No sólo por los representantes de los escuálidos partidos de oposición, sino además de diversos sectores de la sociedad y la academia por el proceso tan lleno de irregularidades que caracterizaron a la elección del nuevo Poder Judicial el pasado 1 de junio.
Aun cuando los partidos de oposición al bloque de Morena sean minoritarios, la oportunidad de dejar constancia de sus argumentos contra esa elección debe aprovecharse. Así lo hicieron el PAN y MC dando ejemplo de civilidad política. Sobresalió el breve pero bien hilvanado discurso de Ricardo Anaya al recordar la anécdota en torno al fraude electoral en Chihuahua en 1986, cuando Luis H. Álvarez era alcalde de la ciudad y para protestar contra el fraude se puso en huelga de hambre a los 66 años. Sólo las palabras de Heberto Castillo, líder histórico de la izquierda mexicana, como lo llamó Anaya, pudieron convencerlo para que interrumpiera su huelga, recordó el panista, ante la presidenta del senado Itzel Castillo, hija del ingeniero Heberto Castillo, quien tomó la protesta a los nuevos ministros de la corte en ese acto.
Se volvió a cuestionar la afirmación hecha por la presidenta en el sentido de que fue el pueblo de México quien eligió a los ganadores del nuevo Poder Judicial, cuando todos sabemos que eso no se puede afirmar ante la escaza participación de votantes el pasado junio, cuando el 87% del padrón no acudió a las urnas.
Lo que nos da una clara idea de la falta de independencia que tendrá el nuevo Poder Judicial es la historia más reciente de los nuevos ministros en cuanto a sus relaciones con importantes personajes ligados al oficialismo. Para empezar el presidente de la corte Hugo Aguilar, estuvo siempre muy ligado al expresidente López Obrador, cuando trabajó en el Instituto Indigenista y fue quien lo apoyo para negociar con comunidades indígenas que se oponían a la construcción del Tren Maya y al nuevo aeropuerto de Santa lucía (AIFA).
De los otros ministros ya conocemos su origen, Yasmín Esquivel, esposa del contratista preferido de López Obrador, el ingeniero José María Riobóo, quien desde 2015 entró en sustitución de Olga Sánchez Cordero; Loreta Ortíz y Lenia Batres, habían sido nombradas por el expresidente cuando terminaron su encargo, Margarita Luna Ramos y José Ramón Cossío. Las otras dos ministras son María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, en total son cinco mujeres y cuatro hombres, los nueve son cercanos a Morena, por lo que la imparcialidad de los nuevos juzgadores se pondrá a prueba.
Para legitimarse ante la sociedad los nuevos ministros tendrán que demostrar con sus decisiones que no están ahí para cumplir instrucciones del oficialismo, lo que podremos observar con la resolución de casos bastante sonados de parte de grupos privados como el litigio que se mantiene entre el SAT y Grupo Salinas, por falta en el cumplimiento de pago de impuestos.
Otras controversias y demandas que han tenido bastante eco son las representadas por los grupos de ambientalistas que denunciaron en repetidas ocasiones los daños que la construcción del Tren Maya ha ocasionado a la selva maya, cenotes y sistemas de cavernas en la península de Yucatán, principalmente en el tramo 5 del tren por perforación de cuevas, con pilotes de acero y las inyecciones de cemento en estas estructuras, que provocaron riesgos de colapso en diversas áreas.
A pesar de las suspensiones ordenadas por jueces y sobre todo la suspensión definitiva que ordenó un tribunal en Yucatán a finales de enero de este año, tanto la PROFEPA como la SEMARNAT, desestimando los datos perfectamente documentados sobre los graves daños ambientales, hicieron caso omiso y la obra continuó.
La nueva corte tendrá que hacer valer las determinaciones legales para demostrar que tendrá un papel real de contrapeso ante otros poderes, especialmente el Ejecutivo, que es lo que se duda por su composición integrada a partir del 1 de septiembre.
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