En apenas seis meses de su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha puesto en marcha una estrategia sin precedentes contra los cárteles mexicanos de la droga y, en particular, contra el tráfico de fentanilo. Con excepción de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Iván Archivaldo Guzmán López, el último de los Chapitos en libertad, prácticamente todos los grandes capos del narcotráfico mexicano de los últimos treinta años están tras las rejas en cárceles estadounidenses. Rafael Caro Quintero, Joaquín Guzmán Loera El Chapo, Ismael El Mayo Zambada, Servando Gómez la Tuta y un largo etcétera, forman parte de esa galería de caídos que Trump ha convertido en trofeos políticos.
El mensaje de su gobierno es claro: ya no se trata de administrar la violencia, como hicieron sus predecesores, sino de golpear en la cúspide del negocio criminal. Sin embargo, el análisis crítico de su estrategia revela una mezcla de espectacularidad, cálculo electoral y una visión parcial del problema. Porque detener a los grandes jefes no significa, necesariamente, terminar con el narcotráfico. El negocio se recicla, se reorganiza y encuentra nuevos liderazgos.
Las extradiciones masivas de febrero y agosto de 2025, que llevaron a Estados Unidos a 55 narcotraficantes de alto perfil, son el mayor golpe judicial contra el crimen organizado en la historia bilateral. Estas acciones, sin duda, generan la percepción de que Trump cumple su promesa de ser duro contra los cárteles. El mandatario republicano sabe que cada captura puede exhibirse como victoria personal, como si él mismo hubiera dirigido el operativo.
Sin embargo, conviene recordar la experiencia de los sexenios anteriores en México: el arresto de líderes suele fragmentar a las organizaciones criminales, multiplicar facciones y, en ocasiones, detonar más violencia. En los meses recientes, regiones como Sinaloa, Zacatecas, Michoacán o Guerrero han visto estallidos de violencia producto de disputas internas, un efecto colateral que Washington parece ignorar.
El propio gobierno estadounidense reconoce que no basta con encarcelar capos. De ahí la segunda fase de la estrategia: congelamiento de cuentas bancarias, clausura de empresas fachada y persecución de lavadores de dinero. El Departamento del Tesoro ha sancionado a a bancos y compañías mexicanas, estadounidenses y hasta canadienses vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lo novedoso es que Trump ha ordenado investigar y, de ser necesario, denunciar a políticos mexicanos, centroamericanos e incluso estadounidenses que han brindado protección o facilitado operaciones a los cárteles. Esta medida, de concretarse, abriría un frente explosivo en las relaciones diplomáticas, pues implicaría reconocer que el narcotráfico no se sostiene sin redes de complicidad política.
Uno de los ejes más polémicos de la estrategia de Trump es la orden ejecutiva 14157, que designa a los cárteles mexicanos —junto a organizaciones como el Tren de Aragua— como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Con ello, se habilita el uso de la Alien Enemies Act y se abre la puerta a operaciones militares directas en territorio extranjero.
Aunque esta medida fortalece la capacidad legal de Estados Unidos para perseguir y sancionar, también representa un peligroso precedente: equiparar narcotráfico con terrorismo no resuelve el problema de fondo y, en cambio, justifica intervenciones militares unilaterales. México ha rechazado históricamente esa clasificación porque implica una pérdida de soberanía. Trump, en cambio, la abraza como instrumento político y diplomático.
Más allá de las palabras, el despliegue militar es ya una realidad. Buques Aegis patrullan el Caribe; drones de vigilancia sobrevuelan la frontera; fuerzas especiales ensayan operativos conjuntos con la DEA y el Comando Sur. Trump ha dejado claro que está dispuesto a usar la fuerza letal contra cárteles designados como terroristas.
El problema es que esta militarización, lejos de resolver la violencia, puede recrudecerla. La experiencia en Afganistán e Irak muestra que la intervención militar contra actores no estatales produce efectos devastadores a largo plazo, sin garantizar estabilidad. La pregunta es si Estados Unidos está dispuesto a abrir un frente bélico a su frontera sur, con México como campo de operaciones.
Trump también recurre a su herramienta favorita: los aranceles. Un impuesto del 25 % a productos mexicanos y canadienses, justificado en la lucha contra el fentanilo, es la muestra de que el comercio sigue siendo un instrumento de coerción. El mensaje es doble: presionar a los gobiernos vecinos y, al mismo tiempo, hablarle a su electorado de que “hace pagar” a los socios comerciales por la crisis de drogas en Estados Unidos.
En paralelo, el Tesoro estadounidense ha intensificado sanciones contra personas y empresas vinculadas al narco. Esta estrategia es más efectiva que la militar, pues ataca el verdadero motor del crimen: las finanzas. No obstante, también afecta a trabajadores inocentes de empresas intervenidas, y genera tensiones diplomáticas al culpar de manera indirecta a los gobiernos vecinos de “no hacer lo suficiente”.
En julio de 2025, Trump firmó la Halt Fentanyl Act, que endurece las penas por posesión y distribución de esta sustancia. Con ella, los análogos del fentanilo quedaron clasificados permanentemente como drogas de alta peligrosidad, imponiéndose sentencias mínimas de diez años de cárcel por posesión de apenas 100 gramos.
La legislación manda un mensaje de dureza, pero también revela una lógica punitiva más que preventiva. En lugar de atender el problema de la demanda —la adicción masiva y la falta de programas de salud pública—, se insiste en castigar a los eslabones bajos de la cadena, muchos de ellos migrantes o consumidores atrapados en el mercado negro.
México ha sido pieza clave en esta estrategia. Bajo amenazas de sanciones económicas, el gobierno mexicano extraditó a 29 narcotraficantes en febrero y a otros 26 en agosto. Nunca antes en la historia se habían entregado tantos criminales en tan corto tiempo.
Sin embargo, esta cooperación forzada genera tensiones políticas internas en México. La entrega masiva de connacionales sin un proceso judicial completo en territorio mexicano erosiona la confianza en las instituciones nacionales y exhibe un sometimiento frente a Washington. Lo que Trump presenta como éxito puede convertirse, en el mediano plazo, en un factor de resentimiento nacionalista en México.
Los críticos de la estrategia trumpista advierten varios riesgos: Efecto multiplicador de la violencia. La fragmentación de los cárteles detenidos puede generar guerras internas más sangrientas. Debilitamiento de la cooperación internacional. Los aranceles y recortes de programas minan la confianza con aliados y dificultan esfuerzos multilaterales. Militarización excesiva. Convertir la lucha antidrogas en un frente bélico aumenta el riesgo de violaciones a derechos humanos y de incidentes diplomáticos graves. Desatención de la demanda interna. El énfasis en la oferta, sin atacar el consumo masivo en Estados Unidos, condena a repetir la misma dinámica.
No nos engañemos: Estados Unidos no pretende acabar con el negocio de las drogas. El propio Trump lo ha dicho en privado: se trata de controlarlo, reducir su violencia y, sobre todo, erradicar el fentanilo por los estragos que causa en su población. Es, en esencia, una política de administración del narcotráfico con reglas claras impuestas por Washington.
¿Éxito o espejismo? La estrategia de Donald Trump combina espectáculo mediático, presión diplomática y mano dura. Ha logrado encarcelar a los principales capos del narcotráfico, ha puesto al fentanilo en el centro de la agenda y ha obligado a México a cooperar como nunca antes. Pero los problemas estructurales persisten: la enorme demanda estadounidense, la corrupción política que protege al narco y la desigualdad social que alimenta las filas del crimen organizado.
Trump vende éxitos inmediatos, pero el futuro dirá si su estrategia fue un punto de inflexión real o simplemente otro episodio en la interminable guerra contra las drogas, ahora con un nuevo enemigo retórico: el terrorismo. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
*@onelortriz
Únete al canal de WHATSAPP DE EL INDEPENDIENTE, también a nuestro canal de TELEGRAM y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
