La presidenta de la República Claudia Scheibaun Pardo (CSP) desde principios de este mes inicio una campaña muy agresiva y populista, desde La Mañanera, medios masivos de comunicación y en redes sociales, en contra de pensiones estratosféricas, desproporcionadas y asimétricas, que denominaron “doradas”, generando una percepción social negativa, estigmatizando a los pensionados y jubilados, sin distinguir entre las ilegales o discrecionales, de las obtenidas legítimamente mediante Condiciones Generales de Trabajo o Contratos Colectivos de Trabajo.
La titular del Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores (12-03-2026) un proyecto de iniciativa de reformas constitucionales al Artículo 127 Constitucional, para limitar las pensiones y jubilaciones, con base en la Ley de Remuneraciones, de Austeridad Republicana y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), bajo el argumento que se destinan muchos recursos a estos rubros y en el largo plazo limitan el desarrollo institucional, así como poner orden en las percepciones, para que ningún funcionario público gane más del sueldo de la titular de Ejecutivo Federal y para los jubilados y pensionados, de manera arbitraria y sin fundamento, el 50% de lo que gana actualmente la presidenta CSP.
Aunque los senadores de la oposición señalaron que la iniciativa no contaba con ningún diagnóstico, análisis e impacto que causarían, tampoco consultaron a especialistas, sindicatos o a los posibles afectados señalaron enfáticamente que se violaban los artículos de la Constitución 123 (seguridad jurídica), el 14 (No a la retroactividad) y el 1 (progresividad de las leyes), así como los tratados internacionales firmados por México (derechos humanos y laborales); se paso al Pleno y fue aprobada por mayoría calificada.
AVANZA EL PROCESO LEGISLATIVO
El día 24-03-2026 fue analizada y aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de diputados, sin la presencia de legisladores del PT, que plantearon que presentarían una reserva en el Pleno, pero en el proceso de discusión los diputados de PAN, PRI y MC abandonaron la sesión porque habían planteado que ahí se plantearan las reservas y solicitaron una sesión permanente para analizar lo que expusieron cinco representantes de pensionados de la CFE, Pemex y Nafin, externando su preocupación por la aplicación retroactiva, así como, la desaparición de derechos adquiridos de los trabajadores servidores públicos.
Ayer (25-03-2026) se presentó en el Pleno de San Lázaro la reforma al Artículo 127 Constitucional, que después de un largo debate de posiciones partidarias con la participación de 18 diputados del todos los signos políticos: Morena, PVEM, PT, PAN, PRI y MC; después se pasó a que 6 legisladores, expusieran posiciones en pro o en contra, para pasar a las discusiones en lo general de la citada reforma; se aprobó en lo general la reforma al Artículo 127 Constitucional (13.00 horas) por unanimidad de votos de los 458 diputados presentes, mayoría constitucional.
Después se procedió al proceso de presentar reservas, donde participaron 88 legisladores, presentando reservas, fundamentalmente en contra de la retroactividad, el respeto a los derechos adquiridos, sobre el salario del titular del Ejecutivo Federal, para que se aplique el salario anual bruto, del PEF, proteger las pensiones o jubilaciones que sean legales con 25, 30 o 40 años de servicios y aquellas que provienen de fondos contributivos o aquellos que no afectan el PEF, entre las más relevantes; que todas fueron desechadas en votación económica.
La reforma al Artículo 127 Constitucional, para limitar las pensiones y jubilaciones de entidades públicas, fue votada en lo particular, con la mayoría de los diputados presentes, que representan la mayoría constitucional, quedando aprobada; por lo que será enviada a los Congresos Estatales, que de ser aprobada por 17 de ellos, quedará siendo válida Constitucionalmente, en espera de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la presidenta CSP.
Quedan en una especie de limbo legal, la aplicación de los transitorios y en su caso, la elaboración de leyes secundarias, que propongan los tiempos, procedimientos, un camino legal para su instrumentación de la reforma constitucional, parámetros claros, como es el monto preciso del sueldo de la presidenta CSP.
IMPULSAN SIGILOSAMENTE LA RETROACTIVIDAD
Resultó muy exitosa la campaña mediática de la presidenta CSP contra las pensiones “doradas” que sustentó su iniciativa de reforma al artículo 127 Constitucional, donde se limitan las pensiones y jubilaciones de entidades públicas, fue aprobada por unanimidad, donde todos los legisladores estuvieron de acuerdo con eliminar las ilegales, desproporcionadas, discrecionales y los de oposición (PRI, PAN y MC) propusieron reservas, es decir cambios a la reforma, que pone en crisis la Constitución. Los cambios propuestos se resumen en:
- Respeto a los artículos constitucionales 1 >para garantizar la progresividad de la ley<, el 14 >contra la aplicación retroactiva de la ley, en perjuicio de persona alguna< y el 123 >sobre la seguridad jurídica<
- Que se debe fijar el 50% del salario de la presidenta CSP, cuando en el PEF, hay cuatro datos: 1.- Remuneración ordinaria mensual, liquida neta es de $134, 290.00 mensuales, que daría una pensión de $67, 145.00 mensuales. 2.- Pensión ordinaria bruta, liquida mensual $193, 706.00, que daría una pensión de $96 000.00. 3.- Remuneración total neta $2, 703,000.00, lo que daría una pensión de $86, 411.00. Y 4.- Pensión bruta anual de $2,882,000.00, lo que daría una pensión de $120, 088.00. Vale la pena destacar, que las pensiones y jubilaciones son brutas.
- Se solicito exceptuar las pensiones contributivas y aquellas que no provengan del PEF, como las de la Banca de Desarrollo.
El tema de las pensiones estigmatizado se puede sentir lejano, pero lo realmente importante a escala nacional e internacional, es que sigilosamente se sentó el precedente de la retroactividad, que en un futuro puede aplicar no solo a lo laboral, sino al ahorro, la propiedad privada, los contratos, concesiones, inversiones, Ong’s, etcétera.
EN RIESGO EL ESTADO DE DERECHO
Los colegios y barras de abogados, investigadores, constitucionalistas, entre muchos otros, advirtieron sobre los peligros de la retroactividad en pensiones y jubilaciones, borran los derechos adquiridos, así como principios básicos de progresividad; que afectan la confianza en el país, en las inversiones y en las relaciones comerciales, como en el TMEC.
A partir de esta reforma al 127 Constitucional, el Estado de Derecho está en riesgo, con una pérdida en la confianza nacional e institucional, no hay certeza en ningún espacio, sector o actividad.
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