Este domingo 1 de junio, México vivirá una elección sin precedentes. Por primera vez, se elegirán directamente jueces, magistrados y ministros. El gobierno la promueve como un acto de empoderamiento popular: “el pueblo pone y quita a los jueces”. Pero detrás del discurso hay muchas más preguntas que certezas. El dilema ya no es si la reforma es buena o mala —eso se discutió tarde, mal y nunca—, sino qué hacer ahora: ¿participar en un proceso torcido o rechazarlo desde el silencio?
Hay razones válidas para votar, y otras para no hacerlo. Comencemos por las primeras. De entrada: evitar que el oficialismo controle todo. El aparato ya está en marcha. Ya operan líderes, redes y estructuras clientelares. En eventos recientes incluso circularon acordeones con nombres o “números recomendados” por los promotores de la reforma. Si quienes están en contra de la elección se abstienen, la definición quedará en manos de quienes siguen línea. Votar en este contexto no avala el sistema, pero puede frenarlo. En momentos donde se busca arrasar con todo, el voto crítico puede ser una forma de resistencia.
Además, aunque el proceso está plagado de vicios, no todos los candidatos responden al poder. Un análisis de Viri Ríos, publicado por El País, muestra que el 55% no tiene filiación partidista registrada. Algunos tienen experiencia judicial o activismo legal. Son pocos, sí. Pero votar por ellos podría evitar un pleno judicial completamente obediente. A veces, el margen cuenta. Un solo ministro con criterio propio puede marcar diferencia en decisiones que definan la vida pública por décadas.
También está el argumento simbólico. Votar —incluso anulando el propio voto— es una manera de marcar presencia. De recordar que la ciudadanía crítica existe. En tiempos de polarización y control narrativo, el voto nulo puede ser más potente que la abstención muda. No se trata de legitimar el proceso, sino de no desaparecer del todo. Porque si el sistema quiere uniformidad, votar con conciencia es, en sí mismo, un acto de rebeldía democrática.
Pero no votar también tiene sus razones. Esta reforma no nació del consenso ni del debate público. Fue una imposición presidencial, impulsada por López Obrador luego de que la Corte echara abajo varias de sus reformas. Y es que en la reforma judicial no se tocaron las fiscalías, ni las leyes, ni el acceso a la justicia. Solo se cambió quién elige, no cómo se imparte justicia. El resultado: una reforma reactiva, no estructural.
Peor aún: el argumento de que la ciudadanía avaló este cambio en las urnas es falso. Morena y sus aliados no alcanzaron por sí solos la mayoría calificada. La obtuvieron gracias a la sobrerrepresentación legislativa, una argucia que infló una mayoría simple hasta convertirla en poder constitucional. Es el mismo mecanismo del que, en su momento, la ahora oposición también se benefició, pero que ahora impone una reforma nunca discutida abiertamente. Decir que “el pueblo lo pidió” manipula la aritmética democrática.
Todo esto ocurre en un ambiente de desinformación. La mayoría de los votantes no conoce a los candidatos. No hubo campañas serias, ni debates reales, ni filtros exigentes. En muchos casos, los nombres fueron seleccionados por sorteo. ¿Qué tipo de justicia puede surgir de una elección sin información? ¿Cómo construir legitimidad desde la opacidad?
A esto se suma un riesgo estructural del que poco se habla: el efecto cascada. Si se impone este modelo, el siguiente paso será llevar a votación más decisiones: ¿cada obra?, ¿cada gasto?, ¿cada cargo público? La idea de que todo debe decidirlo el pueblo no es una expansión democrática: es una forma de colonización institucional. En el caso de la elección judicial, la legitimidad electoral se convierte en excusa para borrar la lógica de pesos y contrapesos.
Tampoco se ha discutido el costo político de la abstención masiva. Si la participación es baja, el oficialismo podrá argumentar que el pueblo “no se interesa por la justicia” y justificará más su intervención. Si es alta, aunque sea por acarreo, se validará el modelo sin importar su legitimidad. Es una trampa. Pero como en toda trampa, solo una decisión informada puede romper el ciclo.
Pero una baja participación también puede deslegitimar el resultado. Aunque se insista en que la elección de 2024 avala esta reforma, lo cierto es que, aun si Morena y sus aliados hubiesen ganado con el 100% de los votos, una participación escasa este domingo haría ese argumento insostenible. Por el contrario, abriría el debate y permitiría concluir que la ciudadanía apoya a la 4T, pero no de forma incondicional. De algún modo, pondría en entredicho la idea de un respaldo total a todos sus proyectos.
Así que votar o no votar no es una decisión simple. Ambas posturas son legítimas si nacen del juicio. Pero lo único verdaderamente inadmisible es la indiferencia. Votar, por conciencia. No votar o anular, por criterio. Pero jamás por apatía, ya sea de razonar o de actuar. Porque en juego no está solo la justicia, sino el poder mismo.
Nos vemos el próximo lunes. Tenemos una cita con el poder.
Agendado.
@betoblizzard
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