Escribo este artículo a unos días de que la Presidenta Claudia Sheinbaum haga la entrega formal al Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. No obstante, el pasado 25 de febrero, en su conferencia mañanera, la titular del Ejecutivo anunció su presentación y trazó los principales ejes de esta necesaria reforma.
La propuesta fortalecerá la legitimidad democrática, racionalizará el gasto en este rubro y actualizará las reglas de la configuración constitucional y legal del poder político derivado de la voluntad popular.
Muy sensible al reclamo social, en la iniciativa destaca la reducción de hasta un 25% del costo total de las elecciones, adelgaza las estructuras de la burocracia electoral, disminuye el financiamiento público a los partidos y, por otra parte, robustece la participación ciudadana con herramientas de democracia directa y participativa.
La propuesta, además, pretende transformar el sistema de representación proporcional: elimina las listas cerradas de diputaciones y senadurías plurinominales para que los cargos se definan mediante mecanismos más directos, con mayor vínculo territorial. Incorpora espacios de representación para mexicanas y mexicanos en el exterior.
De esta manera, el Senado se integraría por 96 escaños en lugar de 128, siendo 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría, lo cual, en principio, restaura la naturaleza de la Cámara Alta como expresión del pacto federal con una representación paritaria en idéntico número de senadores por cada estado: dos para la primera mayoría y uno para la primera minoría; desaparece la lista plurinominal que indebidamente incluía a los partidos en un espacio republicano donde sólo deben estar representadas las entidades federativas como partes integrantes de la federación.
La iniciativa presidencial no surge de una decisión aislada, sino de los reclamos y demandas sociales del pueblo de México que, en su conjunto, ha rechazado el multimillonario gasto electoral y los desmedidos privilegios de una casta dorada, además, de la inconformidad en contra de representantes populares que ni siquiera se dignaban a acercarse con la gente y ganar la voluntad popular en campañas electorales.
Es de conocimiento público que la Presidenta designó una comisión para la reforma electoral que realizó 63 audiencias públicas en 31 estados, siete en Estados Unidos, 24 en la Ciudad de México y una audiencia migrante. Se expresaron voces plurales: especialistas, autoridades, organizaciones y ciudadanía. Este ejercicio abierto a la sociedad refuerza la legitimidad democrática de este proceso.
De esta manera, la iniciativa responde a la demanda social y al ofrecimiento que, sobre este asunto, hizo durante su campaña la hoy Presidenta de México. Es inaceptable el costo de un sistema electoral que, en un año de elecciones, cuesta más de 61 mil millones de pesos, cantidad que supera el presupuesto de algunos estados y también es superior al presupuesto de la UNAM.
Es falso que la reforma debilite la democracia, por el contrario, fortalecerá la participación ciudadana. Es falso que se modifique el sistema electoral, sólo se rediseña para hacerlo menos costoso. También es falso que desaparecerá la representación de las minorías políticas: éstas seguirán existiendo, pero deberán ganarse las votos en el territorio y planteando sus propuestas y sus trayectorias de cara a la ciudadanía.
Nuestro sistema democrático no está escrito en piedra, evoluciona y se transforma para ser más eficaz, más representativo, más incluyente, que empodere más al pueblo y cumpla todas sus funciones sin desangrar las finanzas públicas, que son dinero del pueblo y que deben emplearse para satisfacer las necesidades de la gente.
Corresponderá ahora a los actores parlamentarios y a las fuerzas políticas asumir su responsabilidad frente a esta histórica iniciativa. Estoy convencida que las y los legisladores de MORENA, tanto federales como locales, respaldaremos con toda nuestra energía y convicción la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum porque le está cumpliendo al pueblo de México en esta muy sentida demanda.
Las demás fuerzas políticas, incluidos los partidos aliados, tendrán que hacerse cargo de la decisión que tomen y dar cuentas a la ciudadanía sobre este momento crucial que hoy vive la República.
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