El lenguaje del poder, siempre proclive a la prestidigitación, ha decidido en este abril de 2026 adelantarse a la realidad mediante una pirueta sefuentes “no convencionales que habría fascinado al escritor George Orwell.
En su libro, 1984, Orwell advirtió que el control totalitario no se limitaba a las leyes, sino que colonizaba el pensamiento a través del lenguaje; hoy, esa “neolengua” encuentra su versión en el ámbito extractivo.
El fracking —técnica que fractura las entrañas de la tierra— ha sido rebautizado por la burocracia de Pemex como “estimulación de pozos no convencionales”.
Asistimos a una operación política de primer orden: nombrar distinto para gobernar como siempre, como si el cambio de denominación pudiera disolver la sustancia del problema.
Sin embargo, la geología permanece inmune a la propaganda.
México enfrenta una crisis profunda: cerca del 60% de sus cuerpos de agua presenta algún grado de contaminación y 157 de sus 653 acuíferos están sobreexplotados.
Es en este contexto, que el gobierno federal invoca la soberanía energética como tabla de salvación frente a la dependencia.
Las cifras de la Secretaría de Energía resultan elocuentes: México importa aproximadamente el 75% del gas natural que consume.
La Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos subraya el carácter estructural de esta vulnerabilidad, dado que cerca del 80% del suministro proviene de Texas.
Pero la cuestión de fondo no es técnica, sino ética: ¿se busca realmente la soberanía o se incurre en una forma de ceguera voluntaria? El interrogante no radica en cuánto gas puede extraerse del subsuelo, sino en bajo qué lógica se pretende hacerlo.
El fracking impone, un tributo hídrico que desafía toda racionalidad: entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo.
En el norte del país, particularmente en la Cuenca de Burgos, el World Resources Institute advierte que el estrés hídrico alcanza niveles “extremadamente altos”.
Más del 80% del agua renovable disponible ya está comprometida.
¿Cómo justificar, desde cualquier lógica coherente, la asignación de recursos hídricos vitales a la fractura hidráulica mientras comunidades enteras enfrentan escasez? No se trata de una decisión técnica, sino de una redistribución política de la vida en favor de una industria intrínsecamente finita y depredadora.
Desde la perspectiva de la Tasa de Retorno Energético (TRE), concepto desarrollado por Charles A. S. Hall, el panorama resulta igualmente inquietante.
Cuando la energía obtenida apenas supera a la invertida —con rendimientos que descienden a proporciones cercanas a 5 a 1—, ya no puede hablarse de progreso, sino de un desgaste administrado.
¿Dónde queda la racionalidad del Estado si, para sostener el consumo presente, se comprometen los recursos esenciales del futuro?
La geofísica, por su parte, ofrece una advertencia contundente.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ha documentado cómo la inyección de fluidos residuales ha alterado el equilibrio tectónico en regiones previamente estables como Oklahoma, donde la actividad sísmica se incrementó de forma exponencial.
Modificar el subsuelo no constituye una externalidad menor, sino una perturbación profunda del orden natural que inevitablemente genera consecuencias.
En un país como México, atravesado por fallas geológicas activas, optar por el fracking equivale a un desafío innecesario a fuerzas que ya de por sí son impredecibles.
En el ámbito institucional, el país parece encaminarse hacia lo que el Natural Resource Governance Institute ha denominado la “maldición de los recursos”: la tendencia a privilegiar beneficios inmediatos en detrimento de la sostenibilidad a largo plazo.
Se insiste en la posibilidad de un “fracking sustentable”, pero la sustentabilidad no se proclama; se demuestra mediante la preservación efectiva de los equilibrios vitales.
Lo que hoy se presenta como autosuficiencia podría convertirse, en realidad, en una forma de autodecepción institucionalizada.
Al elevar el gas de esquisto a la categoría de salvación nacional, la decisión en ciernes no solo ignora la fragilidad ecológica, sino que trastoca la jerarquía de las necesidades humanas.
¿Qué clase de soberanía puede reivindicar un país que garantiza energía para sus industrias mientras compromete el acceso al agua de sus ciudadanos? La respuesta resulta incómoda: una soberanía de apariencia, funcional para los indicadores macroeconómicos, pero devastadora para el tejido social de las regiones sacrificadas.
La insistencia en el fracking revela, en última instancia, una fe acrítica en el extractivismo del siglo XX aplicada a un siglo XXI que ya no admite errores de tal magnitud.
Nos enfrentamos a una forma de canibalismo territorial: para sostener el consumo presente, se devoran los recursos que deberían garantizar la vida futura.
Lejos de constituir un puente hacia la soberanía, esta política energética representa un retorno al dogma del recurso infinito en un planeta regido por límites de la naturaleza ineludibles.
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