La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre de 2025, dibuja un retrato preocupante —aunque no inesperado— de la realidad cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos. Con un 63.2 % de la población adulta considerando que vivir en su ciudad es inseguro, este termómetro social exhibe una paradoja devastadora: el Estado no ha sido capaz de garantizar uno de los derechos fundamentales del pacto social: la seguridad.
El dato, por sí solo, estremece. Pero al escarbar en los detalles se revela el verdadero abismo. La percepción de inseguridad es significativamente más alta entre las mujeres (68.5 %) que entre los hombres (56.7 %), lo cual reafirma un fenómeno estructuralmente violento en contra de las mujeres. No solo se sienten más vulnerables: lo están. Su experiencia cotidiana está marcada por un miedo que regula sus desplazamientos, sus horarios y hasta su vestimenta. En pleno 2025, el espacio público sigue vedado para millones de mexicanas.
Pero el problema no se distribuye de manera homogénea. Hay zonas del país donde la vida misma parece secuestrada por el miedo. Culiacán, Ecatepec, Uruapan, Tapachula y Ciudad Obregón, todas con más del 88 % de su población sintiéndose insegura, se han convertido en símbolos de un fracaso integral. El Estado, en estas regiones, es muchas veces una entelequia: no disuade, no protege, no investiga y, con frecuencia, ni siquiera se presenta. Años de impunidad, corrupción, abandono y colusión han erosionado cualquier expectativa ciudadana.
No sorprende, por tanto, que los lugares que generan mayor sensación de inseguridad no sean recintos apartados o marginales, sino espacios cotidianos: 72.2 % de los encuestados se sienten inseguros en cajeros automáticos ubicados en la vía pública, 65 % en el transporte público, 63.7 % en la calle y 57.9 % en las carreteras. Vivimos, literalmente, bajo una amenaza latente. El miedo nos acompaña a sacar dinero, a tomar el metro o simplemente al caminar a casa. La ciudad se ha vuelto un campo minado.
Y si a eso se suma el abandono de lo público, el escenario se vuelve aún más sombrío. El 82.9 % de la población identifica a los baches como el principal problema de su ciudad; el 66.4 % menciona las fallas en el suministro de agua potable, y el 60.2 % señala las coladeras tapadas. Es decir, las ciudades no solo son peligrosas: son inhabitables. Caminar implica riesgo físico y social; transportarse es una batalla; abrir la llave del agua es, en muchos hogares, un acto de fe. En palabras simples: el país está roto.
Frente a este desastre urbano, el descrédito de las autoridades locales es contundente. Solo el 30.1 % de los ciudadanos considera que su gobierno local es “muy” o “algo” efectivo para resolver los problemas más recurrentes. En zonas como Coatzacoalcos, Ecatepec o Zacatecas, la desconfianza es generalizada. Que solo uno de cada diez ciudadanos en Ecatepec crea en su autoridad local es un síntoma alarmante de erosión institucional. En estos casos, el gobierno no es solo ineficaz: es irrelevante. Y cuando el gobierno se vuelve irrelevante, se abre paso el crimen organizado, la justicia por mano propia y el caos social.
La encuesta también revela otro dato gravísimo: en el primer semestre de 2025, el 13.5 % de la población adulta tuvo contacto con autoridades de seguridad pública, y de ellos, el 45.2 % sufrió algún acto de corrupción. Casi la mitad. Esto significa que incluso quienes recurren al Estado para pedir auxilio, terminan siendo víctimas de él. No hay cifra que mejor describa la descomposición de los cuerpos policiacos. Si la policía es fuente de extorsión y no de protección, ¿qué queda del contrato social?
No sorprende entonces que el crimen prospere. Durante el primer semestre del año, el 30.8 % de los hogares tuvo al menos un miembro víctima de algún delito. Se trata de una violencia que no es solo percibida, sino vivida. No estamos hablando de una sensación infundada de inseguridad, sino de una experiencia concreta, reiterada, cotidiana. No hay ficción mediática ni percepción exagerada: hay víctimas, robos, fraudes y extorsiones reales.
Frente a este panorama, cabe preguntarse: ¿en dónde están los responsables? ¿Qué hacen los gobiernos municipales, estatales y federal para revertir esta crisis? La respuesta, tristemente, es que hacen poco o lo hacen mal. Algunos estados siguen apostando por estrategias de militarización que han demostrado su ineficacia. Otros se escudan en la narrativa de que “la seguridad no es competencia exclusiva del municipio” y trasladan la responsabilidad a instancias superiores. Mientras tanto, la ciudadanía vive en una especie de orfandad institucional.
La ENSU no mide la violencia como fenómeno físico, sino su percepción. Y, sin embargo, revela con brutal precisión la profundidad de la crisis. Porque la percepción de inseguridad, cuando es tan generalizada, tiene efectos materiales. Inhibe la vida pública, desincentiva la inversión, deprime el turismo, fractura el tejido social y alimenta dinámicas autoritarias. El miedo se convierte en política, y la política en simulacro.
Lo más grave es que, en este entorno, los sectores más vulnerables son doblemente víctimas: mujeres, niños, ancianos, personas pobres, habitantes de periferias, todos ellos padecen la inseguridad con mayor crudeza. Mientras en San Pedro Garza García solo el 11 % considera que su ciudad es insegura, en Culiacán la cifra es de 90.8 %. Es decir, no solo hay un México inseguro, sino múltiples Méxicos con niveles de violencia estructuralmente diferenciados. La seguridad, como tantas otras cosas, se ha privatizado: quien tiene recursos vive tras rejas, bardas, cámaras y escoltas; quien no, se encomienda a la suerte o al crimen.
Ahora bien, la encuesta también contiene datos que podrían servir como brújula para repensar la política pública. Las ciudades con menor percepción de inseguridad —San Pedro Garza García, Piedras Negras, Benito Juárez (CDMX), Saltillo y Puerto Vallarta— comparten ciertos rasgos: inversión pública sostenida, tejido comunitario más sólido, autoridades municipales con mayor credibilidad, y una coordinación más eficiente con los cuerpos de seguridad estatales y federales. No son paraísos, pero sí laboratorios de lo posible.

En contraste, los municipios con mayor percepción de inseguridad suelen estar marcados por gobiernos locales disfuncionales, corrupción estructural, abandono presupuestal y penetración del crimen organizado. En ellos, las policías municipales son insuficientes o cómplices, el Ministerio Público es inoperante y el Poder Judicial está ausente. Son territorios donde la ley es una sugerencia y la impunidad una garantía.
El reto es monumental. No basta con seguir reproduciendo discursos oficiales de combate a la inseguridad. Es necesario un rediseño integral del modelo de seguridad pública, que incluya desde la formación y depuración de las policías hasta la inversión masiva en prevención del delito, urbanismo social y justicia de proximidad. Se requiere voluntad política, sí, pero también visión, coordinación y un enfoque basado en evidencia.
También es hora de dejar de mirar la inseguridad como un asunto exclusivamente criminal. La ENSU lo muestra con claridad: la inseguridad es también una cuestión de infraestructura, de servicios básicos, de confianza institucional y de cohesión social. No se trata solo de capturar delincuentes, sino de reconstruir comunidades, garantizar el acceso al agua, iluminar calles, tapar baches, limpiar coladeras, dignificar el transporte público. Porque una ciudad sucia, oscura y abandonada es el caldo de cultivo perfecto para la violencia.
No se puede ignorar la dimensión política de estos datos. Las cifras de la ENSU son también una evaluación indirecta del desempeño de los gobiernos locales. Aquellos alcaldes y gobernadores que insisten en que “las encuestas no reflejan la realidad”, están profundamente equivocados: sí lo hacen. Reflejan la única realidad que importa en democracia: la percepción ciudadana. Y cuando nueve de cada diez ciudadanos dicen vivir con miedo, es hora de dejar de justificar y comenzar a actuar.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2025 es un grito de auxilio. No solo porque documenta el miedo, sino porque advierte sobre la ruptura del pacto social. México no solo está herido por la violencia, sino desangrado por la indiferencia, la corrupción y la negligencia. Si no se toma en serio esta radiografía, el país seguirá deslizándose por una pendiente donde la inseguridad no será la excepción, sino la norma. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
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