El conflicto del maíz en octubre de 2025 no es un episodio aislado ni una pugna por precios. Es el síntoma visible de una crisis estructural que atraviesa a la política agrícola mexicana desde hace más de tres décadas.
Las carreteras bloqueadas en Michoacán, Jalisco y Guanajuato fueron, más que una protesta, son un grito frente a un Estado que ha subordinado la vida campesina al cálculo financiero.
Lo que se manifiesta hoy en los caminos del Bajío es la consecuencia última de un modelo tecnocrático que convirtió al maíz —ese símbolo ancestral de la identidad mexicana— en un mero indicador de rentabilidad.
El acuerdo anunciado por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, ofreció un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, de los cuales 800 serán cubiertos por la Federación y 150 por los estados.
Además, se estableció un precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, un 25% por encima del precio internacional.
El programa Cosechando Soberanía ampliará créditos con tasas preferenciales del 8.5% anual, acompañados de seguros agropecuarios, y se proyecta la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, un intento por fijar precios de referencia y reducir la intermediación.
Estas medidas, sin embargo, constituyen un paliativo antes que una solución.
El Estado, una vez más, administra la crisis sin enfrentar sus causas.
En el fondo, los productores demandan no subsidios momentáneos, sino un marco de justicia distributiva que reconozca los costos reales de producción, el valor del trabajo rural y la necesidad de autonomía alimentaria.
La tecnocracia celebra los equilibrios financieros mientras el campesino mide su supervivencia en cada tonelada cosechada.
Desde los años noventa, el discurso de la eficiencia económica sustituyó al de la soberanía alimentaria.
El Tratado de Libre Comercio del Norte inauguró una era en la que el maíz mexicano quedó sometido al arbitrio de las importaciones.
En 2025, México compró 822 mil toneladas de maíz blanco en el extranjero, beneficiando a corporaciones como Maseca y Gruma, que controlan el proceso industrial y fijan los términos del intercambio.
Lo que se presenta como equilibrio entre oferta y demanda es, en realidad, la consolidación de un patrón de dependencia y concentración empresarial.
La figura del tecnócrata —encarnada hoy en Julio Berdegué— opera con la lógica del cálculo y del control: eficiencia, sostenibilidad, competitividad. Pero esa lógica ignora lo esencial.
El campo no es una hoja de Excel, sino una trama viva de memoria y pertenencia. Cada hectárea abandonada, cada joven que emigra del campo, cada parcela sin cultivar testimonia el fracaso de una racionalidad que confundió estabilidad fiscal con bienestar social.
El neoliberalismo agrario —continuado por distintas administraciones bajo diferentes nombres— ha convertido la producción rural en una ecuación sin alma.
La función del Estado se ha reducido a proveer subsidios intermitentes y programas asistenciales, sin asumir su papel estratégico en la planeación alimentaria del país.
Así, la soberanía alimentaria se diluye en una retórica hueca mientras el maíz, base de nuestra civilización, se somete al vaivén del mercado global.
Superar esta crisis exige un cambio de paradigma. No basta con fijar precios de garantía o limitar importaciones.
Se requiere reconstruir el vínculo entre Estado y campesinado desde una visión nacional.
Un nuevo pacto agrario que reconozca al productor no como beneficiario, sino como sujeto político y cultural.
El conocimiento campesino, acumulado por generaciones, no puede ser reemplazado por la fría administración de un modelo financiero.
El maíz es más que un grano: es historia, es símbolo y es soberanía. Su destino define el de México mismo.
El conflicto de 2025 revela la tensión entre dos proyectos de país: el de la tecnocracia que mide el éxito en porcentajes y el de los campesinos que lo entienden en términos de vida y subsistencia. El apoyo de 950 pesos por tonelada es apenas un reflejo de esa pugna.
Representa la presión social que obliga a reaccionar al Estado, pero también la fragilidad de un sistema que confunde el subsidio con la política pública.
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