Tan grave es que los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) hayan violentado la Ley de manera notoria, que podrían enfrentar un proceso de destitución ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Las pruebas son contundentes y están a la vista, empezando por un expediente que ya es cosa juzgada, en el que se extralimitaron los consejeros incurriendo en parcialidad en un resolutivo que emitieron en abril del año pasado y que fue revocado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), precisamente porque tal resolución fue tendenciosa, favorecer y quedar bien un grupo de golpistas de Morena.
Patricia Avendaño y el Consejo General del IECM que encabeza, en vez de ser imparciales en un caso de agresiones en contra de una dirigencia formal, legal y legítima, la de Nora Arias, han favorecido a un grupo de ex perredistas que han lanzado una andanada golpeadora, encabezada por el enterrador nacional del PRD, Jesús Zambrano, en una perversa alianza con el diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, quien le ha prometido a los consejeros del IECM su apoyo para evitar la extinción de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), aunque su fuerza política no le dio ni para sostener a su hijo Víctor Hugo Lobo Rodríguez como diputado local y menos evitar que en ciernes tenga ya una averiguación previa por un grupo de presuntos delincuentes que detuvieron en la Gustavo A. Madero y les atribuyen total cercanía con el legislador local.
El último resolutivo del IECM se dio en lo oscurito, el viernes pasado de madrugada, dos días después de que el Lobo Rodríguez fue bajado por Morena de su curul en el Congreso CDMX. Él es plurinominal suplente, por lo que de facto la diputación es del partido y decidió llamar de vuelta al propietario, Gerardo González.
Avendaño y sus consejeros han actuado de manera parcial contra Nora Arias. Primero, una resolución en abril, que después ganó la también legisladora perredista en Sala Superior, porque el Consejo del IECM se extralimitó al emitir un plazo de 60 días para un nuevo registro de una supuesta dirigencia. Esa resolución es absolutamente aberrante y contra toda lógica, porque equivale a permitir que alguien inscribiera su candidatura cuando ya pasó la jornada electoral.
A Avendaño y sus secuaces no les bastó con una resolución ilegal. Se aventaron una réplica de la de abril, de manera vergonzante, el viernes pasado: casi entrada la madrugada celebraron una sesión “extraordinaria” y “urgente” de Consejo, sin convocar a los representantes de los partidos políticos con la premura debida. En lo oscurito, pues.
Por la primera de las sentencias, la de abril, las consejeras Maira Melisa Guerra Pulido, María de los Ángeles Gil Sánchez y Sonia Pérez Pérez.
Pero hoy, integrantes del Consejo General del IECM, de manera paralela, podrían enfrentarse a un proceso de remoción, conforme a lo previsto en la Constitución, en el artículo 41 fracción V, inciso C, en que se establece que el INE tiene la atribución de designar y remover a los consejeros de los OPLES.
Para este trámite, la Constitución remite al artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y podría enmarcarse en al menos dos causales de remoción: “actos que atenten contra la independencia e imparcialidad” y “negligencia o ineptitud notoria”. El artículo 103 de la misma Ley establece que la denuncia o queja para la remoción se presenta ante el INE, la procesa y elabora un dictamen la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y es el Consejo General del INE el que resuelve al respecto.
La falta de imparcialidad de Patricia Avendaño también se ha hecho evidente en su actitud pública, como cuando el pasado 5 de diciembre su guarura agredió a Blanca Fernández, secretaria de Igualdad de Género y Agendas de Derechos Humanos, quien se le acercó de manera pacífica cuando salía del Congreso de la CDMX.
El más reciente resolutivo del IECM para favorecer a Lobo Román ocurrió, extrañamente, dos días después de que el hijo de éste fue bajado de su curul, evidencia de que Avendaño y sus consejeros traen agenda personal, con lo que incurren en “actos que atenten contra la independencia e imparcialidad”. Es probable que en los próximos días se presente ante el INE esa petición para destituir a consejeros locales. Lo veremos.
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