La muerte, ese último territorio que el Estado moderno ha pretendido administrar sin comprender del todo, vuelve a colocarse en el centro del debate público mexicano. La llamada Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez, no es simplemente una iniciativa legislativa: es un espejo incómodo que obliga a la sociedad y al poder político a confrontar sus propias contradicciones. Hablar de eutanasia y muerte asistida no es hablar de la muerte, sino de la vida, de sus límites, de su dignidad y, sobre todo, del derecho a decidir cuándo el sufrimiento deja de ser tolerable.
Durante décadas, el sistema jurídico mexicano ha evitado este debate. La omisión ha sido la política pública más consistente en la materia. Se permitió, con avances parciales, la figura de la voluntad anticipada en al menos 15 entidades federativas, pero se mantuvo una frontera clara: el Estado tolera que el paciente rechace tratamientos, pero prohíbe que solicite activamente poner fin a su vida. Esa línea, aparentemente técnica, es en realidad profundamente ideológica. Es la diferencia entre permitir morir y ayudar a morir. Y es ahí donde la Ley Trasciende rompe el consenso cómodo de la inacción.
El origen de esta iniciativa no es menor. No surge de un escritorio legislativo ni de un cálculo político, sino del testimonio vivo de quien enfrenta una enfermedad crónico-degenerativa. Samara Martínez no plantea un dilema abstracto: lo encarna. Su propuesta interpela directamente a un Estado que, por un lado, es incapaz de garantizar condiciones dignas de vida para miles de pacientes, pero que, por otro, pretende monopolizar la decisión sobre su muerte. La pregunta es inevitable: ¿con qué legitimidad el Estado prohíbe una salida digna cuando no puede asegurar una vida digna?
Los defensores de la Ley Trasciende colocan el eje en la autonomía individual. Argumentan, con razón, que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo no puede detenerse en el umbral de la muerte. Si una persona, en pleno uso de sus facultades mentales, decide que su vida ha alcanzado un punto de sufrimiento irreversible, ¿por qué el Estado debe obligarla a continuar? Bajo esta lógica, la iniciativa no promueve la muerte, sino la libertad. Y en un país donde históricamente el Estado ha sido intrusivo en la vida privada, esta reivindicación adquiere un peso particular.
Sin embargo, la otra cara del debate no puede ser desestimada con ligereza. Los críticos advierten que en un país profundamente desigual como México, la eutanasia podría convertirse en una trampa. No porque las personas quieran morir, sino porque el sistema no les ofrece alternativas para vivir sin dolor. La cifra es contundente: apenas 26 de cada 100 pacientes terminales reciben cuidados paliativos adecuados. En este contexto, legalizar la muerte asistida sin fortalecer previamente la infraestructura de salud podría equivaler a institucionalizar el abandono. No sería una elección libre, sino una decisión condicionada por la precariedad.
Este punto es el talón de Aquiles de la iniciativa. La Ley Trasciende propone mecanismos rigurosos: voluntad expresa ante notario, diagnósticos coincidentes, periodos de reflexión, objeción de conciencia. En el papel, el diseño normativo busca blindar el proceso contra abusos. Pero la realidad mexicana suele desbordar los marcos legales. La pregunta no es si la ley está bien diseñada, sino si el Estado tiene la capacidad para implementarla sin distorsiones. Y la respuesta, al menos hoy, es incierta.
El debate también ha reactivado una tensión histórica: la relación entre el Estado laico y las convicciones religiosas. La postura de la Iglesia Católica —“hay que acabar con el dolor, no con el doliente”— sintetiza una visión que privilegia el valor intrínseco de la vida, independientemente de las condiciones en que se encuentre. Esta perspectiva no es irrelevante en un país donde la religiosidad sigue siendo un componente central de la vida social. Pero el problema surge cuando esa visión pretende traducirse en política pública obligatoria. En un Estado laico, la ley no puede imponer una moral particular sobre la totalidad de la ciudadanía.
No obstante, tampoco se trata de ignorar la dimensión ética del problema. La eutanasia no es un procedimiento médico más; es una decisión que redefine la relación entre el médico, el paciente y el Estado. Despenalizarla implica transformar el papel del profesional de la salud, que pasaría de preservar la vida a facilitar su término en determinadas circunstancias. La objeción de conciencia, contemplada en la iniciativa, intenta equilibrar esta tensión, pero abre otro dilema: ¿cómo garantizar el acceso efectivo al derecho si un número significativo de médicos decide no participar?
Mientras este debate se desarrolla, la iniciativa permanece congelada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Más de 144 mil firmas respaldan su discusión, pero el consenso político no llega. No es casualidad. La Ley Trasciende incomoda porque no se alinea con las lógicas tradicionales de la política mexicana. No ofrece rentabilidad electoral clara, no moviliza clientelas, no se traduce en obras visibles. Es, en esencia, una discusión sobre derechos individuales en su forma más cruda. Y ese tipo de debates suelen ser postergados en sistemas políticos que privilegian la estabilidad sobre la confrontación de temas complejos.
Pero el costo de la postergación no es neutro. Cada día que la iniciativa permanece en pausa, miles de personas enfrentan el final de su vida en condiciones que difícilmente pueden calificarse como dignas. El marco legal actual permite la ortotanasia, pero deja en un limbo a quienes no encuentran alivio en esa figura. La diferencia entre dejar morir y ayudar a morir puede ser, para muchos, la diferencia entre una despedida en paz y una agonía prolongada.
El punto de fondo es que México no ha construido una política integral sobre el final de la vida. La discusión se ha fragmentado entre avances parciales y prohibiciones absolutas. La Ley Trasciende, con todas sus limitaciones, tiene el mérito de obligar a articular esa política. No basta con decidir si se legaliza o no la eutanasia. Es necesario preguntarse qué tipo de sistema de salud se quiere construir, qué papel debe jugar el Estado en las decisiones más íntimas de las personas y cómo se garantiza que la libertad no sea un privilegio de quienes tienen recursos.
Quizá el error más grande sería reducir el debate a una dicotomía simplista entre estar a favor o en contra. La realidad es más compleja. Es posible defender el derecho a una muerte digna y, al mismo tiempo, exigir un fortalecimiento radical de los cuidados paliativos. Es posible reconocer la autonomía del paciente sin ignorar las condiciones estructurales que pueden influir en su decisión. Es posible, en suma, construir una legislación que no obligue a elegir entre la libertad y la protección.
La Ley Trasciende no es perfecta. Ninguna ley que aborde un tema de esta magnitud lo será. Pero su mayor virtud es haber colocado sobre la mesa una discusión que México ya no puede seguir evitando. El desafío es simplemente aprobar o rechazar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de legislar sobre la vida y la muerte con la seriedad que el tema exige.
Al final, la pregunta no es si el Estado debe permitir la muerte asistida, sino si está dispuesto a reconocer que la dignidad humana no termina donde comienza el sufrimiento. En esa frontera, donde la medicina ya no cura y el dolor se vuelve permanente, la política tiene la obligación de escuchar, no de imponer. Porque legislar sobre la muerte, en realidad, es legislar sobre la forma en que decidimos vivir hasta el último instante.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
*@onelortiz
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