En las últimas semanas, las calles de la Ciudad de México se han cubierto de lonas moradas que invitan a la ciudadanía a participar en la consulta sobre la ley del sistema de cuidados de la capital. Ello se debe a que actualmente está en elaboración el ordenamiento que articulará este sistema que garantizará el derecho al cuidado.
Las tareas de cuidado son actividades con las que nos relacionamos cotidianamente, pues son indispensables para nuestra vida. Aunque muchas veces no las identificamos como tal, aquellas labores necesarias para que nos alimentemos, tengamos ropa limpia y vivamos en un espacio aseado y saludable, son cuidados con los que nos relacionamos diariamente. La supervivencia de las personas durante la infancia, la vejez y al vivir con alguna discapacidad, en muchos sentidos depende de las labores de cuidado realizadas, sobre todo, por sus familias.
Los cuidados son indispensables para la vida de las personas y de la sociedad. Es por ello que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoció el derecho al cuidado desde 2017. Asimismo, hace unos meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció al cuidado como un derecho autónomo indispensable para el bienestar y la dignidad humana.
Por su parte, el actual Gobierno de la Ciudad ha puesto en marcha el Sistema Público de Cuidados como una respuesta integral para garantizar los derechos de las personas cuidadoras y de quienes requieren cuidados. Este sistema está orientado por tres objetivos, a los que el Ejecutivo local se refiere como las “3R”: redistribuir, reconocer y reducir.
El objetivo de redistribuir está basado en el hecho de que la mayoría de los cuidados están soportados en una carga desproporcionada que recae sobre las familias, principalmente en las mujeres. El propósito del sistema es corresponsabilizar al Estado y la sociedad respecto a las tareas de cuidado, así como distribuir la carga de manera más equitativa entre los géneros.
Sobre el reconocimiento del cuidado, es importante señalar que las labores de cuidado, además de ser indispensables para la vida individual y colectiva, aportan un importante valor económico a la sociedad; sin embargo, como muchas veces no se paga a las personas que las realizan, no se reconoce su aporte.
En ese contexto, el cuidado debe ser reconocido y garantizado como un derecho humano que comprende un conjunto de acciones necesarias para preservar la dignidad y el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente.
Respecto al objetivo de reducir, cabe señalar que está estrechamente relacionado con el de redistribuir y consiste en aminorar las cargas de las familias mediante infraestructura social que favorezca la realización de estas tareas, como es el caso de las lavanderías comunitarias, los comedores populares, las casas de día, los centros de cuidado infantil, etcétera.
Es de reconocer que el actual Gobierno de la Ciudad ha tomado cartas respecto a la garantía del derecho al cuidado y ha enviado dos iniciativas al Congreso de la capital en esta materia para impulsar la legislación que articule el Sistema Público de Cuidados.
La primera de ellas es una iniciativa de reforma constitucional que tiene el propósito de ampliar los elementos que contempla este derecho. Dicha propuesta debería ser dictaminada en estos días; sin embargo, la presidencia de la Comisión dictaminadora –que encabeza el PAN–, de manera inexplicable, ha retrasado la presentación del dictamen para su discusión y eventual aprobación en esta comisión
La otra iniciativa de la Jefa de Gobierno es la referente a la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, misma que está siendo consultada mediante un proceso abierto a la ciudadanía. Actualmente nos encontramos en la etapa deliberativa de este proceso, el cual consiste en mesas de diálogo con grupos de atención y posteriormente se realizarán foros en todas las alcaldías sobre este tema.
En el Congreso de la Ciudad estamos atentos y trabajando para impulsar los consensos sociales necesarios para crear el sistema de cuidados como una responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad, la sociedad civil, el sector privado y el Estado para garantizar la dignidad humana, la igualdad sustantiva y la justicia social. Este será el sello de identidad a la actual administración de la capital.
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