Sería un grave error desestimar como alarmista la reciente advertencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre la entrada del mundo en una fase de bancarrota hídrica. Su comunicado describe, con crudeza técnica y política, el agotamiento de un sistema que ha gestionado el agua como si se tratara de un insumo inagotable, subordinado a la lógica del crecimiento económico, la expansión urbana y la rentabilidad de corto plazo. La bancarrota hídrica marca el punto en el que la demanda supera de manera estructural la capacidad de los ecosistemas y de las instituciones para garantizar el acceso, la calidad y la sostenibilidad del vital líquido.
En términos globales, esta crisis es el resultado de décadas de desorden en la explotación y el consumo del agua. La sobreexplotación de acuíferos, muchas veces invisibilizada por su carácter subterráneo, ha erosionado las reservas estratégicas que sostienen a ciudades, industrias y sistemas agrícolas. A ello se suma el impacto del cambio climático, que altera los ciclos hidrológicos, intensifica las sequías y reduce la previsibilidad sobre la disponibilidad futura del recurso. La presión derivada de una urbanización acelerada, con escasa o nula planificación, ha desembocado en infraestructuras frágiles u obsoletas, mientras la agroindustria intensiva concentra grandes volúmenes de agua en pocas manos, desplazando usos comunitarios y de subsistencia.
La desigualdad en el acceso es, quizá, el rasgo más elocuente de esta quiebra. Mientras algunos territorios y sectores económicos aseguran el suministro mediante tecnologías, inversiones o esquemas de privatización, amplias franjas de la población enfrentan escasez crónica, mala calidad del agua o servicios intermitentes. El problema ya no puede entenderse únicamente como una crisis ambiental; se trata de una crisis de gobernanza, de racionalidad económica y de un modelo poco sustentable que ha tratado al agua como mercancía y no como un bien público esencial para la vida y la cohesión social. De ahí la importante y oportuna decisión del Gobierno de México respecto a la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que permitan afrontar la tensión entre abundancia aparente y escasez estructural, ya que, a pesar de contar con regiones hídricamente privilegiadas, el país enfrenta una situación crítica marcada por la sobreexplotación de acuíferos, el estrés hídrico en zonas urbanas densamente pobladas y el colapso de sistemas de distribución que pierden grandes volúmenes por fugas y falta de mantenimiento. La desigualdad territorial se expresa en contrastes extremos entre zonas con acceso continuo y comunidades que dependen de pipas o de fuentes contaminadas.
Esta situación no es producto del azar ni puede atribuirse exclusivamente al clima. Responde a una gestión, cuando menos, deficiente y fragmentada, y en no pocos casos cooptada por intereses políticos y económicos, condición que en algunos casos se ve agravada por corrupción, la débil aplicación de la normatividad y la ausencia de una planeación hídrica de largo plazo. Todo ello ha convertido al agua en un problema recurrente de emergencia, en lugar de consolidarla como una prioridad estratégica. El diseño institucional dispersa responsabilidades entre distintos niveles de gobierno, pero las complejidades de coordinación diluyen la rendición de cuentas y dificultan la construcción de una política integral. Asimismo, la crisis hídrica nacional se debe en gran medida al modelo de desarrollo y a una cultura del consumo que, durante décadas, ha incentivado patrones urbanos, industriales y agrícolas intensivos en agua, sin reflexionar respecto a sus costos ambientales ni sociales.
Hablar de bancarrota hídrica implica reconocer que el problema no se resolverá con soluciones aisladas ni con discursos optimistas. Exige una revisión profunda de la gobernanza ambiental, del papel del Estado como garante del interés público y de la relación entre desarrollo, territorio y recursos naturales, así como una estricta observación del cumplimiento normativo. Ignorar la advertencia de la ONU no solo comprometería el futuro hídrico del país, sino la viabilidad misma del bienestar colectivo y de la cohesión social.
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