La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), atraviesa por un momento de duelo y reflexión colectiva.
El asesinato de un estudiante del CCH Sur y la cercanía de fechas históricas que marcan la vida política del país —el 26 de septiembre, por los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el 2 de octubre, por la masacre de Tlatelolco— han impulsado a múltiples planteles a declararse en paro total o parcial.
Las aulas cerradas no representan un vacío de silencio, sino un acto de memoria activa que interpela tanto a la comunidad universitaria como a la nación entera.
En este contexto, el rector Leonardo Lomelí ha asumido una responsabilidad crucial: dar voz a la universidad como conciencia moral del país.
Su liderazgo, más allá de lo administrativo, ha sido un recordatorio de que la UNAM no puede ser neutral frente al dolor de sus estudiantes ni frente a las heridas abiertas de México.
Al pronunciar el mensaje institucional de “Estamos de luto” y al anunciar la revisión de los protocolos de seguridad, Lomelí no sólo reaccionó a una emergencia inmediata, sino que reafirmó la vocación histórica de la universidad: ser un espacio de libertad, pensamiento crítico y defensa de la vida.
Su gesto lo sitúa en la tradición de los rectores que, en los momentos más tensos, supieron mantener viva la llama de la autonomía universitaria frente a la presión externa y la violencia estructural.
La comunidad universitaria se ha visto atravesada por un duelo colectivo que articula el presente con la memoria histórica.
Doce planteles, entre facultades, preparatorias y colegios de ciencias y humanidades, han declarado paros totales o parciales en solidaridad y protesta.
Entre ellos destacan la Facultad de Artes y Diseño, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Trabajo Social, Música, Enfermería y Obstetricia, además de varios CCH y preparatorias.
La suspensión de actividades, vigente del 24 de septiembre al 3 de octubre, excepto en el SUAyED, se convierte en un símbolo de resistencia frente a la normalización de la violencia.
Lo ocurrido no es un episodio aislado ni un mero gesto ritual de protesta estudiantil.
La UNAM ha sido, a lo largo de la historia moderna de México, un termómetro de la vida política y social.
Cada paro, cada movilización, cada asamblea, constituye un recordatorio de que la universidad no está encerrada en sí misma, sino que es reflejo y conciencia de la república.
La tragedia que enluta al CCH Sur no se entiende sin Ayotzinapa, sin Tlatelolco, sin la larga genealogía de agravios cometidos contra la juventud mexicana. Cada nombre ausente, cada vida arrebatada, se inscribe en la memoria universitaria como una herida que no cicatriza.
La decisión de la rectoría de revisar los protocolos de seguridad tiene un doble filo.
Por un lado, es urgente garantizar espacios libres de violencia, donde los estudiantes puedan aprender y convivir sin temor.
Por otro, debe evitarse que la solución derive en dinámicas de control o en formas veladas de represión.
La universidad no puede militarizarse ni convertirse en un recinto asfixiante de vigilancia.
El desafío de Lomelí consiste en encontrar un equilibrio difícil: cuidar sin disciplinar, proteger sin imponer, acompañar sin controlar.
En esa línea sutil se juega no sólo la seguridad física de los estudiantes, sino también la vigencia misma de la autonomía universitaria.
La salud mental, mencionada con énfasis en los comunicados, adquiere aquí un lugar central.
Los paros y movilizaciones no son únicamente actos políticos: también son manifestaciones de un malestar social profundo que golpea a una generación marcada por la violencia, la precariedad y la incertidumbre.
El duelo colectivo no es sólo por la muerte de un joven, sino por el clima general en el que los jóvenes viven sus años formativos: un país donde la esperanza suele estar cercada por la impunidad.
Cuidar la salud mental de los universitarios significa reconocer que la educación no puede reducirse a planes de estudio o contenidos curriculares, sino que implica atender la dimensión integral de la vida.
Las aulas vacías, por tanto, no deben interpretarse como una renuncia al aprendizaje, sino como una afirmación de la memoria.
¿Qué sentido tendría enseñar sociología, filosofía o derecho, si los cuerpos de los estudiantes son asesinados o desaparecen sin respuesta? La protesta se convierte en pedagogía viva: el conocimiento se confronta con la historia inmediata y con las injusticias que atraviesan a la nación.
En este sentido, el paro mismo se vuelve parte del proceso educativo, pues enseña a los jóvenes que el pensamiento crítico no se limita a los libros, sino que se despliega en la vida pública.
La figura del rector Lomelí emerge aquí con relevancia especial.
Su compromiso al señalar que la universidad está de luto no es un simple acto protocolar, sino un gesto político y ético.
La rectoría ha sabido colocarse en el difícil punto de articular la protesta sin sofocarla, de acompañar a la comunidad sin reducir su voz.
En un país donde los liderazgos institucionales suelen optar por la evasión o el silencio, su postura merece reconocimiento: recordar que la universidad es, ante todo, un espacio de pensamiento libre y de resistencia frente a la barbarie.
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