La caída de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) no solo reacomoda el tablero político nacional: también clausura, de facto, el expediente de La Barredora. El caso, que apuntaba hacia una red de protección institucional enquistada en la Secretaría de Seguridad de Tabasco —y que al parecer operaba con el visto bueno del gobierno estatal— quedará archivado sin haber rozado a los actores colocados más arriba en la cadena de mando. La puerta se cierra con el mismo sigilo con que se abrió.
Como se anticipó en este espacio, la investigación llegará únicamente hasta el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. No habrá más. La salida de Gertz genera el clima perfecto para poner el candado final, declarar agotada la ruta judicial y dejar intactas las zonas donde las responsabilidades políticas habrían resultado inevitables. La Fiscalía entra en modo recomposición, y en ese reacomodo se pierden los expedientes que incomodan.
En este nuevo escenario, el senador Adán Augusto López Hernández —jefe político de Bermúdez desde hace tres décadas y quien lo nombró en 2019 al frente de la Seguridad en el edén— queda fuera de cualquier sobresalto. La ausencia de Gertz, y la inercia que acompaña siempre a los relevos en la FGR, diluye la última posibilidad de que el caso tomara un rumbo que sacara chispas en su círculo cercano. La tormenta se disipó antes de tocar al ex gobernador que ahora es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.
Así, La Barredora termina convertida en una anécdota, en otro caso que se cierra sin haberse abierto del todo: un capítulo cuyo desenlace no es jurídico, sino político. No hubo veredicto, ni consignaciones, ni escándalo final. Solo un telón que desciende en silencio, decidido desde arriba.
Entre los expedientes que crecieron bajo la administración de Gertz Manero —además del llamado huachicol fiscal vinculado al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda—, La Barredora fue quizá el que más callos pisó. Su sola mención removía intereses de alto nivel y tensaba a más de un actor en el tablero federal y local.
Las filtraciones sobre la operación del grupo fueron subiendo de tono hasta alcanzar niveles inéditos: declaraciones completas (entregadas íntegras a los medios de comunicación de la capital del país) de los principales colaboradores de Bermúdez. Tomás “N”, su “secretario particular”, y Ulises “N”, su jefe operativo, revelaron al detalle el funcionamiento interno de la estructura criminal que operaba desde la SSyPC. Ambos eran considerados los números dos y tres de la organización, piezas clave para entender el engranaje que permitió que una red delictiva se moviera cómodamente bajo el amparo del propio aparato encargado de combatirla.
Lo que narraron, sin embargo, quedará flotando en la memoria judicial como un testimonio sin destino. La información existe, el modus operandi está descrito, las rutas de protección fueron delineadas… pero el expediente ya no avanzará. El sistema ha decidido que ahí termina la historia.
En México, los casos se cierran por agotamiento jurídico o por agotamiento político. El de La Barredora pertenece a la segunda categoría. Y cuando la política dicta sentencia, no hay fiscal ni declaración que pueda reabrir un capítulo que el poder ya dio por concluido.
En Tabasco, La Barredora será un capítulo más de la impunidad en México y quedará en el imaginario colectivo como una criatura engendrada por Adán Augusto López. Pero hasta allí.
En la tierra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que también lo es del senador López, sus seguidores le dan a este el “triunfo político” en el caso que detonó el 13 de noviembre de 2024 el gobernador Javier May Rodríguez cuando declaró que en el estado todos sabían que Hernán Bermúdez era el cabecilla de la organización criminal que creció al amparo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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