia. Está en juego la posibilidad misma de que el oasis sea algo más que una ficción estadística.
¿Y ahora qué?
La pregunta no es retórica. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se reconstruye la gobernabilidad política después de una agresión así? ¿Cómo se protege a los funcionarios públicos que, por convicción y no por cálculo, se dedican a servir desde una visión transformadora del Estado?
Lo primero es reconocer la gravedad de lo ocurrido. No minimizarlo. No normalizarlo. No tratarlo como un caso más en las carpetas de la fiscalía. Este asesinato fue un punto de quiebre.
Lo segundo es redimensionar la estrategia de seguridad. No basta con operativos visibles ni con datos que señalan reducciones marginales en ciertos delitos. Se requiere una política de inteligencia civil de largo plazo, un rediseño de los protocolos de protección a funcionarios, y un sistema que permita distinguir entre amenazas reales y alertas infladas por intereses internos.
Lo tercero es fortalecer la cooperación entre niveles de gobierno sin perder autonomía. La capital no puede ser rehén del centralismo ni tampoco víctima de su aislamiento. Requiere coordinación táctica con la Federación, pero también capacidad autónoma de respuesta.
Y, finalmente, se necesita una pedagogía pública del riesgo. Es decir, un proceso de comunicación política honesta con la ciudadanía: explicar qué está ocurriendo, qué se está haciendo, qué límites tiene el Estado y qué se espera de la población en términos de participación, denuncia y resiliencia.
Epílogo: duelo y defensa
Ximena y José eran más que funcionarios. Eran, como diría Hannah Arendt, “arquitectos de lo posible”. Su asesinato nos obliga a mirar de frente el rostro cambiante de la violencia en la capital. Ya no es difusa, espontánea o imprevisible. Es estratégica, quirúrgica, institucionalmente dirigida.
Este crimen no puede cerrarse con una rueda de prensa ni con una detención expedita. Requiere justicia, sí. Pero también exige memoria. Y una respuesta estructural.
Porque si el oasis ya no es seguro, lo que está en juego no es solo la capital. Es la esperanza de que aún podemos construir un Estado que valga la pena defender.
*X: @Travelejm
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